Una nueva propuesta de ley del Tony Blair Institute for Global Change convertiría al Gobierno británico en el árbitro de qué discursos se aceptan, en especial los de carácter político. Esa decisión, extraordinaria y radicalmente autoritaria, convertiría la libertad de expresión en un espejismo en Reino Unido. (Fuente de la imagen: iStock)

Por Judith Bergman.- El Tony Blair Institute for Global Change ha hecho público un informe, Designating Hate: New Policy Responses to Stop Hate Crime (Designación del odio: nuevas políticas públicas para acabar con los delitos de odio), que recomienda iniciativas radicales para abordar a los grupos “de odio”, aunque no hayan cometido ningún tipo de actividad violenta.

El problema, tal como lo define el think tank, es “el carácter peligroso de los grupos de odio, como las organizaciones de extrema derecha Britain First y Generation Identity. Pero las leyes vigentes son incapaces de frenar a las organizaciones que, aunque propagan el odio y la división, no abogan por la violencia”. El think tank define lo que considera uno de los principales problemas con los delitos de odio de la siguiente manera:

“Un aumento constante en los delitos de odio, impulsado por los repuntes alrededor de grandes sucesos. A menudo esto comienza en internet. En 2017, en torno los atentados cometidos en Reino Unido, los incidentes de odio en internet aumentaron casi un 1.000%, desde los 4.000 hasta más de 37.500 diarios. En las 48 horas posteriores a un suceso, el odio empezó a fluir offline”.

En concreto, el informe calificaba de problemático el auge en internet de los “incidentes de odio” después de tres atentados islámicos en Reino Unido en 2017 —los atropellamientos en Westminster y el ataque con cuchillo en marzo de Jalid Masud, que asesinó a varios peatones y a un agente de policía; el atentado en el estadio de Manchester, al final de un concierto de Ariana Grande, donde Salman Abedi mató a 22 personas, la más joven de 8 años, e hirió a más de 200; y los atropellamientos en el Puente de Londres en junio, donde Rachid Reduane, Juram But y Yusef Zagba embistieron con una furgoneta contra los peatones y después procedieron a apuñalar a la gente en el cercano Borough Market. Ocho personas fueron asesinadas en ese ataque.

Es inquietante que la principal preocupación del think tank de Blair sea al parecer el “odio” verbal expresado por los ciudadanos en respuesta a los atentados, y no la expresión física del odio manifestada por los terroristas al asesinar en serie a personas inocentes. Los atentados, por lo visto, son lo normal ahora, incidentes inevitables que se han convertido en parte integrante de la vida en Reino Unido.

Dice el informe:

“Los grupos —en especial los grupos de extrema derecha, cada vez más integrados en la corriente general—, propagan el odio con relativa impunidad por: una falta de coordinación en las respuestas al extremismo no violento; el repunte de los incidentes de odio en torno a grandes sucesos, lo que deja expuestas a las comunidades; y los vacíos legales que hacen que los responsables de odio religioso sean rara vez llevados a juicio”.

El problema, según el informe, es que “las leyes vigentes son incapaces de frenar a las organizaciones que, aunque propagan el odio y la división, no abogan por la violencia”.

Una de las soluciones que sugiere el think tank para este problema es:

“Crear una nueva ley para designar a los “grupos de odio”. Este nuevo nivel de designación de grupos de odio sería el primero de su tipo en Europa, y ayudaría a lidiar con los grupos extremistas no violentos que demonizan a colectivos específicos por su raza, su religión, su sexo, su nacionalidad o sexualidad… La competencia para designar, como todos los poderes de proscripción, estaría bajo el mandato del Departamento de Interior y requeriría la aprobación ministerial”.

El informe define grupo de odio como:

“[Aquellos que] propagan la intolerancia y la antipatía hacia personas de diferente raza, religión, sexo o nacionalidad, en concreto por esas características; se alinean con ideologías extremistas (…) aunque no incitan a la violencia; cometen delitos de odio o inspiran a otros a cometerlos mediante el discurso del odio; culpan de manera desproporcionada a colectivos específicos (por su religión, raza, sexo o nacionalidad) de problemas sociales generales”.

Le correspondería al Gobierno definir qué se entiende por “propagar la intolerancia” o “culpar a colectivos específicos de problemas sociales generales”.

La designación como “grupo de odio” —se subraya en el informe— iría de la mano de la proscripción, pero no se vincularía con la violencia o el terrorismo, mientras que los delitos relacionados serían de carácter civil, no penal”.

A diferencia de los grupos proscritos que son vetados por actos criminales, como la violencia o el terrorismo, la designación de “grupo de odio” sería principalmente enjuiciar delitos de pensamiento.

Las organizaciones que el think tank de Blair cita como principales ejemplos de los que se designarían como grupos de odio son Britain First y Generation Identity. Ambos son de carácter político. Britain First también aspira a convertirse en partido político con ambiciones parlamentarias. Si las propuestas del informe se convirtieran en ley y se designara a estos movimientos como “grupos de odio”, no se les permitiría usar medios de comunicación o hablar en las universidades”.

Tampoco se les permitiría “participar o trabajar con o para instituciones públicas”.

Sin embargo, el informe trata de tranquilizarnos: “la designación como grupo de odio sería limitada en el tiempo y revisada automáticamente, condicionada por una reforma visible de la organización”.

Aunque el informe seguiría permitiendo a las organizaciones designadas como “grupos de odio” “reunirse, brindar apoyo o hacer campañas”, dicha ley significaría que el discurso político de las organizaciones designadas quedaría sin efecto. El Convenio Europeo de Derechos Humanos y la jurisprudencia sobre el convenio del Tribunal Europeo de Derechos Humanos otorgan especial importancia al discurso político, que goza de particular protección, pues es fundamental para el funcionamiento básico de una sociedad democrática. En su jurisprudencia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha declarado[1] que el convenio

… protege no sólo la información o las ideas que se consideran inofensivas, también aquellas que ofenden, conmocionan o perturban, como requiere el pluralismo, la tolerancia y la apertura de mente sin los cuales no puede haber una sociedad democrática. También se protegen las opiniones expresadas en un lenguaje fuerte o exagerado.

Y aún más importante, según la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos,

… el alcance de la protección depende del contexto y el objetivo de la crítica. En los asuntos de controversia o interés públicos, durante un debate político, en campañas electorales (…) cabe esperar palabras fuertes y críticas duras, y serán toleradas en mayor medida por el Tribunal. [énfasis añadido]”

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por lo tanto, podría considerar problemáticos algunos aspectos de la propuesta de ley precisamente por su preocupación por la libertad de expresión y los valores democráticos básicos.

Sin embargo, los valores democráticos parecen ser la última preocupación del think tank. La propuesta de ley convertiría al Gobierno británico en el árbitro de qué discursos se aceptan, en especial los de carácter político. Esa decisión, extraordinaria y radicalmente autoritaria, convertiría la libertad de expresión en un espejismo en Reino Unido. El Departamento de Interior podría acusar a cualquier organización que considerara políticamente inconveniente de “propagar la intolerancia” o “alinearse con ideologías extremistas”, y designarla como “grupo de odio”.

Haría que los antiguos soviéticos se sintieran orgullosos.

[1] Monica Macovei: A guide to the implementation of Article 10 of the European Convention on Human Rights, p. 16 (Human Rights Handbooks, nº 2, 2004).

Fuente: Gatestone