El máximo responsable de la Policía Nacional en Cataluña durante el 1-O ha asegurado este jueves ante el tribunal del «procés» que en los centros de votación había «una serie de individuos cuya agresividad era de una alta virulencia». «No eran cualquiera los que estaban allí, esto estaba perfectamente organizado».

Sebastián Trapote, testigo en la décimocuarta sesión del juicio contra los líderes independentistas, ha señalado que él nunca conoció el plan de actuación de los Mossos, aunque «había indicios» de lo que iba a suceder la jornada de referéndum. Fue esa misma mañana cuando se percataron de la «inacción» de la Policía autonómica: «dos o tres mossos por colegio era una utopía», ha sostenido. Y ni siquiera esos dos agentes ayudaron a la Policía Nacional en sus intervenciones, ha dicho.

En la misma línea de lo declarado por el coordinador del operativo policial del 1-O, Diego Pérez de los Cobos, el ex jefe superior de la Policía ha relatado ante la Sala las dificultades con las que se encontraron los agentes cuando llegaron a los centros para cumplir el mandato judicial. Ha hablado de «virulencia, agresividad y cadenas humanas» para impedir el acceso a los centros y la retirada de las urnas.

«¿Cómo vamos a mediar? Allí no hay nadie que quisiera mediar. Nos estaban osbtaculizando, agrediendo, poniendo problemas para cumplir la orden judicial», ha respondido a uno de las defensas.

La desconfianza en los mandos de los Mossos (o la magnitud de lo esperado el 1-O) había empezado mucho antes de la jornada del referéndum ilegal. Prueba de ello son las instrucciones impartidas por la Fiscalía Superior de Cataluña a partir del 12 de septiembre, cinco días después de la aprobación de las leyes de la ruptura (6 y 7 de septiembre) en el Parlament. Fue en una de esas reuniones en las que el fiscal superior, el fallecido José María Romero de Tejada, emplazó a los cuerpos a que elaboraran un plan de actuación.

Siempre se contempló que actuarían los Mossos al ser suyas las competencias en materia de seguridad, y lo que se preveía era que fueran «auxiliados» por agentes de los otros dos cuerpos (Policía Nacional y Guardia Civil) si así se requería. Aun así, días después ya se pidió a cada responsable policial que elaborara su propio plan de actuación. El de la Policía Nacional combinaba agentes de la brigada de información y de la Policía judicial con unidades de intervención policial uniformadas, ha apuntado Trapote.

El exmando policial, hoy jubilado, ha cifrado en 65 el número de agentes de la Policía Nacional heridos en las intervenciones: 24 en Barcelona, 20 en Lérida, 7 en Gerona, 7 en Tarragona, 6 en Sabadell y uno en Hospitalet. En uno de los colegios, situado en el barrio de Horta, el grado de «virulencia» que se encontraroon fue tal que directamente tuvieron que abortar la operación para «evitar consecuencias mayores», tanto para los ciudadanos como para los agentes.

Plan B

El teniente general de la Guardia Civil Ángel Gozalo, el jefe del dispositivo de la Benemérita en el 1 de octubre, ha respaldado las explicaciones de Trapote y de Pérez de los Cobos, conformando un relato coherente de los mandos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado aquella jornada. Ha denunciado la «pasividad» de los Mossos d’Esquadra en el 1-O, lo que les llevó a poner en marcha en plan B, una actuación autonóma, en lugar de apoyo al cuerpo autonómico.

El responsable de la Guardia Civil ha señalado las reticencias del major Trapero a la coordinación de Pérez de los Cobos y ha asegurado que lo sucedido el 20 de septiembre en la Consejería de Economía aumentó las «sombras de duda» sobre el rol de los Mossos, que se despejaron en las primeras horas del 1-O.

El responsable de la Benemérita en Cataluña en el otoño caliente de 2017 ha cifrado en 71 las intervenciones de la Guardia Civil aquella jornada. Ha asegurado que de todas ellas, solo 20 fueron más o menos tranquilas, mientras que en 14 tuvieron que «echarse atrás» ante la fuerte resistencia encontrada para evitar males mayores. Ha aludido así a una «oposición violenta y manifiesta».

«Se le tenía ganas a la Guardia Civil por su labor de policía judicial, un protagonismo muy considerable» en las investigaciones contra la preparación del referéndum, ha llegado a denunciar Gozalo. El testigo ha alegado que hubo 55 agentes con lesiones, de los que cinco causaron baja, y ha narrado una escena en la que patearon a un guardia civil en un colegio de Sant Esteve Sesrovires de Barcelona. Se ha referido a 131 «muestras de desafecto» a la Guardia Civil con concentraciones delante de las casas cuartel en Barcelona, Manresa o Igualada, apoyadas incluso por algunas instituciones.

En la protesta de Igualada, ha explicado, había incluso bomberos uniformados y con coches oficiales.