La versión oficial sobre el 11-m tiene evidentes fallos: pruebas falsas rechazadas pero sin investigar su autoría, ausencia de autor intelectual, confusión sobre el designio del atentado y razón de la fecha elegida, destrucción apresurada de pruebas, equívocos sobre el explosivo utilizado, etc.

Otra dificultad de la versión oficial consiste en la atribución del atentado a un grupo de personajes de confusa entidad política, entre ellos un minero esquizofrénico, y varios confidentes de la policía. Este último dato habría exigido una investigación a fondo, de haber sido ellos los autores reales.

Los defensores de la versión oficial arguyen que es imposible que tantos policías, jueces, fiscales y periodistas interviniesen en la acción y su posterior falsificación. Pero no es preciso tal complicidad masiva. Muy pocas personas pueden haberlo hecho, cooperando otras por ignorancia o conveniencia. Y ciertamente existen jueces, periodistas, policías y fiscales corruptos o dispuestos a corromperse.

Otro argumento a favor de la versión oficial es que, después de tanto tiempo, la verdad habría salido a la luz por un lado u otro, pero ello no es necesariamente así: la versión oficial sobre el 23-f se mantuvo durante muchos años, no hace tanto que empezaron a desvelarse sus entresijos y todavía no son conocidos del todo. Y sigue habiendo gente que cree tal cual la versión antigua.

Los defensores de la versión oficial acusan a quienes la ponen en duda de “conspiranoicos”. Pero lo cierto es que detrás de todo atentado existe una conspiración. Un golpe así no se realiza por unos mindundis que pasaban por allí y a quienes se les ocurre la idea sin un objetivo preciso y en fechas que por casualidad coincidían con el final de un proceso electoral.

Hay atentados impresionantes que sin embargo no tienen consecuencias políticas de relieve. Por ejemplo, el asesinato de Carrero Blanco, contra lo que algunos se empeñan en creer, no alteró la evolución del régimen, que después del Vaticano II no tenía otra opción que evolucionar en el sentido en que lo hizo. El propio Carrero Blanco, como otros muchos dirigentes, estaba pensando en una transición lo más tranquila posible, aunque los criterios no estuvieran del todo claros. Sin embargo, el atentado del 11-m ha tenido repercusiones políticas difíciles de exagerar.

La primera repercusión evidente puede expresarse así: el atentado ayudó significativamente a la victoria electoral del PSOE. O quizá no fue tanto el atentado mismo como su rápida utilización para derivar hacia el PP la responsabilidad de la matanza, dejando a los terroristas en segundo plano y ofreciéndoles una especie de justificación por la anterior intervención española en Irak.

A su vez, la victoria electoral del PSOE trajo consigo otras consecuencias fundamentales: a) Fueron retiradas las tropas españolas que en Irak ayudaban a la reconstrucción del país. El dato es interesante porque las tropas, que no habían participado en la invasión, estaban ayudando a los irakíes contra grupos como los que, según la versión oficial, habían realizado el atentado de Madrid. b) La ETA, que se hallaba al borde del precipicio por la política de Aznar fue rescatada mediante negociaciones clandestinas, ocultas a la opinión pública, premiándose sus crímenes con relegalización, dinero público, presencia internacional, promesa de liberación de sus presos, etc. c) Los separatistas catalanes fueron obsequiados con un práctico reconocimiento de soberanía al parlamento regional y con un nuevo estatuto que nadie pedía entonces y fue votado minoritariamente; pero que dejaba en residual la presencia del estado, como se felicitó el socialista Maragall. d) Fue impuesta, a través de la semisoviética ley de memoria histórica y otras acciones, la condena radical del franquismo, y por tanto, implícitamente, de la transición democrática y la monarquía salidas de él. Con ello se imponía la “ruptura” que izquierdas y separatistas habían intentado en la transición, contra la decisión popular muy mayoritaria del referéndum de diciembre de 1976. Difícilmente un atentado habría podido tener consecuencias políticas de mayor alcance.

Por consiguiente, si bien seguimos sin conocer a los autores reales del atentado, están bien claros sus beneficiarios políticos: PSOE, ETA, separatistas y, más indirectamente, los islamistas. El cui prodest, no es una prueba de autoría, aunque sí un indicio. Sabemos también quiénes han sido los grandes perjudicados: España, la democracia y el estado de derecho. El PP de Rajoy continuó luego la política de Zapatero, hasta llegar a la situación actual, cada vez más peligrosa.