Rule of Law Index (Índice de Estado de Derecho en español), del World Justice Project, WJP (Proyecto de Justicia Mundial en lengua española), es el principal referente acerca de la salud del estado de derecho a escala mundial.

En la edición de 2016 se ha ampliado la cobertura a 113 países y jurisdicciones (102 países en 2015). El estudio está basado en más de 100.000 encuestas realizadas en hogares y también a “expertos”. Para medir el estado de derecho se experimenta en situaciones prácticas y cotidianas en todo el mundo. Para averiguar el grado de “salud” del estado de derecho se estudia también el mayor o menor grado de corrupción en cada país, la sujeción de los diversos gobiernos a las leyes, el grado de transparencia de las diversas administraciones, el respeto a las libertades y derechos fundamentales, el orden y la seguridad, la justicia civil y la justicia penal… así hasta un total de 44 factores.

El Rule of Law Index mide la calidad de los sistemas judiciales y de las instituciones públicas.

Los datos del estudio se obtienen a partir de 1.000 encuestados por país, así como expertos legales, asegurando que los resultados reflejan las situaciones reales de cada nación, incluidos los sectores marginales de la sociedad.

Cada año se publica el Rule of Law Index, una lista que evalúa a los distintos países del mundo dependiendo de la calidad de su sistema judicial y sus instituciones. El objetivo del proyecto es medir en qué lugares del mundo se puede hablar de que existe un Estado de Derecho en el que rige el imperio de la ley y en qué casos estamos ante instituciones débiles, arbitrarias e ineficientes.

El informe mide varios factores. ¿Hay límites efectivos al poder del Ejecutivo? ¿Qué grado de corrupción se observa en las instituciones? ¿Se gestiona con transparencia y desde un criterio de gobierno abierto? ¿Hay respeto por los derechos fundamentales? ¿Estamos ante un país seguro? ¿Se cumplen las leyes aprobadas por el Parlamento? ¿Funciona la Justicia civil? ¿Y la Justicia penal? ¿Qué hay de la mediación y otras fórmulas de resolución informal de disputas contractuales?

El índice coloca en los diez primeros puestos a Dinamarca, Noruega, Finlandia, Suecia, Holanda, Alemania, Austria, Nueva Zelanda, Singapur y Reino Unido.

España, ocupa el puesto, y por delante tenemos a Bélgica, Estonia, Japón, Hong Kong, República Checa, Estados Unidos, Corea del Sur, Uruguay, Francia, Polonia y Portugal. Entre los países que reciben peores notas están Italia y Grecia; y los países en los que el estado de derecho goza de peor salud son Afganistán, Camboya y Venezuela, que ocupan los tres últimos lugares de la lista.

Si restringimos el ranking a los países integrados en la Unión Europea y sus áreas comerciales hermanas, vemos que España queda relegada al segmento medio-bajo de la tabla:

Lo mismo ocurre si nos fijamos en la clasificación según el nivel de riqueza de los países. España entra en el grupo de países ricos y, una vez más, queda relegada a un lugar de poco brillo.

En lo que peor malparados salimos es en lo concerniente a la corrupción (puesto 28), la justicia civil (puesto 29) y la justicia penal (puesto 30), aunque la peor nota es la que obtenemos en orden y seguridad, donde ocupamos el número 36 del índice mundial.

Al leer esta información inevitablemente me viene a la memoria el libro del profesor Alejandro Nieto, ex Presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y que ha ejercido la docencia en las Universidades de La Laguna, Alcalá de Henares, Complutense de Madrid y Autónoma de Barcelona, que lleva por título “El desgobierno judicial”, cuya lectura recomiendo de manera urgente a todos los que les preocupa el actual estado de la Justicia, y que debería ser de lectura obligada en las Facultades Universitarias de Derecho de España.

El libro fue editado en el año 2004, y la descripción que en él se hace -de absoluta actualidad por desgracia- del poder judicial y de la administración de justicia es realmente deprimente, descorazonadora.

En España, en su Administración de Justicia se producen abusos de poder, prevaricaciones dolosas o culposas, encubrimientos corporativos, dilaciones indebidas dolosas, pérdidas de documentos, tráfico corporativo de influencias, tráfico de influencias de grupos de presión (o “lobbies”, como ahora se los nombra…) sutiles amenazas, presiones y coacciones a los justiciables o usuarios de la Administración de Justicia o, también, a los abogados y procuradores para que no firmen determinados asuntos o recursos, etc. etc. llevadas a cabo, por acción u omisión, por jueces, magistrados, fiscales, con la colaboración en muchas ocasiones de abogados, procuradores y demás personal de la oficina judicial.

Permítaseme, que traiga a colación que la Constitución Española de 1978, en su artículo 14, afirma que “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.”

Pues bien, para que se garantice el derecho constitucional a la “Tutela Judicial Efectiva”, es imprescindible la intervención de un juez imparcial. Es absolutamente inadmisible que el juzgador realice su labor a partir de simpatías, o fobias, u odios… o que se deje llevar por deseos tales como el de beneficiar a alguna de las partes, ya sea movido por el miedo (amenaza) o con el ánimo de obtener un beneficio personal (soborno) o por presiones de su entorno (superiores jerárquicos, grupo social, opinión pública, grupos de presión, lobbies, etc.)

Permítanme igualmente mencionar que otro requisito fundamental para que se pueda afirmar que una determinada nación posee un Estado de Derecho, es que las decisiones judiciales sean previsibles. El derecho debe otorgar al ciudadano “seguridad”.

La seguridad jurídica implica que los justiciables puedan saber a qué atenerse cuando acuden a los tribunales. La persona que acude a un juzgado debe de tener el grado máximo de certeza. Es inadmisible que quien acuda a los tribunales lo haga como el que acude a un casino de juego… el ciudadano debe tener posibilidad de anticipar el resultado final del proceso, no puede ser que acuda –como ocurre en la actualidad- con una absoluta incertidumbre… No olvidemos que esta es la clave de que el sistema judicial inspire mayor o menor confianza al ciudadano.

Y, ¿Qué me dicen de la arbitrariedad de las resoluciones judiciales?

Lo arbitrario está reñido con el Estado de derecho, pues el derecho es, justamente por definición, todo lo contrario de la arbitrariedad. Para que el sistema judicial inspire seguridad, es conditio sine qua non la sujeción de los jueces al derecho, a los hechos, a las pruebas, a la jurisprudencia, y, además, a la lógica y a la realidad.

Y como tampoco ignora cualquiera que esté medianamente bien informado, respecto de semejante desbarajuste nadie quiere asumir responsabilidades, nadie tiene culpa de nada, siempre hay disculpas para todo, y quienes tienen capacidad de decidir, acaban diciendo que la culpa del desaguisado es de los otros: “la ley está muy mal hecha, y no puede mejorarse porque la oposición y el gobierno no se ponen de acuerdo, son muchos los jueces que están dominados por la pereza y la ignorancia, el Consejo General del Poder Judicial margina a los juristas competentes,…”

Se suele decir que quienes no tienen intención de solucionar algún problema, buscan pretextos, en lugar de buscar soluciones (algunos crean “observatorios” que pagamos los contribuyentes, y a través de los cuales, sobre todo, ponen mucha atención… aunque no solucionen nada de nada) El actual gobierno del Partido Popular, presidido por Mariano Rajoy, y los anteriores, tanto de José Luis Rodríguez Zapatero, como de Aznar, y todos desde la muerte del General Franco hasta la actualidad, han recurrido a frases como que estaban vigilantes, que les preocupaba seriamente, que estaban alerta, que no bajaban la guardia, y a frases tópicas por el estilo. De las palabras de todo los gobiernos pretéritos solo se puede concluir que tenemos un sistema judicial maravilloso y unos jueces que son el no va más.

Pero la cruda realidad no indica precisamente eso; muy al contrario, la Administración de Justicia es posiblemente el ámbito de la Administración que menos simpatías suscita en la mayoría de los ciudadanos.

Es imprescindible acabar con el “desgobierno judicial” que actualmente sufrimos.

Es hora ya de que los jueces se sujeten al imperio de la ley (y no al revés) que en España se respete escrupulosamente la Constitución, y se acabe con la sensación general de arbitrariedad e inseguridad jurídicas actuales.

Los españoles no nos merecemos la injusta justicia que padecemos, lenta, cara y arbitraria; hay que acabar con la idea que de la judicatura tiene la mayoría de los ciudadanos españoles, la idea de que es una casta privilegiada y que sus miembros gozan de impunidad e inmunidad. Son ya demasiados los años que llevamos oyendo que es imprescindible una profunda reforma del sistema judicial español, demasiados, y a falta de verdadera voluntad de hincarle el diente al asunto, a lo que se viene recurriendo por sistema es a distraer la atención del ciudadano con la manipulación descarada de fenómenos parciales o colaterales, para así evitar que la opinión pública acabe poniendo la vista en las cuestiones de fondo, que son las que no se desean tocar; se recurre a cortinas de humo. Así se suele hacer en los últimos años prometiendo fórmulas milagrosas para acabar, pongo por caso, con la violencia doméstica… El caso es aparentar que se está haciendo algo.

La triste realidad –hasta ahora- es que no hay voluntad de solucionar el problema de la Justicia. Hemos llegado a tal extremo, que ya no caben parches, ni ungüentos. Como dice el profesor Nieto, en su libro “El desgobierno judicial”, es imprescindible recurrir a medidas quirúrgicas.

Si no se adoptan con prontitud tales medidas quirúrgicas, la mayoría de los españoles seguirán reafirmándose en la idea de que los políticos son los primeros interesados en que las actuales perversiones de la justicia sigan existiendo, para que el Poder Judicial no los pueda controlar, y para poder así, seguir controlando la Administración de Justicia desde el Ministerio del ramo.

Tal como señala en su libro el profesor Nieto, la intervención de los políticos en la Administración de Justicia ha sido una constante en la historia de España, en los últimos siglos. El poder político ha manejado a los jueces a su antojo, y ha influido sin pudor en sus resoluciones, ha entregado los juzgados a jueces “afines”, ha creado una red clientelar y los ha premiado por los servicios prestados… Daba igual el régimen político del que se tratara, las constituciones y las leyes siempre eran ignoradas y despreciadas.

Los partidos políticos que se han turnado en el poder desde el final de la dictadura del General Franco, respetan cínicamente la fórmula del Estado de Derecho, al que han ido vaciando de todo contenido, respetan en apariencia las competencias del poder judicial, dominan a los jueces que lo integran y así se aseguran que el poder judicial no perjudique a sus intereses y mucho menos controle sus actuaciones. Cada cierto tiempo “sufrimos” una serie de reformas, que lejos de pretender una auténtica y profunda reforma de la justicia (pese a la retórica vacía de los trovadores, tertulianos y aduladores del régimen) lo único que demuestran es la lucha de los diversos grupos de presión por patrimonializar el poder judicial.

En este panorama, la posición de los jueces (también hay jueces honestos, ¡ojo!) también es desesperanzadora: son conscientes de la manipulación de los políticos, se ven obligados a aplicar normas éticamente intolerables, e incluso se las ven y se las desean para intentar aplicar las normas más o menos buenas, que el ordenamiento legal pone a su alcance.

La realidad, terrible realidad, es que generalmente los jueces no pueden asistir a las pruebas, tampoco tienen tiempo de leer los escritos que presentan las partes en conflicto (tal como la ley les obliga) y se ven incapaces de dictar sentencia en los plazos establecidos, al no disponer del tiempo necesario para redactar sus resoluciones (por lo cual han de encargárselo a funcionarios que no son jueces) De este modo, están negándole a los justiciables el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva -artículo 24 de la Constitución- del cual según la Constitución son los encargados de proteger.

Sí, todo es un paripé, una cínica farsa, que finaliza con la publicación de sentencias “en audiencia pública”, como la Constitución dice, y que en realidad nunca se realiza.

Para poner remedio a todo ello, los políticos deberían renunciar a la utilización partidista de la justicia, y a la judicialización de la política, a lo que por lo que vienen demostrando legislatura tras legislatura, que no están dispuestos.

O nos tomamos en serio la reforma de la Justicia o nunca tendremos una democracia seria. Pues la Administración de Justicia no es sólo cosa de los jueces y de los políticos, es cosa de todos los ciudadanos, y a todos nos concierne. Nadie puede decir que el asunto le traiga al fresco, pues tarde o temprano puede sufrir las consecuencias de esta “justicia injusta” que no nos merecemos.

El Poder Judicial en cuanto a institución constitucional, no existe, es un gran engaño, una falacia, una estafa intolerable (aunque, hay que reconocer que afortunadamente sigue habiendo jueces y fiscales que pese a las coacciones políticas, corporativas e institucionales, tienen la valentía de imponer la ley).

Si la Administración de Justicia no alcanza un determinado nivel de calidad, no se la puede nombrar como tal, ni tampoco se puede tachar a nadie de fatalista o catastrofista, por llamar a las cosas por su nombre.

Lo que está en juego es al fin y al cabo la auténtica independencia de los jueces, independencia que nunca será real mientras que la Justicia siga siendo la continuación de la lucha política en otro ámbito y con otras armas.

Es deseable que la Administración de Justicia, como servicio público funcione, pero tal cosa es casi imposible con el actual desgobierno, en el que se confunde independencia con impunidad, con jueces intocables, un “Estado de Derecho en el que más vale que renuncies por tu bien a tus derechos para no cabrear al juez”.

Puede que lo que aquí se afirma no guste demasiado a los que están acostumbrados a las alabanzas, a las adulaciones, a los elogios “política y socialmente correctos”… Pero somos muchos, demasiados, sino todos al fin y al cabo, los que padecemos esta “Injusticia” travestida de justicia, maquillada de leyes cínicas e hipócritas, palabras vacías, retórica hueca…

Estoy hablando de un debate urgente, imprescindible, inaplazable si realmente se quiere recuperar (mejor dicho, adquirir) el tantas veces cacareado “Estado de Derecho”.