Ignacio Loring.- Una paradoja que debería interpelar a cualquier demócrata: España ha dedicado un considerable esfuerzo legislativo a facilitar que descendientes de españoles nacidos y criados al otro lado del Atlántico puedan recuperar la nacionalidad, mientras sigue sin resolverse de manera satisfactoria la situación de los ciudadanos vascos que abandonaron el País Vasco después de sufrir durante años amenazas, extorsiones o persecución por parte de ETA.

La llamada «ley de nietos» —formalmente, la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática— permite optar a la nacionalidad española a determinados hijos y nietos de españoles exiliados, entre otros supuestos. La legislación no exige que esas personas hayan vivido previamente en España.

El problema aparece cuando se compara esa diligencia con la respuesta dada a otro fenómeno de desplazamiento político: el de los ciudadanos vascos que abandonaron su tierra por la presión del terrorismo.

Durante décadas se habló de decenas o incluso cientos de miles de personas que abandonaron el País Vasco. Se estima una cifra de 300.000 vascos que fueron expulsados por ETA.

Lo que sí está documentado es algo mucho más importante que una cifra: hubo ciudadanos vascos que abandonaron sus domicilios por miedo a perder la vida, sufrir daños o ser objeto de extorsión. El propio Congreso de los Diputados llegó a describir esos desplazamientos como una realidad que había «quebrado la integridad del censo electoral» de las comunidades que aquellos ciudadanos se vieron obligados a abandonar.

Es aquí donde aparece la cuestión política que sigue pendiente.

Un ciudadano vasco que tuvo que trasladar su residencia a Madrid, Burgos, Valencia o cualquier otro punto de España dejó de figurar en el censo electoral correspondiente al País Vasco porque, conforme a las reglas electorales ordinarias, su residencia pasó a estar en otra comunidad. El hecho de que su salida pudiera haber estado provocada por una amenaza terrorista no generó un mecanismo permanente que le permitiera conservar su derecho de sufragio autonómico en Euskadi.

No se trata, por tanto, simplemente de una discusión sobre estadísticas. Se trata de preguntarse qué ocurre cuando una amenaza terrorista consigue alterar la residencia de miles de ciudadanos y, con ella, la composición del cuerpo electoral.

La cuestión ya estuvo encima de la mesa del Estado. En 2012 el Gobierno de Mariano Rajoy estudió una reforma electoral destinada a permitir que determinados vascos y navarros que hubieran abandonado sus territorios por la violencia terrorista pudieran votar en sus comunidades de origen. La propia propuesta partía de la consideración de que los desplazamientos forzados habían afectado a la integridad del censo electoral. La reforma, sin embargo, no prosperó.

Esa y no otra es la comparación que merece ser discutida hoy: ¿por qué la recuperación de la nacionalidad para determinadas generaciones de descendientes de españoles que viven fuera del país puede recibir una respuesta legislativa específica, mientras que el Estado no ha encontrado una solución equivalente para quienes vivían aquí, eran ciudadanos españoles y abandonaron su comunidad por la presión del terrorismo?

La comparación resulta especialmente incómoda cuando se formula en términos de derechos políticos. Un descendiente de españoles nacido en América puede llegar a adquirir la nacionalidad española sin haber residido nunca en España si cumple los requisitos legales. En cambio, un vasco que abandonó su tierra y se instaló en otra comunidad autónoma española no conserva por ese mero hecho su derecho a votar en las elecciones autonómicas vascas.

La cuestión nos lleva a una pregunta legítima que el gobierno debería contestar: ¿ha otorgado el Estado suficiente reconocimiento político a quienes fueron desplazados dentro de España por el terrorismo? ¿Puede una democracia limitarse a contabilizar a quienes permanecen físicamente en un territorio sin preguntarse qué sucedió con quienes se marcharon porque permanecer allí tenía un coste insoportable?

Durante años, ETA no necesitó ganar unas elecciones para alterar la sociedad vasca. Bastaba con que determinadas personas tuvieran que callar, esconderse, pagar, protegerse o marcharse. El terrorismo perseguía personas concretas, pero sus consecuencias también podían modificar el espacio social y electoral.

Por eso resulta difícil explicar que cuatro décadas después siga sin existir una solución estable para reconocer electoralmente a quienes acrediten que fueron desplazados por la violencia, mientras el Estado ha desarrollado mecanismos jurídicos para recuperar vínculos de nacionalidad con generaciones de españoles nacidos en el extranjero.

En definitiva, ¿puede una democracia considerar suficientemente importante recuperar el vínculo político con los descendientes de españoles que nunca han vivido en España y, al mismo tiempo, no encontrar una fórmula para reconocer el vínculo electoral de ciudadanos españoles que tuvieron que abandonar su tierra por la amenaza terrorista?