La jueza Alaya comienza a tomar declaración a los primeros socialistas imputados por la trama de los ERE fraudulentos
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La juez que investiga el presunto fraude en los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) ha comenzado hoy la toma de declaración a los primeros imputados en esta causa con la comparecencia de tres de los 72 “intrusos” detectados en el transcurso de las diligencias. Con casi una hora de retraso, la juez de instrucción 6 de Sevilla , Mercedes Alaya, ha llamado a declarar al exmilitante del PSOE de Camas (Sevilla) Juan Manuel L. E., uno de los tres “intrusos” en los ERE que deben declarar hoy.
El segundo citado es José A. L., concuñado de Antonio Rivas -exalcalde de Camas y exdelegado de Empleo de la junta de Andalucía en Sevilla y también imputado en este procedimiento; mientras que en tercer lugar declarará Jose Antonio Garcia Prieto exconcejal y exsecretario de política municiapl del PSOE en ese municipio. Estas tres personas estan imputados por la juez porque nunca habían trabajado en las empresas Intersur y Surcolor, aunque figuraban en sus respectivos Expedientes de Regulacion de Empleo.
Entre julio y septiembre
La juez aun no ha citado a declarar a los presuntos responsables de estas irregularidades, aunque si ha notificado a otros 11 imputados -además de los tres de hoy- para que comparezcan ante ella entre el presente mes de julio y el próximo septiembre.
La Junta de Andalucía ha detectado 72 “intrusos” en los ERE y otros 111 casos “con discordancias administrativas”, en unas diligencias en las que también están imputados, entre otros, el exconsejero andaluz de Empleo Antonio Fernández, el exdirector general de Empleo de la Junta Francisco Javier Guerrero, y el ex sindicalista y “mediador” en los ERE Juan Lanzas.
Derecho a no declarar
Juan Manuel López Espadas y José Acevedo, beneficiarios de prejubilaciones supuestamente fraudulentas citados por la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, se han acogido a su derecho a no declarar ante la magistrada y se han limitado a ratificar su declaración policial, según han informado fuentes del caso a la agencia Europa Press.
A lo largo de este viernes también ha sido llamado a declarar otro vecino de Camas, José Antonio García Prieto, quien dimitió como secretario de Política Municipal de la Agrupación socialista de la localidad al ser conocida su prejubilación en una empresa para la que nunca había trabajado.
La magistrada Mercedes Alaya indaga esta posible trama de prejubilaciones fraudulentas financiadas con fondos autonómicos y su relación con el acuerdo rubricado, en 2001, entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), al objeto de librar 647.869.157,45 euros durante los últimos años en concepto de ayudas a la reestructuración de empresas en crisis. Y es que con la citada fórmula, según la investigación, el IFA actuaba como institución pagadora de las subvenciones y los libramientos de ayudas habrían eludido la Ley autonómica de Hacienda Pública y la fiscalización administrativa.
Investigación paralela
Las subvenciones e incentivos otorgados mediante este método, ni siquiera publicados en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), constituyen según la Policía Judicial un “incumplimiento flagrante” de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. La Consejería de Empleo, en una investigación paralela, ha detectado y elevado a la juez Mercedes Alaya un total de 72 prejubilaciones falsas y otras 111 con algún tipo de “discordancias administrativas” en al menos 67 expedientes de regulación de empleo promovidos por empresas andaluzas con cargo a este fondo de 647.869.157,45 euros.
En el marco de estas diligencias, la juez Mercedes Alaya ha emitido un último auto en el que cita a declarar a un total de 14 beneficiarios de estas prejubilaciones fraudulentas, toda vez que todos ellos habrían comparecido ya ante los investigadores de la Policía Judicial en los últimos meses como fruto del avance de las actuaciones.
Agrupación socialista
Además de los tres citados este viernes, el día 14 de julio, igualmente, han sido llamados a comparecer Ricardo Medina Barrios y José Antonio Márquez Sánchez, también vecinos de Camas y supuestamente beneficiarios de estas falsas prejubilaciones. Ricardo Medina Barrios y Juan Manuel López Espada, además, eran miembros de la Agrupación socialista de Camas.
Ya el 9 de septiembre, la juez ha llamado a declarar al exalcalde socialista de El Pedroso (Sevilla ) Rafael Rosendo y a Andrés Carrasco Muñoz, natural de este municipio y amigo de la infancia del ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero. Para el 15 de septiembre, han sido llamados a declarar María del Carmen Fontela, la segunda ‘intrusa’ descubierta en la trama, y María del Carmen García, propietaria del restaurante sevillano Río Grande, en cuyo expediente de regulación de empleo fue prejubilada precisamente Fontela González pese a no figurar en la plantilla.
Para el 16 de septiembre, han sido llamados a declarar Alejandro Millán Torres, un pensionista también oriundo de El Pedroso, y Rafael Ruiz García, vecino de Córdoba y “amigo” también del ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero. Para el 19 de septiembre, finalmente, han sido convocados el sindicalista Rafael Rodríguez, Francisco de Paula Hernández Diánez, vecino de Mairena del Aljarafe ( Sevilla ), y Antonio González Pérez.
