La Audiencia de Sevilla ha condenado a tres años de cárcel a Julio Álvarez (PSOE), alcalde de Puebla del Río (Sevilla), por un delito de malversación de fondos públicos por gastar 6.098 euros con el móvil oficial en llamadas “de índole muy personal” a una única mujer en poco más de un año.

La sentencia le impone además seis años de inhabilitación absoluta, por lo que según la nueva Ley Electoral Álvarez no se podrá presentar a la reelección en las elecciones de mayo, en las que ya es candidato por su partido.

El exconcejal Juan Carlos Benítez (PSOE), que falsificó las facturas telefónicas pedidas por la oposición para evitar que se descubriera la malversación cometida por el alcalde, ha sido condenado a un año de cárcel por falsedad y a otros ocho meses por encubrimiento.

La sentencia dictada por el magistrado que presidió el jurado reconoce que el móvil no estaba “restringido a actividades propias de la Alcaldía”, pero añade que “lo que convierte su uso en delictivo es la dedicación del celular de modo quasi monopolístico” a una sola persona.

El juez indica que “no es seria la explicación” del acusado de que su móvil particular era del mismo modelo que el oficial, porque “ni siquiera intentó demostrar un extremo tan sencillo como es la realidad de ese hipotético segundo aparato”, y sus excusas “se estrellan frente a una evidencia abrumadora, sobrada y prueba de cargo bastante”.

Añade que tampoco es verdad que las llamadas “obedecieran al loable sentido de responsabilidad del alcalde frente a los graves problemas personales de una vecina maltratada”, sino que ésta fue una explicación “montada a posteriori obedeciendo a un propósito de autoexculpación que resulta inverosímil y absurdo”. La comunicación con dicha mujer fue “de índole muy personal, según está cumplidamente demostrado”, dice el juez.

El jurado popular que enjuició el caso declaró a Álvarez culpable de malversación de fondos públicos por gastar esa cantidad en llamadas “constantes, reiteradas y desproporcionadas” a una única mujer con su móvil oficial entre septiembre de 1999 y febrero de 2001.

En el caso del alcalde, el magistrado le aplica la atenuante de reparación del daño porque, al descubrirse los hechos, devolvió lo apropiado mediante ingresos parciales entre octubre y noviembre de 2002.

La sentencia alaba a los dos concejales que denunciaron el caso, Antonio Garrido (IU), por su “elegante caballerosidad al referirse a la relación personal” del alcalde con la mujer, y Jose González Arteaga, entonces portavoz del Partido Independiente, quien “tras dejar claro su cariño al alcalde”, declaró en el juicio que Álvarez le citó en otro pueblo y le explicó la “verdadera naturaleza de sus relaciones amorosas y personales”.

Sobre Benítez, el juez sostiene que su declaración “endeble, evanescente, deleznable y etérea”, pues “ni es verdad que la falsificación se hizo en una tarde ni que fuera extensiva a otros números”, ya que se ha demostrado que solo manipuló los dos de la destinataria.