La crisis ha sacado a flote muchos de los problemas que han estado latentes en España, aún en la que cada vez se nos antoja más lejana época de ‘vacas gordas’. Nos ha convertido en un país más pobre en términos de riqueza nacional, pero lo que resulta todavía peor: ha llevado a un millón más de ciudadanos a la pobreza, hasta superar ya los nueve millones.

La Fundación FOESSA, impulsada desde sus inicios por Cáritas, es una de las más reputadas en el análisis del impacto de la crisis sobre la cohesión social en España. Sus conclusiones son reveladoras: entre 2007 y 2009, el colectivo de personas consideradas pobres se ha disparado más de un 11%, lo que supone que hay un millón más que rebasan el umbral oficial de la pobreza, apunta Miguel Laparra, profesor de la Universidad Pública de Navarra.

En términos prácticos, la realidad resulta más elocuente, como se explica en el último informe de FOESSA. Entre esos nueve millones se encuentran tanto los que viven en una pobreza «moderada» (ingresan 6.000 euros al año), y que representan el 19,6% del total, como los que se estiman pobres «severos» (ingresan menos de 3.000 euros por ejercicio), y que suponen el 7,2%.

Una vez analizados estos datos, el profesor Laparra concluye que en estos momentos, y como consecuencia fundamentalmente de la propia crisis, «la pobreza afecta a sectores más amplios mientras el desempleo crece en todos, aunque con intensidades distintas».

Los pobres, en líneas generales, acumulan una serie de dificultades, además de su baja renta: viven en infraviviendas, no tienen empleo alguno, muchos son analfabetos, padecen enfermedades crónicas y, en general, están casi excluidos socialmente. Asimismo, la pobreza es esencialmente urbana y cuatro de cada diez pobres (el 40%) tienen menos de 25 años; de ellos, seis de cada diez viven en pobreza extrema.

En la Unión Europea hasta se ha llegado a consensuar la definición de pobre: toda persona que vive con menos del 50% de la renta media disponible neta de cada país correspondiente. En España, según la última encuesta del INE sobre condiciones de vida, la renta media era de 25.732 euros. Y a partir de ese porcentaje se distingue entre pobreza «relativa» y «severa». Estaríamos en este último caso si los ingresos suponen menos del 15% de la renta media, mientras que si se aproxima a ese 50% de la renta se identifica como «precariedad social». Y entre medias de ambos niveles se encuentran tanto la pobreza «moderada» como la «grave».

Atendiendo a estos criterios, un informe reciente de la Comisión Europea desvela que el 15% de los ciudadanos de la UE son pobres;_en total, son 84 millones de personas, es decir, que uno de cada seis europeos se encuentran en esa situación o están directamente en riesgo de exclusión. Tan sólo Grecia y Portugal nos superan en esta preocupantes estadística. No es de extrañar, por tanto, que la UE hubiera proclamado 2010 como el Año Europeo de Lucha Contra la Pobreza.

Y datos hay más que de sobra para conocer la radiografía de la pobreza en España. La encuesta del INE nos aclara aún más la situación: el 20,8% de la población residente en España está por debajo del umbral de pobreza relativa que, según otro estudio de UNICEF sobre el mismo asunto, está fijado en 16.684,5 euros al año para una familia con dos adultos y dos menores de 14 años.

También el estudio realizado por la Fundación Alternativas (vinculada al PSOE) sobre pobreza y privación dibuja un panorama tan crudo como real. Una de las conclusiones de su autora, la profesora del departamento de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos Primero, Rosa Martínez López, es que la evolución reciente de la pobreza y la desigualdad en España está marcada por fenómenos de gran trascendencia económica y social, por ejemplo, la consolidación del país como territorio de inmigración en la última década y el abrupto cambio de signo del ciclo económico en 2008, tras un largo período de auge en la producción y el empleo.

Sin embargo, en España hay más pobres de lo que apuntan las estadísticas… y no es que estos sean precisamente pocos. José Ramón Pin Arboledas, profesor de la escuela de negocios IESE, explica que el problema «no es sólo el que declara ser pobre, sino aquellos que lo ocultan». Son los que este experto llama «pobres vergonzantes» y que, aunque no existe estudio alguno que los cuantifique, podrían suponer ya entre el 1,4% y el 1,5% de la población… y siguen subiendo.

Los «pobres vergonzantes», explica Pin Arboledas, son producto justamente de esta crisis: trabajadores que tenían un nivel de vida aceptable, pero perdieron su empleo, y que transcurridos más de dos años no les quedan ya ni ahorros ni prestaciones, aunque se resisten a reconocer que son pobres. En ellos confluye el problema económico y psicológico.

Otro estudio de la agencia CP Proximity apunta en la misma dirección:_un 12% de los españoles prefiere «guardar las apariencias» y oculta, incluso a amigos y a familiares, que ha sufrido una perdida «considerable» de ingresos debido a la crisis. De hecho, otro informe de la consultora PriceWaterhouseCoopers sostiene que la merma de ingresos es un problema que afecta ya a más del 50% de los españoles, mientras que para un 40% de la población se han estancado.

Extraña, por tanto, que camino ya de los diez millones de pobres no haya pasado algo parecido a una rebelión social. El referido profesor del IESE explica esta «sumisión y resignación» en la propia cultura latina, donde está extendida la «solidaridad interfamiliar». Insiste en que «la gente no se rebela porque piensa que su problema se solucionará en unos meses», mientras subraya que «España es un país sumiso y resignado, por su esperanza de que la situación vuelva a ser como antes de la crisis».

Otro dato a tener en cuenta es que los comedores de Cáritas, desbordados con frecuencia por la gran afluencia de gente, están llenos de personas cuyo aspecto no es precisamente el de los indigentes que acudían antes de la crisis (según las asociaciones de autónomos, más de 150.000 de los miembros de este colectivo dependen de esa asistencia). Y no es sólo el número de afectados que atienden a diario (más de 14.000 en Madrid, por ejemplo), sino también las campañas que realizan, como la que reclama «un estado de alarma contra la pobreza» o la que, ante la falta de respuesta política, pide «un fondo de rescate», como el concedido al sistema financiero.

Parece existir un amplio consenso en que los jóvenes –con más del 40% de ellos en paro– y los inmigrantes, son los grupos más afectados. Pin Arboledas está convencido de que el retorno de estos últimos a sus países de origen se va a producir, sobre todo en los procedentes de lugares donde la situación económica es ahora mejor que la española, como Colombia.

El Gobierno hizo un intento para favorecer este retorno, cuando el paro galopaba hacia el 19% que ahora superamos. Permitió a cada inmigrante que lo pidiera capitalizar su prestación, a cambio de que volviera a su país para montar un negocio y rehacer su vida. Pero esta propuesta resultó fallida, porque se interpretó que era una forma de «quitarse a parados de en medio», explica el profesor. Y por lo que respecta a los jóvenes, a su juicio, la única salida que pueden encontrar en estos momentos es «emigrar al extranjero».

Para el resto de las personas en graves dificultades económicas, la única solución que hay es crear puestos de trabajo, puesto que los subsidios solo sirven para incrementar el déficit y la deuda soberana. Y en este punto volvemos a la necesidad permanente de emprender reformas estructurales, «con las que poder crear empleo».

Pin Arboledas considera que se necesita «otra vuelta de tuerca» a la reforma laboral, además de más cambios económicas, pues a las empresas «no se les puede pedir ayuda ni que inviertan por decreto ley». Hay que favorecer, afirma, que sigan «creyendo en España y contratando a trabajadores, aunque para ello se tenga que igualar la indemnización de los fijos con la de los temporales. En caso contrario, «las grandes fortunas seguirán yéndose, y las inversiones no llegarán por aquellos del ‘por si acaso’».

Opiniones aparte, a corto plazo hay que ayudar a la gente con problemas económicos serios, y a las propias instituciones que les ayudan. Según la propia Cáritas, en 2009 atendió a 6,25 millones de personas, labor a la que hubo de destinar 230 millones de euros.

Mientras, el Gobierno va a eliminar el subsidio de 426 euros que percibían los parados que agotaban todas sus prestaciones. En su lugar, propone cursos de formación, algo que ante la urgencia de cubrir las necesidades básicas de un hogar no parece que vaya a remediar sus problemas en poco tiempo.

De momento, las previsiones del Ejecutivo incluyen presentar en abril de 2011 un Programa Nacional de Reformas que incorporará medidas contra la pobreza y un plan específico de lucha por la inclusión social, en línea con el mandato europeo recogido en la Estrategia 2020.

El citado plan tendrá una vigencia de diez años y su objetivo será incrementar la renta de los hogares con miembros en edad de trabajar, promover la inclusión activa de las personas en situación o riesgo de pobreza y exclusión social, reducir el riesgo en los colectivos más vulnerables (mayores, infancia y discapacitados) y promover el acceso a una vivienda digna, entre otros. Pero el gran problema sigue siendo el desempleo, del que se esperan tasas récord en 2011. En España hay ya 1,8 millones de hogares con todos sus miembros en paro; mientras eso no cambie, la sombra de la pobreza seguirá cubriendo cada vez a más personas.