Arturo Reyes, fotógrafo en paro de 51 años, no se atreve todavía a leer el certificado de defunción de su hijo Jesús, supuestamente fallecido en septiembre de 1987 en el Hospital Materno Infantil de Málaga a los nueve días de nacer. Tras la muerte del bebé, y con la madre todavía recuperándose de una infección puerperal en el hospital de La Línea (Cádiz) donde nació la criatura, Arturo (en la imagen) enterró a su hijo en un nicho del cementerio linense. Ese día no tuvo ánimo para abrir el ataúd blanco con los restos del menor. Desde entonces no ha dejado de arrepentirse.

En 2004, el Ayuntamiento ordenó vaciar esa fila de nichos ante el riesgo de derrumbe. “Cuando rompimos la lápida con las iniciales del niño, el ataúd tenía la tapa hundida por la humedad, pero dentro del féretro solo había un paño quirúrgico y una toalla verde. No había ni un solo resto del niño”, dice mientras muestra el sudario que había bordado Teresa, la madre.

La de Arturo Reyes es la última de una docena de historias similares ocurridas desde la década de los sesenta y que investiga actualmente la Fiscalía de Algeciras (Cádiz), según confirmó el fiscal jefe, Juan Cisneros. Las diligencias previas 85/2010 surgen de varias denuncias de desapariciones de varios bebés en esos años en la zona de Algeciras y La Línea de la Concepción. El denominador común de todas ellas es que, a los pocos días de nacer, se decía a los padres -generalmente gente humilde a la que ni siquiera se dejaba ver los cadáveres- que los bebés habían fallecido. Algunos familiares de estos niños sospechan que, lejos de morir, sus bebés fueron vendidos.

Todo comenzó con la declaración pública realizada por las hermanas Díaz Carrasco, con domicilio en Irún, quienes consideran “cuando menos, extrañas” las circunstancias que envolvieron la supuesta muerte de su hermano, al poco de nacer en el Hospital de La Línea de la Concepción. Cristina Díaz Carrasco asegura que “el 5 de noviembre de 1967 algo raro ocurrió en el Hospital Municipal de La Línea”, cuando su madre fue anestesiada para dar a luz y nunca vio a su hijo.

Tras comunicarle los médicos que había fallecido, su abuela quiso ver el cuerpo del bebé y le entregaron a un niño, que a pesar de que los informes del parto aseguraban que había sido extraído con ventosas, no tenía aspecto de haber sido atendido con ese sistema. Las hermanas Díaz Carrasco aseguran, además, que el niño era demasiado grande para ser recién nacido. Dudas que llevaron a esta familia a airear el asunto al sospechar que su hermano, lejos de morir, pudo ser víctima de una venta en adopción.

A pesar de ello, su hermano tuvo una tumba propia que su madre visitaba en ocasiones, y que dejó de existir en 1980 a raíz de unas obras. La situación se tornó aún más rocambolesca tras el fallecimiento de la madre en 2006, cuando las denunciantes tratan de poner el nombre de su hermano en la lápida maternal y comprueban que en el registro del cementerio no constaba el entierro de ningún niño en esas fechas. Solo en La Línea de la Concepción se han denunciado seis casos similares. “Partimos de una docena de nombres de supuestas familias afectadas”, afirma el fiscal Cisneros, que considera complicado que las pesquisas lleguen a una conclusión penal. “Se trata de unos hechos supuestamente ocurridos hace más de 40 años”, aclara.

La investigación encuentra dificultades añadidas. La fiscalía ha ordenado a la Policía Judicial que elabore un atestado para conocer si existe algún registro de nacimientos y defunciones de los ya desaparecidos hospitales, en los que se produjeron las supuestas irregularidades. Pero en esa época, explica el fiscal, cualquier registro que existiera no estaba informatizado. Y no solo eso, “la Junta de Andalucía, que es la Administración competente en materia de salud, no existía”, añade.