El Gobierno decreta la retirada del mercado del 12% del aceite de oliva debido al fuerte incremento de producción; desde hoy y hasta el 30 de septiembre de 2027
El ministro de Agricultura, Luis Planas, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros
El aceite de oliva, pilar fundamental de la dieta mediterránea y un indispensable en las cocinas españolas, se encuentra en el centro de una nueva regulación gubernamental. Ante una campaña que se prevé excepcional, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha decidido intervenir para asegurar la estabilidad de un sector estratégico para el país.
El Gobierno ha decretado el almacenamiento obligatorio del 12% de la producción de aceite de oliva declarada mensualmente, lo que supone la inmovilización temporal de unas 188.000 toneladas.
La medida, publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y recogida por agencias como EFE y Europa Press, comienza a aplicarse de forma inmediata sobre la producción declarada en el mes de noviembre.
Según ha comunicado el Ministerio que dirige Luis Planas, el objetivo es «regular la oferta ante una previsión de sobreproducción, garantizando la rentabilidad de los agricultores y protegiendo también los intereses del comprador para dotar de estabilidad al mercado».
Esta resolución da cumplimiento a la normativa comunitaria sobre la Organización Común de Mercados.
La activación de este mecanismo responde a criterios técnicos claros. La suma del aforo de la nueva campaña y las existencias de enlace de la anterior alcanzan el 120% de la producción media de aceite de oliva de las últimas seis campañas, superando el umbral previsto en la orden ministerial para ordenar la retirada.
Una cosecha histórica de 1,6 millones de toneladas
Las estimaciones de las comunidades autónomas para la campaña 2026/2027 prevén una producción de 1.602.596 toneladas de aceite de oliva. Esta cifra supone un incremento del 23% respecto al ejercicio anterior y la convierte en la cuarta campaña más grande del registro histórico español.
Desde Agricultura atribuyen este notable aumento a las favorables condiciones climáticas de la pasada primavera. Las temperaturas suaves y las precipitaciones abundantes permitieron una buena floración y un excelente cuajado del fruto en las principales zonas olivareras del país.
A esta gran cosecha se suman, además, unas existencias iniciales de enlace de 357.040 toneladas, un 23,3% por encima de las de la campaña precedente. Estos datos han sido confirmados por el Sistema de Información de los Mercados Oleícolas (SIMO) a partir de la información declarada por los propios operadores.
Flexibilidad y control para las almazaras
La resolución concede a las almazaras «plena libertad» para elegir qué categoría de aceite de oliva prefieren retirar del mercado. También podrán decidir si el almacenamiento se efectúa en sus propias instalaciones o en las de un tercero.
Para supervisar la correcta aplicación de la norma, se creará un grupo técnico de seguimiento. Este órgano, coordinado por el Ministerio y ejecutado por las comunidades autónomas, aprobará un plan de control que podrá incluir inspecciones «in situ». Los operadores deberán facilitar toda la documentación que les sea requerida.
El volumen retirado deberá permanecer inmovilizado hasta el 30 de septiembre de 2027, aunque la resolución podrá ser modificada a partir del 31 de diciembre de 2026 si la evolución de la producción y del mercado así lo aconsejara. El porcentaje de retirada se aplica desde la producción de noviembre en adelante, quedando excluida la de octubre.
Según informa Belén Delgado de la agencia EFE, el objetivo principal de esta medida inédita es evitar el hundimiento de los precios en origen ante las previsiones de una campaña con una oferta muy elevada.
Los productores habían exigido la activación de esta herramienta lo antes posible, preocupados por el «hundimiento» de los precios y el aumento disparado de los costes de producción. En cambio, la industria ha rechazado de plano la medida, al considerar «que rompe el equilibrio de mercado», y ha anunciado que recurrirá la norma que la habilita.
Este escenario de gran disponibilidad ya está teniendo consecuencias. En el último mes, los precios en origen han registrado una caída del 6 % según datos del sistema de información Poolred. Por su parte, el Observatorio de Infaoliva sitúa el precio medio del aceite de oliva virgen extra en 3,2 euros por litro y el del virgen en 2,8 euros, muy lejos de los 5 euros que se pagaban hace un año.
La decisión del MAPA se ampara en una norma de comercialización publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 30 de octubre. Esta permite activar la retirada si el nivel de existencias iniciales más las estimaciones de producción alcanzan el 120 % de la media de la suma de las seis campañas anteriores.
