Estanislao de Kostka Fernández (Foto: La Voz de Galicia)

AR.- La tragedia ferroviaria en Urda, Toledo, ha vuelto a situar en el centro del debate la responsabilidad de quienes dirigen los servicios públicos esenciales. Para Estanislao de Kostka Fernández, abogado, politólogo y sociólogo, lo sucedido no puede abordarse como un episodio aislado ni resolverse con explicaciones centradas exclusivamente en posibles errores individuales. A su juicio, hay que investigar el funcionamiento de todo el sistema: el mantenimiento, la supervisión, los protocolos de seguridad, la organización y el destino de las inversiones.

En esta entrevista, Estanislao de Kostka Fernández, que es también el jefe de la asesoría jurídica de AD,  reclama la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, y considera que Pedro Sánchez también debe asumir su responsabilidad política si decide mantenerlo en el cargo. Cuestiona, además, que comparecer públicamente pueda confundirse con rendir cuentas y exige una auditoría independiente sobre los más de 700 millones de euros anunciados para la renovación de la línea Madrid-Sevilla.

Su análisis va más allá de la responsabilidad política inmediata. Aborda en ese sentido la pérdida de confianza de los usuarios en el ferrocarril, los problemas de puntualidad, las dificultades para conseguir reservas y la necesidad de recuperar unas garantías de seguridad que, en su opinión, no pueden darse por supuestas.

De Kostka defiende que la investigación debe llegar hasta donde conduzcan las pruebas, sin anticipar conclusiones ni utilizar el error humano como explicación que cierre el debate. «La confianza no se exige, se gana», sostiene. Y resume su posición con una exigencia política inequívoca: responsabilidades en la dirección, transparencia sobre el dinero público y una profunda revisión de la gestión ferroviaria.

¿Cómo puede el Gobierno eludir su responsabilidad ante una cadena de fallos que provocaron la tragedia ferroviaria de Toledo?

No puede hacerlo sin incurrir en una contradicción política insalvable. Atribuirse todos los méritos cuando anuncia inversiones y desentenderse cuando hay que responder por los resultados. Mi valoración es que estamos ante un fracaso sistémico de la gestión ferroviaria, que exige investigar mucho más que una orden concreta, exige más mantenimiento, mejor supervisión, revisión de los protocolos, mejor organización y decisiones de expertos, no de ignorantes.

No es una preocupación exclusivamente política, no es un error aislado que resulta insuficiente para explicar lo sucedido. Por eso sería inaceptable que la investigación terminara donde empieza la responsabilidad de la dirección. Además, Adif anunció más de 700 millones de euros movilizados para renovar la línea Madrid-Sevilla y reconoce que ha recibido financiación europea. Precisamente por eso hay que exigir una auditoría independiente: ¿qué se contrató, qué se ejecutó, qué se comprobó y qué resultados se obtuvieron? El dinero de Europa y el de nuestros impuestos no están para alimentar anuncios. Gastar sin conseguir las garantías y el servicio prometidos es malgastar. No basta con presumir de inversión, hay que responder por su eficacia.

¿Hasta dónde tiene que llegar una tragedia para que alguien asuma responsabilidades?

No se debería esperar a ninguna tragedia más. La responsabilidad política no puede funcionar como un contador de víctimas, ni quedar aplazada hasta que la indignación resulte insoportable. Mi posición es clara: Óscar Puente debe dimitir ya y, si no lo hace, Pedro Sánchez debe cesarlo.

Pero ojo, porque una dimisión no sustituye a la investigación, ni repara el daño, pero demuestra que dirigir una infraestructura esencial implica responder. Exigirla no significa atribuir al ministro una responsabilidad penal que corresponde determinar a los tribunales, significa ser responsable de los actos propios.

Lo vergonzoso sería convertir cada comparecencia en una explicación de por qué nadie debe marcharse. Si Sánchez mantiene al ministro, también debe responder políticamente por esa decisión. No puede presentar el nombramiento como una facultad propia y la responsabilidad por mantenerlo como un problema ajeno.

¿Existe una diferencia entre dar explicaciones y asumir responsabilidades?

La diferencia es fundamental. Dar explicaciones es una obligación del cargo, no un mérito extraordinario ni una concesión a las víctimas. Puente ha defendido su continuidad y ha presentado dar la cara como su manera de asumir responsabilidades. No comparto ese criterio, comparecer no equivale, por sí solo, a responder políticamente.

Nadie exige que un ministro maneje personalmente cada señal ferroviaria. Se le exige que responda por la dirección del departamento, sus prioridades y sus mecanismos de supervisión. Si puede atribuirse el éxito de una política, también debe aceptar el escrutinio de su fracaso.

La autoridad para continuar no puede reducirse a conservar la confianza del presidente. Hace falta credibilidad para corregir el sistema y recuperar la de los ciudadanos. Mi juicio político es que esa credibilidad está agotada. Su salida debe formar parte de una renovación profunda de la gestión, no ser un gesto que deje intactos los problemas.

¿Error humano o un problema más profundo?

No acepto que la expresión «error humano» sirva para cerrar anticipadamente la investigación. Un error puede formar parte de la explicación; no puede convertirse en una excusa para dejar de examinar todo lo demás. Demos poner el foco en el mantenimiento, en la ineficacia de la gestión, en la falta de eficiencia de lo invertido, en la corrupción del Ministerio y rechazar equiparar automáticamente la antigüedad del LZB con su inseguridad. El error humano son ellos.

El Instituto de la Ingeniería de España ha reclamado prudencia y un análisis de los registros antes de establecer las causas. Esa prudencia debe aplicarse en ambas direcciones: ni condenar anticipadamente a un trabajador, ni exonerar anticipadamente a toda la estructura de dirección.

Hay que investigar las comunicaciones, las autorizaciones, los sistemas de respaldo, la formación, las cargas de trabajo, el mantenimiento, la supervisión y las inversiones. La investigación debe llegar hasta donde conduzcan las pruebas, no detenerse donde resulte políticamente cómodo. Precisamente porque puede haber errores humanos, la organización tiene que establecer barreras para que no desemboquen en una catástrofe. Los errores humanos han sido los nombramientos políticos.

Si se conocían los fallos, ¿por qué no se reforzaron las garantías?

Esa es una de las preguntas decisivas. Puente ha reconocido 170 episodios de pérdida de transmisión del LZB en 2026 y sostiene que esa frecuencia está dentro de parámetros habituales. Increíble. Es la demostración de que el sistema ferroviario no funciona. Ese dato no demuestra por sí solo negligencia, pero obliga a explicar qué seguimiento se hacía y cómo se verificaba que los procedimientos alternativos funcionaban correctamente.

Si una contingencia está prevista, también debe estar prevista una respuesta segura. No basta con enseñar el protocolo después del desastre, hay que acreditar que se conocía, que se entrenaba, que se supervisaba su aplicación y que se corregían las deficiencias detectadas.

Mi reproche político es que gestionar no es limitarse a reaccionar cuando el daño ya es irreversible. El Gobierno debe explicar qué controles existían y aportar sus resultados. La investigación permanece abierta, de modo que todavía no corresponde presentar como probada una causa definitiva. Pero tampoco corresponde utilizar esa investigación como una suspensión indefinida de la rendición de cuentas.

¿Puede el Gobierno exigir confianza sin asumir consecuencias?

La confianza no se exige, se gana. Y hablo también desde mi experiencia. Yo era usuario del tren de toda la vida y he dejado de utilizarlo por la impuntualidad y por la pérdida de confianza en las garantías de seguridad. No afirmo que todos los trenes carezcan de protección; afirmo que ya no encuentro la puntualidad, la fiabilidad y la tranquilidad que necesito para seguir eligiéndolos.

También recuerdo lo ocurrido con los abonos gratuitos. Quienes necesitábamos viajar nos encontrábamos sin reservas disponibles. El bloqueo de plazas por reservas que después no se utilizaban fue un problema documentado en Media Distancia. La gratuidad no funciona.

Gratis para el viajero no significa sin coste para el contribuyente. No quiero propaganda de gratuidad, quiero poder reservar, llegar a mi hora y confiar en el servicio. Y no confundo esa mala gestión comercial con las causas del accidente, que deben acreditarse.

Mi balance político de esta gestión es desastroso. Exijo transparencia, una auditoría del dinero europeo y de nuestros impuestos, medidas verificables y responsabilidades en la dirección. Óscar Puente debe dimitir; Sánchez debe responder por mantenerlo. Y comparto la advertencia de Feijóo: «Si no dimiten ellos, les dimitiremos en las urnas». Y la mía es que la gestión es penalmente reprochable. La mía es PP, que significa a Paseo y a Prisión. Se me entiende, ¿verdad?