Escrache a Isabel Díaz Ayuso.

Ignacio Loring.- Cuando el poder tolera que la presión callejera se convierta en una forma de hostigamiento contra sus adversarios, la democracia entra en una zona peligrosa. La historia de España demuestra que la intimidación política nunca debe tratarse como un instrumento legítimo de lucha partidista.

Hay una pregunta que el Gobierno de Pedro Sánchez estaría obligado a responder si la anomalía democrática no se hubiera instalado ya hace tiempo en la institucionalidad del estado: ¿qué mensaje transmite una democracia cuando una protesta instalada frente a una institución se prolonga durante semanas, se denuncian amenazas e insultos contra una presidenta autonómica y el Ejecutivo central se opone al desalojo alegando los riesgos que podría entrañar la intervención policial?

La pregunta no es si los ciudadanos tienen derecho a manifestarse, que por supuesto que lo tienen. Tampoco si la crisis de la vivienda merece una respuesta política urgente, que también. La cuestión es otra: ¿dónde termina el legítimo derecho a protestar y dónde empieza la intimidación que pretende condicionar el ejercicio de las responsabilidades públicas?

La acampada de la Puerta del Sol, instalada el 26 de septiembre de 2026, ha abierto precisamente ese debate. La Comunidad de Madrid ha reclamado su desalojo por la vía judicial, mientras que la Abogacía del Estado se ha opuesto a las medidas cautelares solicitadas, argumentando que una intervención podría provocar enfrentamientos y daños. No se trata, por tanto, de una simple decisión de mirar hacia otro lado, sino de un conflicto institucional y jurídico cuya resolución exige responsabilidades claras. Pero eso no exime al Gobierno de explicar sus criterios ni de garantizar que ninguna autoridad se encuentre sometida a una presión intimidatoria por razón de su cargo. RTVE y Europa Press han informado sobre las posiciones enfrentadas.

La cuestión política de fondo es si el Gobierno aplica los mismos principios cuando las protestas afectan a instituciones gobernadas por sus adversarios que cuando afectan a las propias.

La Comunidad de Madrid ha denunciado ante la Fiscalía amenazas, insultos y expresiones ofensivas contra Isabel Díaz Ayuso durante la acampada. El Gobierno central, entre tanto, ha optado por hacer oídos sordos a las conductas denunciadas, investigar los posibles delitos y evitar que la hostilidad política se normalice.

Si quienes amenazan o acosan a un representante público perciben que sus actos no tienen consecuencias, el daño trasciende a la persona afectada, ya que se alimenta la idea de que la presión física o verbal puede sustituir a los argumentos.

La libertad de expresión no concede carta blanca para amenazar, coaccionar o impedir que una institución funcione con normalidad. Y esa regla debe aplicarse con independencia de las siglas del gobernante y de las ideas de quienes protestan.

Por eso, la responsabilidad del Ejecutivo no consiste en ordenar desalojos indiscriminados ni en criminalizar a los manifestantes. Consiste en explicar sus decisiones, hacer cumplir la ley y demostrar que la protección de los derechos fundamentales no depende de la identidad política de quienes los ejercen.

El precedente que España no debería olvidar

La historia española ofrece motivos suficientes para desconfiar de cualquier estrategia que convierta la intimidación del adversario en una herramienta política.

Durante la Segunda República, especialmente en los años de creciente polarización que precedieron a la Guerra Civil, la violencia política adoptó múltiples formas: agresiones, atentados, enfrentamientos entre grupos radicalizados y asesinatos. Entre los episodios documentados figura el asesinato del líder de la oposición derechista, José Calvo Sotelo, en la madrugada del lunes 13 de julio de 1936, cuando un grupo de guardias de asalto y miembros de las milicias socialistas encabezado por un capitán de la Guardia Civil de paisano se presentaron en el domicilio del líder monárquico José Calvo Sotelo con el pretexto de conducirlo a la dirección general de Seguridad y, en el trayecto, el socialista Luis Cuenca Estevas le disparó dos tiros en la nuca, llevando a continuación su cuerpo al depósito de cadáveres del cementerio de La Almudena.

No sería riguroso afirmar que la España actual es la España de 1936. Las circunstancias institucionales, sociales e históricas son distintas, y las responsabilidades de cada actor deben acreditarse por sus propios actos. Pero tampoco sería sensato ignorar la advertencia universal que encierra aquella experiencia: cuando el adversario deja de ser alguien con quien competir democráticamente y pasa a ser alguien a quien amedrentar e incluso asesinar, la convivencia queda seriamente comprometida.

La democracia no se destruye únicamente mediante golpes de Estado o grandes episodios de violencia. También puede debilitarse cuando se trivializan las amenazas, se justifica el hostigamiento según quién sea la víctima o se acepta que la presión de la calle sustituya a los procedimientos legales.

Amparar, tolerar o restar importancia al hostigamiento contra líderes del Partido Popular, como está haciendo el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, en lugar de garantizar su derecho a ejercer la actividad política con libertad y seguridad, resulta incompatible con los principios de neutralidad, imparcialidad y respeto democrático que deben regir el ejercicio de todo cargo público.