Ignacio Andrade.- Cuando los símbolos son de los adversarios, se convierten en una amenaza para la democracia; cuando son de los propios, pasan a ser una expresión legítima de libertad. El problema no son las banderas, sino la arbitrariedad con la que algunos deciden cuáles merecen respeto y cuáles deben servir para estigmatizar a todo un colectivo.

En España, la libertad de expresión parece tener un curioso sistema de clasificación ideológica. No depende tanto de lo que se diga, de la conducta de quien se manifiesta o de la legalidad de sus actos como de la bandera que ondee sobre su cabeza. Hay símbolos que provocan una indignación inmediata, condenas solemnes y diagnósticos apocalípticos sobre el futuro de la democracia. Otros, sin embargo, despiertan una comprensión infinita, una indulgencia conmovedora y hasta una admiración que se presenta como compromiso cívico. La diferencia, al parecer, no está en el derecho a expresarse, sino en quién lo ejerce.

Basta observar la reacción suscitada por los jóvenes que acudieron a la Puerta del Sol con banderas españolas y otros símbolos políticos para comprobar hasta qué punto puede llegar esta doble vara de medir. A algunos les ha faltado tiempo para convertir su presencia en una especie de certificado colectivo de intolerancia, como si portar una bandera bastara para determinar la calidad moral de una persona, sus convicciones íntimas y hasta sus antecedentes familiares.

Una bandera española, en determinadas manos, parece convertirse automáticamente en una prueba circunstancial de extremismo. No importa que sea la bandera constitucional, que el joven no haya cometido ningún acto violento o que su presencia se limite a expresar una determinada identidad política. El juicio ya está dictado: culpable de representar todo aquello que determinados sectores consideran políticamente indeseable.

Ahora bien, conviene hacer una pregunta muy sencilla: ¿aplicamos el mismo criterio a todo el mundo?

Y es que en esa misma Puerta del Sol, y en otros escenarios de movilización política, también pueden verse banderas republicanas, enseñas comunistas y otros símbolos vinculados a tradiciones ideológicas que suscitan un rechazo profundo entre millones de españoles. Y, sin embargo, cuando esos símbolos aparecen en manos de determinados colectivos, la reacción de una parte de la izquierda cambia de manera extraordinaria. Lo que en el adversario es una provocación intolerable, en los propios se convierte en pluralismo. Lo que en unos demuestra peligrosidad, en otros constituye una legítima expresión de rebeldía. ¡Qué extraordinaria elasticidad moral!

La libertad de expresión es un derecho, no un privilegio reservado a quienes comparten nuestras ideas. Y precisamente por eso debe defenderse también cuando se manifiestan personas cuyas convicciones nos disgustan, cuyos símbolos nos incomodan o cuya visión de España nos resulta profundamente ajena. Si creemos de verdad en la libertad, debemos aceptar que no puede depender de la simpatía que nos inspire quien la ejerce.

Eso no significa que todas las banderas representen lo mismo, que todas las ideologías sean equivalentes o que todos los símbolos tengan idéntica carga histórica. Sería absurdo sostenerlo. La bandera de Falange, la bandera de Borgoña, la bandera republicana y las enseñas comunistas tienen significados y trayectorias diferentes. Algunas evocan episodios especialmente oscuros de nuestra historia; otras se asocian a tradiciones políticas diversas y a interpretaciones históricas enfrentadas. Ninguna queda exenta de crítica por el mero hecho de ser exhibida, pero hay una diferencia fundamental entre criticar un símbolo y utilizarlo como excusa para demonizar a todos aquellos que lo portan.

La legalidad de una enseña tampoco equivale a una aprobación moral de las ideas que representa. Que una bandera pueda exhibirse legalmente no obliga a nadie a admirarla y que una bandera nos resulte repugnante no nos concede automáticamente el derecho a convertir a su portador en un apestado social. La discusión democrática exige precisamente esa madurez: distinguir entre lo que nos gusta, lo que rechazamos y lo que tenemos derecho a prohibir.

El problema aparece cuando esa distinción desaparece y se aplica una especie de aduana ideológica a la libertad de expresión. Si los jóvenes son de izquierdas, sus símbolos se interpretan en clave de protesta social, inconformismo y diversidad. Si son de derechas, los mismos comentaristas que ayer reivindicaban la pluralidad descubren de repente que la presencia de determinadas banderas constituye una amenaza existencial para la convivencia.

No se trata de exigir aplausos para la Falange ni de reclamar que nadie celebre símbolos que le producen rechazo. Se trata de reclamar coherencia; es decir, quien defiende la libertad de expresión debe hacerlo sin preguntar primero a qué partido vota el manifestante y quien condena una determinada simbología por su significado histórico debe estar dispuesto a examinar con el mismo rigor crítico los símbolos que ondean en su propio espacio ideológico.

De lo contrario, no estamos ante una defensa de los principios democráticos, sino ante una defensa de los privilegios del propio bando.

Sol: la libertad de acampar y la libertad de indignarse

La controversia adquiere una dimensión adicional cuando se observa el trato dispensado a los jóvenes que acampan en Sol. Sus banderas, su estética y sus consignas suelen presentarse como elementos naturales de una movilización política que merece ser escuchada. Y, desde luego, sus reivindicaciones pueden debatirse y su derecho a expresarse debe respetarse.

Pero hay una cuestión que no debería desaparecer entre tanto entusiasmo militante: el derecho a manifestarse no convierte automáticamente en legal cualquier forma de ocupación del espacio público.

La legalidad de una acampada concreta depende de sus circunstancias, de las normas aplicables y, en su caso, de las resoluciones de las autoridades competentes. No basta con calificarla de ilegal desde una tribuna política; tampoco basta con invocar una causa supuestamente justa para quedar al margen de las reglas.

¿Con qué autoridad moral puede alguien reclamar una severidad implacable frente a los símbolos de sus adversarios y, al mismo tiempo, exigir comprensión ilimitada para los de sus compañeros de viaje?

La pregunta es especialmente pertinente cuando aparecen enseñas asociadas a organizaciones violentas o terroristas. Conviene ser rigurosos: no todas las banderas republicanas o comunistas representan organizaciones terroristas, ni su exhibición implica por sí misma adhesión al terrorismo. La valoración jurídica depende del símbolo concreto, de su contexto y de la conducta asociada. Pero esa cautela, perfectamente necesaria, debe aplicarse a todos por igual.

No se puede exigir un análisis minucioso del contexto cuando la bandera es la propia y, a continuación, reclamar que una enseña ajena sea juzgada exclusivamente por su peor interpretación histórica.

La coherencia democrática no consiste en fingir que todos los símbolos son inocentes. Consiste en aplicar criterios reconocibles, proporcionados y universales, sin convertir la identidad ideológica de sus portadores en una sentencia anticipada.

El casting moral de los jóvenes españoles

Y llegamos a la parte más reveladora de esta peculiar competición por repartir certificados de respetabilidad. Se ha hablado de los jóvenes que acudieron a Sol con banderas españolas como si su mera presencia revelara lo peor de la sociedad. Se ha sugerido, explícita o implícitamente, que su apariencia, sus símbolos o su orientación política bastan para situarlos fuera del perímetro de lo aceptable.
Bien. Hagamos entonces un pequeño ejercicio de sarcasmo.

Imaginemos que convocamos a los padres de toda España y les planteamos una elección hipotética. A un lado, un joven que lleva una bandera española, viste de manera convencional, mantiene una estética que podría describirse como patriótica y no ha protagonizado ningún comportamiento violento. Al otro, un joven de la acampada de Sol, con su indumentaria alternativa, sus greñas, sus consignas revolucionarias, su iconografía política y sus banderas rojas. Y preguntamos a los padres: «Vamos a ver, ¿a cuál de los dos preferirían ustedes como amigo de sus hijos, compañero de piso o novio de su hija?».

Podemos imaginar que las respuestas no serían precisamente unánimes. Algunos valorarían la afinidad ideológica; otros, la personalidad; muchos se preocuparían bastante más por los modales, la responsabilidad, la educación y el comportamiento que por cualquier bandera. Y no faltaría quien eligiera a uno u otro atendiendo exclusivamente a sus prejuicios.

Dicho esto, resulta llamativo que quienes convierten la apariencia de determinados jóvenes en un argumento de condena colectiva se ofendan cuando alguien hace exactamente lo mismo con los suyos. La estética alternativa se presenta como una expresión de autenticidad y libertad personal; la estética patriótica, en cambio, se convierte en objeto de sospecha. Una indumentaria merece comprensión sociológica; la otra, un diagnóstico político.

Hay que reconocer el mérito de semejante prodigio intelectual: conseguir que la ropa de una persona revele sus defectos morales antes incluso de que haya abierto la boca.

Por supuesto, un padre sensato no elegiría a los amigos de sus hijos mediante un concurso de banderas. Preguntaría por su educación, su honradez, su capacidad para respetar a los demás y su comportamiento cuando nadie los está mirando. Eso sería lo razonable.

La bandera del adversario siempre parece más peligrosa

Existe, sin embargo, una tentación política que explica buena parte de esta hipocresía: la de confundir la defensa de la democracia con la victoria cultural del propio bando.

Para quienes caen en ella, la democracia no es un marco de derechos y obligaciones compartidos, sino un escenario en el que sus símbolos deben ocupar el lugar de lo normal y los de sus adversarios el de lo sospechoso. Su libertad de expresión es una conquista histórica; la de los demás, una concesión que conviene vigilar. Sus manifestaciones son participación ciudadana; las ajenas, una amenaza. Sus banderas son memoria, justicia y esperanza; las del contrario, una provocación intolerable.

Este mecanismo no es patrimonio exclusivo de la izquierda. También existe en la derecha y en cualquier movimiento que se considere dueño de la virtud política. Pero señalarlo en otros no exime de examinarlo en casa. Y cuando el debate se centra en la reacción de determinados sectores de la izquierda española, lo razonable es exigirles que estén a la altura de los principios que dicen defender, ya que si la libertad solo merece protección cuando la ejercen los nuestros, no estamos defendiendo la libertad: estamos defendiendo una ventaja partidista.

Si la pluralidad solo nos parece admirable cuando las calles se llenan de banderas que nos gustan, no creemos realmente en la pluralidad. Y si consideramos que un joven puede ser condenado socialmente por llevar una enseña española mientras otro merece comprensión automática por exhibir símbolos comunistas, republicanos o revolucionarios, quizá el problema no esté en las banderas, sino en nuestros propios prejuicios.

La cuestión no es que todo deba parecernos aceptable. No tiene por qué serlo. Podemos rechazar el comunismo, el fascismo, el autoritarismo, el nacionalismo excluyente o cualquier ideología que consideremos incompatible con nuestros valores. Podemos discutir la historia de la Segunda República, la Guerra Civil, el régimen franquista y las responsabilidades de los distintos movimientos políticos. Podemos criticar duramente los símbolos y las ideas de nuestros adversarios. Lo que no podemos hacer, si pretendemos ser coherentes, es convertir la libertad en un privilegio ideológico y la tolerancia en una obligación que solo exigimos a los demás.

España arrastra suficientes heridas históricas como para que sus dirigentes, sus medios de comunicación y sus ciudadanos se dediquen a reabrirlas mediante competiciones de superioridad moral. Las banderas pueden representar convicciones profundas, recuerdos familiares, identidades políticas o proyectos de sociedad radicalmente distintos. Algunas despiertan admiración; otras, dolor, rechazo o indignación. Esa diversidad de sentimientos es inevitable en una democracia. Lo que no debería ser inevitable es la aplicación selectiva de los principios.

Así, si un joven tiene derecho a exhibir una bandera comunista, debe poder discutirse por qué otro no habría de tener el mismo derecho a mostrar una bandera española o una enseña política legal, siempre dentro de los límites que establece el ordenamiento jurídico. Si la estética de unos jóvenes se interpreta como una expresión de libertad individual, la de los otros no debería convertirse automáticamente en una prueba de perversidad. Y si se reclama tolerancia para unas consignas, habrá que explicar con criterios objetivos por qué otras merecen un tratamiento diferente.