José María Rotellar / El Debate.- Ahora que Sánchez ha convocado elecciones, y pese a que el Gobierno sigue empeñado en pintar todo de color de rosa al repetir que la economía cuenta con un crecimiento sólido, que lideramos el crecimiento europeo y que eso hace que seamos el ejemplo a seguir, no es verdad: no hay nada más lejos de la realidad.

La economía española vive anestesiada por ingentes cantidades de dinero público, que la sostienen artificialmente, pero que cuando se retiren dichos estímulos se resentirá, porque no se ha generado el marco económico adecuado para lograr que la economía, por sí misma, impulse el crecimiento.

Eso hace que, pese a las recientes revisiones, la tendencia siga sin ser buena, con múltiples problemas estructurales, como el déficit, la deuda o la inflación, que empobrece a los ciudadanos, además del endurecimiento del coste de financiación, que limita el acceso al crédito a las empresas y encarece los préstamos hipotecarios, por ejemplo, en los que las familias tienen que soportar un importante incremento.

Todo ello está empobreciendo a la población, con un repunte inflacionista y una pérdida de poder adquisitivo que hace que nuestro PIB per cápita pierda posiciones respecto a la media de la UE en relación con el puesto que ocupaba en 2017, último año completo antes de que Sánchez llegase al Gobierno. Desde entonces, España no ha dejado de retroceder posiciones en PIB per cápita en paridad del poder de compra.

Esa política económica del cangrejo, que hace retroceder a la economía española, se percibe también en nuestra comparación con algunos países del este que han sabido aplicarse y que nos han superado en porcentaje de PIB per cápita en paridad del poder de compra sobre la media de la UE, como es el caso de Eslovenia.

El Gobierno puede aumentar el PIB nominal impulsado por la inflación y, con ello, mitigar el cociente entre déficit sobre el PIB y deuda sobre el PIB, pero no lo resuelve, sólo lo maquilla artificialmente; puede tener un mayor crecimiento del PIB en términos constantes por efecto estadístico base, además de por el impulso desmedido del gasto público, que ha expulsado a la inversión; puede obligar, por ley, a que los contratos temporales se encuadren en los fijos discontinuos, aunque el empleo no se cree realmente, sino que se reparta; puede disimular la deuda y el déficit al compararlos con el PIB a base de revisiones extraordinarias de la actividad y del efecto inflacionista; el Gobierno puede lograr todo eso, pero lo que no puede conseguir es tapar el retroceso en prosperidad que está suponiendo su política económica, que nos lleva a ser cada vez más pobres en comparación con la media de la UE.

Todo ello, merma renta disponible a los agentes económicos, que se empobrecen, especialmente las familias. Eso nos lleva a que el empobrecimiento es tal que España empeora, comparada con el conjunto de la UE, donde España ocupa un lugar entre las primeras posiciones de población en riesgo de exclusión social, con un 25,7 %, casi cinco puntos superior que la media de la UE.

Este hecho, todavía es más acusado en el caso de pobreza infantil, con un 28,4 % de la población infantil, 8,8 puntos más que la media de la UE.

Por tanto, la política del gasto público desmedido, el déficit estructural, la deuda exponencial, la subida de impuestos, el intervencionismo en el mundo empresarial y la inseguridad jurídica sólo atraen a la pobreza, no a la riqueza, que hace que con Sánchez seamos más pobres que antes, como refleja la estadística de Eurostat, en una especie de política antisocial que practica, que busca sólo el corto plazo a costa de deteriorar la estructura económica española, de asfixiar con impuestos a ciudadanos y empresas, que hace que las familias cada vez lleguen con más dificultad a fin de mes y que muchas empresas abandonen nuestro país en busca de otros lugares que no sean tan confiscatorios, que no tengan tantas trabas, que no dificulten tanto la generación de actividad y empleo, de riqueza, en definitiva.

Junto a ello, unos salarios netos en términos constantes menores que los de 2018 y una inflación por encima de la media de la eurozona y tres puntos mayor que el objetivo de precios del BCE, hacen que los españoles pierdan poder adquisitivo y se encuentren, en muchos casos, asfixiados.

Asimismo, Sánchez deja unas cuentas públicas sin sanear, pese al récord de recaudación por la asfixia a impuestos a los ciudadanos y empresa, con un déficit estructural creciente y una deuda enorme, que con la subida de tipos consumirá cada vez más recursos que drenará de los servicios esenciales.

La política intervencionista del sanchismo, tras ocho años en el poder, sólo nos deja retroceso, en todos los ámbitos. Hay retroceso económico, porque somos menos competitivos; hay retroceso en seguridad jurídica, porque somos menos fiables; hay retroceso en libertad económica, porque somos más intervencionistas; hay retroceso social, porque somos más pobres; hay retroceso en la defensa de la integridad territorial de España, porque nada se ha hecho para expulsar a los invasores de Ceuta; hay ocupación de las instituciones, porque en todas ha maniobrado a su antojo; hay sospechas de oscuridad electoral, por el empeño en nacionalizar sin control con la ley de nietos.

Es su triste legado, que puede deteriorarse todavía mucho más en esos casi dos meses, pues su declaración institucional no ha sido tal, sino un mitin partidista desde la sede de Presidencia del Gobierno, con un tono guerracivilista –dos bandos, lenguaje tosco e incendiario, que busca remover vísceras–, que recuerda a las elecciones de febrero de 1936. Entonces, la izquierda hizo trampas, documentadas están, y así se hizo con el poder y dio un golpe de Estado con la destitución ilegal de Alcalá Zamora, que desembocó en el horror de la guerra civil. Sánchez, con casi toda probabilidad, saldrá del Gobierno, pero va a intentar hacer todo lo que esté en su mano, todo, para que eso no ocurra, y si ocurre, generará un clima social asfixiante para tratar de acorralar al futuro gobierno de centro-derecha y provocar su caída.

*​José María Rotellar es profesor de Economía y director del Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria