Ignacio Loring.- Los silencios sindicales de UGT y CCOO durante los años de Gobierno de Pedro Sánchez dicen mucho más que cien pancartas y resultan difícil de ignorar cuando, precisamente ahora, anuncian una huelga general de 24 horas.

Es evidente que acceder a una casa se ha convertido en uno de los grandes problemas sociales de España. Tampoco está en discusión el legítimo derecho de los sindicatos a movilizar a los trabajadores. Lo que merece una crítica mucho más severa es el momento, el motivo y la coherencia de quienes convocan.

UGT y CCOO aseguran que la huelga pretende reivindicar salarios suficientes para acceder a una vivienda digna. Esa es su explicación oficial, pero la convocatoria se produce inmediatamente después del fracaso parlamentario de los decretos de vivienda del Gobierno y cuando Pedro Sánchez acaba de convocar elecciones generales para el 29 de noviembre. Además, las propias centrales han confirmado que el paro se celebrará antes de esos comicios.

La coincidencia temporal es demasiado significativa como para que el ciudadano no pueda hacerse preguntas.

Durante años, los trabajadores han sufrido inflación, pérdida de poder adquisitivo, dificultades para acceder a una vivienda, precariedad en determinados sectores y una presión fiscal creciente. Sin embargo, la contundencia sindical no ha sido proporcional a la gravedad de todos esos problemas. Ahora, cuando la vivienda se ha convertido en el principal eje de la batalla política, los sindicatos mayoritarios deciden elevar la protesta hasta una huelga general.

De ahí que sea inevitable preguntar: ¿defienden al trabajador o han terminado funcionando como un instrumento de propaganda al srvicio del sanchismo?

No hace falta atribuir intenciones ocultas para plantear la cuestión. Basta observar los hechos. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha defendido públicamente que el legado laboral de los gobiernos de Sánchez durante estos años es “inmenso” y ha destacado las reformas realizadas desde 2018. Al mismo tiempo, su organización anuncia ahora una huelga general contra una cuestión que afecta directamente a la política desarrollada —y a la política que pretende desarrollar— el Ejecutivo.

El sindicalismo debería ser incómodo para cualquier Gobierno y ese es precisamente el problema de fondo. Un sindicato no puede convertirse en aliado estructural de un Ejecutivo y recuperar súbitamente el tono de la movilización cuando ese mismo Ejecutivo afronta una situación electoral delicada. Si se protesta, se protesta; si se exige, se exige, y si una política perjudica a los trabajadores, debe denunciarse independientemente de quién ocupe La Moncloa.

El trabajador que no puede pagar el alquiler tampoco debería tener que preguntarse si la central sindical que dice representarlo está defendiendo sus intereses o participando, consciente o inconscientemente, en una determinada estrategia política, no en favor de sus intereses, sino en contra de que gobiernen otros..

La vivienda merece una respuesta mucho más seria que una guerra de pancartas. Y los salarios merecen algo más que ser utilizados como argumento para una movilización coyuntural. Una democracia seria necesita sindicatos fuertes, independientes y capaces de enfrentarse al poder político cuando sea necesario.

Si los sindicatos quieren recuperar parte de su credibilidad perdida, tienen una tarea sencilla aunque exigente: demostrar que su vara de medir es exactamente la misma gobierne quien gobierne. Si el sindicalismo parece selectivo, entonces pierde credibilidad y hasta razón de ser.

Por ello, cuando una huelga general aparece precisamente cuando el Gobierno convierte la vivienda en su principal batalla política y cuando se aproxima una cita electoral, la obligación de los sindicatos no es indignarse porque alguien cuestione sus motivos.

El sectarismo de UGT y CCOO no hace sino dar validez al discurso en favor de recortar las ayudas y subvenciones que reciben. Cuando los intereses de las siglas terminan pesando más que los intereses de los trabajadores, entonces los sindicatos no son otra cosa que defensores de la mafia sanchista con la coartada de la defensa de los trabajadores.