La purga de Marlaska a los guardias civiles que se negaron a elaborar el dossier sobre periodistas (Videocomentario de Joaquín Abad)
El Ministerio del Interior protagoniza uno de los episodios más oscuros y totalitarios de la democracia reciente en España. Las actitudes dictatoriales de Fernando Grande-Marlaska ya no se limitan al control de la opinión pública a través del fichaje ideológico de los periodistas, sino que avanzan de forma implacable hacia la persecución interna dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Seis guardias civiles denuncian que Marlaska les cesó, esto es, les purgó, tras negarse a elaborar un dosier ideológico de periodistas. Este escándalo, desvelado inicialmente por el diario El Español, y recoge Periodista Digital, destapa el verdadero rostro de un departamento que utiliza métodos de vigilancia propios de regímenes autocráticos para señalar a los profesionales de la información.
Los agentes argumentan que se negaron a clasificar a informadores según sus convicciones políticas y que, a raíz de esto, fueron apartados de sus funciones. El castigo inmediato a estos funcionarios demuestra la falta de escrúpulos de un ministro que no tolera la integridad moral dentro de la institución. Quienes se niegan a cumplir órdenes manifiestamente ilegales o inmorales sufren una purga inmediata, dejando claro que el sometimiento ideológico impera sobre el deber constitucional.
Un documento interno con perfiles políticos y listas negras
El documento estalininista, elaborado en febrero de 2024 por la Oficina de Comunicación del Interior, recopila perfiles detallados, fotografías y valoraciones sobre la orientación política y el historial profesional de comunicadores en activo. El archivo examina a 281 profesionales y se extiende a lo largo de 54 páginas, afectando a redactores, columnistas, tertulianos y directivos de las principales organizaciones de prensa del país. Entre las etiquetas que figuran en las fichas destacan descripciones explícitas como «afín al PSOE», «tendencia conservadora», «alineado con posiciones de derechas» o «reconocido antisanchista».
El Ministerio del Interior ha admitido la veracidad del documento, Igualmente, el ministro ha afirmado que no tenía «ninguna finalidad espuria». Sin embargo, la justificación oficial carece de credibilidad ante la opinión pública, pues nadie elabora una base de datos de 54 páginas con adscripciones ideológicas si no busca establecer un control férreo sobre la prensa crítica y purga a quien se niega a elaborarlo.
La resistencia de los agentes que rechazan participar
Los seis guardias civiles formaban parte del equipo de Comunicación del ministro y recibieron instrucciones directas para confeccionar estas listas de control político. Los funcionarios decidieron frenar el encargo porque consideraron que la tarea vulneraba los derechos fundamentales de los ciudadanos y se alejaba por completo de las funciones asignadas al cuerpo benemérito. La respuesta del Ministerio a esta objeción de conciencia fue fulminante: la destitución inmediata de sus puestos de trabajo.
El despacho de abogados que defiende a los agentes valora solicitar su comparecencia como testigos ante el juzgado de Madrid que evalúa abrir una investigación penal. Las declaraciones de los guardias civiles resultarán cruciales para identificar quién ordenó la creación del archivo, cómo se estructuró la cadena de mando y hasta qué punto los responsables políticos supervisaron la caza de brujas.
Un precedente totalitario difícil de ignorar
La deriva autoritaria del Ministerio del Interior dirigido por Marlaska daña gravemente la imagen internacional de España y dinamita la confianza de los ciudadanos en sus instituciones de seguridad. El verdadero peligro reside en que la Administración comience a juzgar no solo el contenido informativo, sino además quién lo firma, en qué medio se publica o qué posturas se les atribuyen. El testimonio de los seis guardias civiles expulsados de sus funciones servirá para esclarecer si la confección del dossier responde a un hecho aislado del gabinete de prensa o si forma parte de una estrategia sistemática de espionaje y control gubernamental. Entre etiquetas políticas y ceses injustificados, el documento ha dejado de ser un simple archivo para convertirse en una prueba evidente de los tics dictatoriales de un ministro acorralado por sus propios abusos de poder.
