Pedro Sánchez ha vuelto a demostrar que su prioridad no es resolver el problema de la vivienda, sino sobrevivir políticamente a sus socios. El Consejo de Ministros aprobó ayer dos reales decretos sobre alquileres, una auténtica pirueta legislativa para intentar contentar a todos, aunque agrave la situación.

El primero, con más posibilidades de superar la votación parlamentaria, amplía hasta 2030 la protección frente a los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional y establece una prórroga obligatoria de dos años para los contratos en vigor que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028. También regula los alquileres de temporada y por habitaciones y limita la adquisición de vivienda protegida por fondos hasta 2028. El segundo, impulsado fundamentalmente para satisfacer las exigencias de Sumar, establece la renovación automática de los contratos de alquiler. Su futuro parlamentario parece, en principio, más incierto. Ambos textos serán sometidos a la consideración del Congreso en un pleno extraordinario convocado para este viernes.

Y aquí es donde aparece el primer problema: el trilerismo político. En lugar de apostar por una política de vivienda coherente, el Gobierno trocea las medidas para intentar mantener unidas las distintas piezas de una mayoría parlamentaria cada vez más complicada. Pero lo verdaderamente grave es que ninguno de estos decretos crea una sola vivienda, pone una grúa en funcionamiento, libera suelo, reduce burocracia o acelera licencias. Muy al contrario, expulsa a más propietarios del mercado del alquiler con la consiguiente alza de los precios. La ley de la oferta y la demanda, que Pedro Sánchez debería conocer como economista que es, y por la inseguridad jurídica que crea una vez más. Por supuesto, lo aprobado no tiene nada que ver con el asunto de Maricarmen. Pero, ¡qué más da! A demagogia no le gana nadie si se trata de seguir en La Moncloa.

Tampoco ningún decreto de los aprobados tiene que ver con la falta ya crónica de vivienda. El Banco de España acaba de elevar hasta un millón el déficit previsto para 2028. El organismo ya venía alertando de que el crecimiento de la demanda, 4 millones de extranjeros desde 2018 y cientos de miles de hogares nuevos, choca con una oferta rígida e insuficiente que abonará la falta de viviendas y presionará los precios al alza.

Además, no se puede convertir al propietario en pagafantas de un gobierno que en ocho años solo ha empeorado el acceso a una vivienda, menos aún si eres una persona vulnerable, un joven o una persona mayor, justo a los que dicen proteger. Para remate, la decisión tomada ayer por el Gobierno crea un problema jurídico de primer orden, ya que entran en vigor con su publicación en el BOE, pero necesitan ser convalidados por el Congreso. Entre ambas fechas queda un limbo especialmente delicado para contratos, propietarios e inquilinos.