La Comisión Europea ya había avisado: España no estaba preparada para una llegada masiva como la registrada en Ceuta a finales de julio
Frontera del Tarajal.
La Comisión Europea había puesto sobre la mesa, más de dos meses antes de la entrada masiva registrada en Ceuta los días 30 y 31 de julio, algunas de las debilidades que España debía corregir para responder ante episodios de fuerte presión migratoria en sus fronteras exteriores.
El aviso aparece recogido en el Informe sobre el Estado de Schengen 2026, publicado por Bruselas el pasado 18 de mayo y que, según ha adelantado El Mundo, señalaba varias asignaturas pendientes de España en materia de planificación, coordinación europea y retorno de ciudadanos de terceros países sin derecho a permanecer en territorio comunitario.
El documento de la Comisión advertía de que, aunque los Estados miembros habían avanzado en la elaboración de planes para afrontar una llegada masiva de nacionales de terceros países, España se encontraba entre los tres países, junto a Grecia y Austria, que todavía estaban en proceso de formalizar completamente estos mecanismos. Además, figuraba entre los seis Estados que aún no habían probado su funcionamiento.
Bruselas consideraba que la preparación ante una crisis no podía quedarse únicamente en la vigilancia y gestión de la frontera. La Comisión reclamaba que los mecanismos nacionales incorporasen también los procedimientos de retorno y estuvieran respaldados por análisis de riesgos capaces de anticipar distintos escenarios.
España aparecía igualmente entre los países cuyos planes no contemplaban entonces la posibilidad de recurrir al apoyo europeo. El informe señalaba, además, que la planificación española no incluía suficientemente la coordinación con Frontex y que tampoco se había consultado a los Estados vecinos para preparar una respuesta conjunta ante posibles situaciones de presión.
La Comisión defendía precisamente una mayor dimensión europea de estos dispositivos. El objetivo era evitar respuestas aisladas y conseguir que, ante una crisis, los Estados pudieran actuar de manera más rápida y coordinada, recurriendo desde el primer momento a los instrumentos disponibles dentro de la Unión Europea.
El capítulo dedicado a los retornos constituía otra de las advertencias relevantes. España figuraba entre el grupo de países que todavía debía integrar plenamente estas operaciones dentro de su planificación basada en riesgos. Bruselas reclamaba reforzar las capacidades operativas y aprovechar en mayor medida las herramientas comunitarias y la asistencia de Frontex.
El escenario descrito en mayo adquiere una especial dimensión después de lo sucedido en Ceuta. La entrada masiva de los días 30 y 31 de julio obligó a desplegar una respuesta extraordinaria para atender a decenas de miles de personas y gestionar posteriormente su acogida, identificación y eventual retorno.
La propia Unión Europea ha terminado movilizando recursos para hacer frente a la situación. En septiembre, la Comisión anunció una ayuda de emergencia de 114,7 millones de euros para España y confirmó la movilización del apoyo operativo de Frontex, Europol y la Agencia de Asilo de la Unión Europea para colaborar con las autoridades españolas.
El informe europeo, por tanto, no anticipaba que fuera a producirse una crisis concreta en Ceuta, pero sí había identificado semanas antes debilidades en algunos de los mecanismos que debían permitir a España afrontar una eventual llegada masiva y gestionar posteriormente los retornos.
