Isabel Durán.- Hay mentiras políticas que necesitan años de investigación para desmontarse y otras que tienen la mala costumbre de haber quedado escritas por quienes ahora las cuentan. La de la ley de nietos y el objetivo del Gobierno para impactar en el censo electoral pertenecen a la segunda categoría.

Pedro Sánchez fue preguntado después de que el Tribunal Supremo interviniera sobre los efectos electorales de las nacionalidades concedidas al amparo de la Ley de Memoria Democrática. Su respuesta fue convertir la cuestión en una reparación histórica: «familiares, nietos, nietas de exiliados» por la Guerra Civil y la dictadura. Lo dijo en Televisión Española, el centro emisor audiovisual del fango de La Moncloa.

Después llegó Sofía Puente, la autora de la instrucción que amplió por la puerta de atrás lo votado expresamente por el Parlamento. Respondió también en Tele-NODO, que «el censo electoral no tiene un color político». Proclamó además que constituye un «prejuicio» pensar que los nuevos electores vayan a votar al PSOE y que resulta «completamente simplista» deducirlo porque la norma proceda de un Gobierno socialista. La fiscal de carrera responsable de la nacionalización masiva de presuntos españoles fabricados al amparo de su cambio de criterio en la instrucción apuntó maneras de vicepresidenta haciendo una exhibición de poderío político en el que repartió culpas y desplazó el meollo desde su propia actuación hacia la ideología de quienes la cuestionan mientras ponía en solfa la imparcialidad del Tribunal Supremo. Y Ferraz remató el argumentario: el «bulo del pucherazo».

Hoy demostramos que el «bulo» lo dejaron por escrito paso a paso. Está descrito en sus Memorias de Gestión de la Comisión Ejecutiva Federal, Ponencias y Resoluciones de sus Congresos, el programa electoral de las generales de 2023 y hasta en el Plan de Trabajo del PSOE-Madrid.

Queda claro que la ley que hábilmente denominaron ley de nietos es falsa porque la ampliaron ilegalmente a bisnietos y tataranietos con el ojo puesto en el voto cera. Que el Gobierno activó las reformas para conseguirlo. Y que, cuando Sánchez empezó a recoger los frutos con un desorbitado incremento de votantes en el exterior, Moncloa y Ferraz cambiaron el relato de su estrategia y decidieron ocultar los resultados. Son sus documentos los que demuestran que el PSOE no estudiaba el CERA como una abstracción sentimental sobre nuestros emigrantes. Estaba contando cómo daba y quitaba escaños mientras fabricaba presuntos españoles a la carta, desplegando una extraordinaria actividad de captación de votantes en el exterior. Todo esto estaba escrito por el partido del Gobierno antes de la actual polémica electoral.

La gran mentira consiste en sostener ahora que la existencia de una estrategia política del sanchismo sobre nacionalidad, voto exterior, jóvenes, expansión de la colectividad y crecimiento de sus agrupaciones es un «bulo». No lo es. Está descrita negro sobre blanco en sus propios documentos que hoy revelamos. Y mientras el Gobierno y la sincronizada continúan reduciendo públicamente el asunto a los descendientes del exilio, el Tribunal Supremo ha considerado suficientemente grave la situación como para suspender cautelarmente los efectos electorales de las inscripciones de los nacionalizados por el Gobierno hasta resolver el fondo, salvo para quienes acrediten el supuesto de exilio exigido.

La mayor adulteración de las reglas de juego democrático

Por fortuna, las instituciones han reaccionado. La Junta Electoral Central ha anunciado que cumplirá las medidas dictadas por el Supremo y recabará la documentación necesaria para ejecutarlas, tras el valiente voto particular de sus cuatro vocales que puso a la mayoría contra las cuerdas. Queda ahora la sentencia definitiva a la espera de las próximas maniobras de un Ejecutivo desesperado por anular la decisión del más alto tribunal jurisdiccional. Pero hay una sentencia que los documentos ya han dictado sobre el relato político: el PSOE sí pensó en expansión política, sí habló de recuperar espacio perdido con la nacionalidad de los nietos y bisnietos, sí vinculó las reformas con las citas electorales y sí convirtió el CERA en objeto de su trabajo político y orgánico.

En ya más de setenta artículos de investigación, El Debate ha documentado pieza a pieza lo que constituye la historia de la mayor estafa democrática de nuestra historia reciente: el as que Sánchez llevaba años preparando y guardaba celosamente en la manga para asegurarse la victoria electoral «hasta el 27 y mucho más». Lo que falta por determinar ahora es hasta dónde traspasó también los límites de la legalidad. Ni las cloacas, ni el putrefacto hedor de corrupción en La Moncloa, ni mucho menos la negligente gestión del Ejecutivo de Ceuta, que podría desembocar en un estado de excepción, alarma o de sitio que imposibilite constitucionalmente la convocatoria electoral, pueden ya tapar la gran operación de manipulación electoral en lo que constituye la mayor adulteración de las reglas de juego democrático.