En una entrevista publicada en el canal de YouTube de Armando Robles, el abogado, politólogo y sociólogo Estanislao de Kostka realiza un repaso especialmente crítico de la crónica política del denominado «sanchismo», abordando algunas de las controversias que, a su juicio, han marcado la trayectoria de Pedro Sánchez y de su entorno político.

Durante la conversación, Kostka, que es también jefe de la asesoría jurídica de este medio, formula afirmaciones muy contundentes sobre la situación de Sánchez y acerca del supuesto contenido de su teléfono móvil, aludiendo al caso Pegasus y a Marruecos. Sostiene rotundo al respecto que «Sánchez está cogido por donde está cogido: por el Pegasus y el sultán» y llega a especular con la posible existencia de material comprometedor en el teléfono del presidente.

En este contexto, Kostka afirma: «¿Tú te imaginas su WhatsApp? ¿Tú te imaginas su móvil? Creo que han encontrado hasta pornografía infantil». Añade a continuación, que Sánchez «viene del mundo de la prostitución» y considera que no es ninguna animalada pensar que puede haber determinadas fotos de ese tipo».

La entrevista representa una lectura abiertamente crítica de los años de Gobierno de Pedro Sánchez, en la que Kostka combina análisis político y una contundente interpretación sociológica sobre las graves cuestiones políticas que hoy gravitan sobre la vida española.

En la entrevista, Kostka considera preocupante el abuso político de la excepcionalidad normativa, cuando el decreto-ley deja de ser una herramienta extraordinaria y se convierte en un modo ordinario de legislar. Y a su juicio, lo es igualmente el retraso o la insuficiencia de reformas pendientes en materia de independencia judicial, lucha contra la corrupción de alto nivel, conflictos de interés, transparencia y pluralismo de los medios públicos. La Comisión Europea ha venido señalando avances limitados en varias de estas materias y mantiene recomendaciones dirigidas a España, que no se cumplen.

¿El Gobierno está normalizando prácticas que hace unos años habrían provocado una crisis política inmediata?

Sí. Se ha normalizado una política de resistencia permanente: resistir ante el desgaste, ante la pérdida de apoyos, ante la crítica institucional, ante las investigaciones, ante la evidencia de contradicciones y ante el deterioro de la confianza pública. No sostengo que toda actuación discutida sea ilegal, ni que toda investigación determine culpabilidad. Sostengo que una democracia sana exige estándares políticos más altos que el mínimo penal.

Antes, determinadas contradicciones entre lo prometido y lo ejecutado habrían generado dimisiones, elecciones anticipadas, comparecencias exhaustivas o un deterioro político irreversible. Hoy se pretende resolver casi todo con una campaña de comunicación, una descalificación al adversario o un argumento de bloque: “si no gobiernan ellos, gobiernan los otros”. Ese es un umbral peligrosamente bajo para exigir responsabilidad.

¿Dónde situaría la frontera entre una legítima estrategia parlamentaria y el uso partidista de las instituciones?

La estrategia parlamentaria es legítima cuando negocia políticas dentro de los límites constitucionales y con vocación de interés general. Se convierte en uso partidista de las instituciones cuando el Estado deja de ser un marco común y pasa a funcionar como una pieza de supervivencia de un Gobierno.

La frontera se cruza cuando se modifican decisiones esenciales no porque el país lo necesite, sino porque una investidura lo exige; cuando se pretende desacreditar a un juez porque investiga; cuando se considera enemigo a un medio porque pregunta; cuando se convierte el aparato público en una maquinaria de relato; o cuando se confunde la defensa del Ejecutivo con la defensa de España.

Un Gobierno puede negociar. Lo que no debe hacer es negociar la igualdad ante la ley, la credibilidad de las instituciones o la independencia de los poderes del Estado.

¿Hasta dónde llega el poder de Pedro Sánchez y dónde empieza, a su juicio, la erosión de los contrapesos institucionales?

El poder de un presidente en una democracia no llega hasta donde alcancen sus votos parlamentarios, sino hasta donde le permitan la Constitución, la ley, la separación de poderes y el respeto efectivo a quienes discrepan. La erosión empieza cuando una mayoría deja de entenderse como mandato temporal y condicionado, y pasa a utilizarse como autorización para colonizar órganos, desacreditar controles, alterar reglas esenciales de convivencia o convertir cualquier oposición institucional en una supuesta conspiración.

Mi preocupación no es que un Gobierno gobierne: para eso ha sido investido. Mi preocupación aparece cuando parece gobernar contra los límites, contra los contrapoderes y contra la obligación elemental de rendir cuentas. Una democracia no se define porque se vote cada cuatro años; se define porque el poder acepta frenos entre elecciones.

¿Estamos ante una transformación profunda del sistema político español o simplemente ante una forma especialmente intensa de ejercer el poder?

Creo que se está produciendo algo más grave que un estilo particularmente intenso de ejercer el poder. Estamos ante una tendencia de transformación de las reglas no escritas de la democracia española: la idea de que todo lo que resulta jurídicamente posible es automáticamente legítimo; que toda crítica es una operación política; que toda investigación incómoda es una persecución; y que todo acuerdo resulta aceptable si asegura una investidura o prolonga una legislatura.

Eso tiene consecuencias profundas. Porque las instituciones no se deterioran únicamente cuando se vulnera frontalmente la ley. También se deterioran cuando se vacían de prestigio, de imparcialidad percibida, de prudencia y de lealtad constitucional. Y en España se han tensado demasiadas líneas rojas al mismo tiempo.

¿Qué decisiones de los últimos años considera más preocupantes desde el punto de vista del Estado de derecho?

La principal preocupación es la utilización de decisiones de enorme trascendencia institucional, como moneda de negociación para sostener una mayoría parlamentaria. El debate sobre la amnistía, la relación con el independentismo, la política de nombramientos, el cuestionamiento reiterado de resoluciones judiciales incómodas y la presión retórica sobre jueces, medios y órganos de control forman parte de un mismo problema: la subordinación de principios estructurales a necesidades coyunturales de poder.

También es preocupante el abuso político de la excepcionalidad normativa, cuando el decreto-ley deja de ser una herramienta extraordinaria y se convierte en un modo ordinario de legislar. Y lo es igualmente el retraso o la insuficiencia de reformas pendientes en materia de independencia judicial, lucha contra la corrupción de alto nivel, conflictos de interés, transparencia y pluralismo de los medios públicos. La Comisión Europea ha venido señalando avances limitados en varias de estas materias y mantiene recomendaciones dirigidas a España, que no se cumplen.

¿El Gobierno está normalizando prácticas que hace unos años habrían provocado una crisis política inmediata?

Sí. Se ha normalizado una política de resistencia permanente: resistir ante el desgaste, ante la pérdida de apoyos, ante la crítica institucional, ante las investigaciones, ante la evidencia de contradicciones y ante el deterioro de la confianza pública. No sostengo que toda actuación discutida sea ilegal, ni que toda investigación determine culpabilidad. Sostengo que una democracia sana exige estándares políticos más altos que el mínimo penal.

Antes, determinadas contradicciones entre lo prometido y lo ejecutado habrían generado dimisiones, elecciones anticipadas, comparecencias exhaustivas o un deterioro político irreversible. Hoy se pretende resolver casi todo con una campaña de comunicación, una descalificación al adversario o un argumento de bloque: “si no gobiernan ellos, gobiernan los otros”. Ese es un umbral peligrosamente bajo para exigir responsabilidad.

¿Dónde situaría la frontera entre una legítima estrategia parlamentaria y el uso partidista de las instituciones?

La estrategia parlamentaria es legítima cuando negocia políticas dentro de los límites constitucionales y con vocación de interés general. Se convierte en uso partidista de las instituciones cuando el Estado deja de ser un marco común y pasa a funcionar como una pieza de supervivencia de un Gobierno.

La frontera se cruza cuando se modifican decisiones esenciales no porque el país lo necesite, sino porque una investidura lo exige; cuando se pretende desacreditar a un juez porque investiga; cuando se considera enemigo a un medio porque pregunta; cuando se convierte el aparato público en una maquinaria de relato; o cuando se confunde la defensa del Ejecutivo con la defensa de España.

Un Gobierno puede negociar. Lo que no debe hacer es negociar la igualdad ante la ley, la credibilidad de las instituciones o la independencia de los poderes del Estado.