Una ciudad como Ceuta necesita algo tan sencillo como que alguien diga en voz alta lo que sus vecinos llevan semanas diciendo. Que no minimice sus miedos. Que no convierta sus problemas en una cuestión de percepción. Que no les explique desde Madrid que aquello que están viviendo, viendo y padeciendo no es exactamente lo que creen que es.

Este jueves, el Parlamento Europeo ha hecho precisamente eso. La Eurocámara ha aprobado una resolución sobre la crisis de Ceuta que la tilda de invasión, denuncia la instrumentalización de la migración, reclama investigar las responsabilidades por la entrada masiva desde Marruecos y exige que Rabat responda por lo ocurrido. La votación salió adelante con 339 votos a favor, 225 en contra y 16 abstenciones. Para los ceutíes, acostumbrados demasiado a menudo a que desde determinados despachos se rebaje la gravedad de cuanto sucede en esta frontera, no es un detalle menor. Es, sencillamente, un reconocimiento político de que lo ocurrido no puede despacharse como una mera contingencia migratoria.

Europa ha mirado a Ceuta. Y, mientras tanto, el Gobierno de Pedro Sánchez parece empeñado en mirar hacia otro lado. No es una cuestión de siglas. Tampoco de simpatías partidistas. Es una cuestión de trato institucional. Una ciudad española sufrió una entrada masiva sin precedentes recientes, vio alterada su vida cotidiana, sus servicios públicos, sus colegios, su sanidad y su seguridad, y durante demasiados días recibió desde el Gobierno más desprecios que soluciones.

El contraste resulta difícil de ignorar. Mientras Juan Vivas pide respuestas y soluciones, Sánchez responde con “eso se lo preguntas a Vivas”. Como si la frontera fuera un asunto del presidente de Ceuta y no una responsabilidad primordial del Estado. También Marlaska con su “inseguridad subjetiva”. Luego Mónica García con la normalidad sanitaria, aunque los profesionales están afrontando una presión extraordinaria. Y en los colegios, la promesa de Tolón sobre que la seguridad estaba garantizada, aunque no se veía: los agentes iban de paisano. Quizá ahí esté resumido todo el problema. Una seguridad que no se ve. Una inseguridad que es subjetiva. Una sanidad que está al límite pero no colapsa. Una frontera sometida a una presión extraordinaria que, desde Madrid, siempre parece encontrarse a medio camino entre la normalidad y la excepcionalidad.

Y después, el baile de cifras de Ángel Víctor Torres y Elma Sain. Demasiadas explicaciones. Demasiadas versiones. Demasiados matices. Muy pocas respuestas. Y ninguna expulsión tras procedimientos resueltos… Cuando una ciudad exige certezas, recibir versiones cambiantes alimenta exactamente lo contrario: la desconfianza.

Tampoco ayuda que el Gobierno haya dedicado una parte considerable de su energía a atacar a Juan Vivas. El presidente de Ceuta puede ser criticado y fiscalizado como cualquier otro gobernante. Pero convertir al presidente de Ceuta en el problema es confundir el síntoma con la enfermedad. Y ahí han abundado los ejemplos… tanto Óscar Puente como Óscar López, y otros dirigentes socialistas han encontrado tiempo para atacar al presidente ceutí mientras Ceuta espera respuestas. ¿De verdad cree Moncloa que el problema de Ceuta es Juan Vivas? Si lo cree, es que no ha entendido nada de lo que está ocurriendo.

Porque el malestar en Ceuta no pertenece a un partido. La preocupación por la frontera con Marruecos no pertenece al Partido Popular. La angustia de una madre ceutí ante el colegio de sus hijos no pertenece a unas siglas. El cansancio de un sanitario no tiene ideología. Y el temor de un ciudadano que ve deteriorarse su barrio no es de ultraderecha…. Ceuta no necesita que el Gobierno dé la razón a Vivas. Necesita que el Gobierno dé la razón a los hechos cuando los hechos la tengan. Y necesita, sobre todo, que el Gobierno de España ejerza como Gobierno de España.

La resolución europea tiene, además, un elemento político especialmente significativo. Los socialistas europeos votaron en contra del texto, mientras la mayoría que permitió su aprobación lo respaldó. Ese dato debería provocar una reflexión profunda en el Ejecutivo de Sánchez. Porque una cosa es discrepar del término “invasión” o de determinadas formulaciones de la resolución. Y otra muy distinta es no comprender por qué esas palabras encuentran eco en una ciudad que ha vivido una entrada masiva de decenas de miles de personas, que reclama respuestas sobre quién permitió, facilitó o no impidió aquello, y que suplica la expulsión de todos los que entraron para volver a la normalidad

Europa ha entendido que hay preguntas que deben hacerse. Ceuta lleva semanas haciéndolas. Lo que resulta cada vez más difícil de entender es por qué el Gobierno de España parece más preocupado por combatir el relato de Ceuta que por explicar a los ceutíes qué ocurrió, quién tuvo responsabilidad, qué piensa hacer para que no vuelva a ocurrir y cuándo piensa hacerlo. No se gobierna una frontera europea con eufemismos. No se devuelve la tranquilidad llamando subjetivo al miedo. No se recupera la confianza negando la tensión. Y no se fortalece la autoridad del Estado atacando a quien, desde el territorio directamente afectado, reclama su presencia.

La Eurocámara ha hecho algo que debería haber hecho antes el Gobierno español: poner el foco en las responsabilidades. Ahora toca responder. A Marruecos, por supuesto. Pero también al Gobierno de Sánchez.