Ceuta va a certificar el descalabro electoral final del sanchismo, tal y como acreditan todas las encuestas publicadas estos últimos días. Por supuesto, sin perjuicio de que el “Cistezanos” contradiga a todo el mundo y al más elemental sentido común de los españoles no sumidos en el culto al “P… amo” de Óscar Puente. Con Vox por encima del 18% y cercano al 19/20% de intención de voto y por encima de los 60 escaños, la suma con el Pp ya superaría los 200 escaños e incluso podría alcanzar a los 210 que son los 3/5 del Congreso. Lo que les permitiría aprobar iniciativas parlamentarias de destacado significado político. Con la que por ejemplo podrían promover y aprobar una reforma constitucional por la vía del artículo 167. Aunque no bastaría para hacerlo por la vía agravada de los artículos 168 y 169 que exigen una mayoría muy cualificada de ambas Cámaras de las Cortes Generales.

En cualquier caso, sería muy significativo políticamente si ese eventual Gobierno llegara a disponer de legitimación para esa propuesta de reforma Constitucional con los 210 diputados y mayoría absoluta de los miembros del Senado. Lo de la tumba política sanchista lo perciben hasta sus aliados parlamentarios, sin cuyo apoyo la “coalición progresista” y auténtico Frente Popular socialcomunista en el gobierno no tiene más remedio que oficializar su final.

Ejemplo significativo de ello es el caso del PNV, cuyo felón apoyo a la moción de censura en mayo de 2018 decantó la balanza en favor de Sánchez que resultó investido presidente del Gobierno con la insólita cifra de tan sólo 85 diputados por parte del grupo parlamentario socialista. Los nacionalistas vascos ven amenazada su posición política en los ayuntamientos y diputaciones ante las elecciones de mayo próximo. Su amenaza es debida a Bildu y a la pérdida de apoyos por el electorado de centro derecha, dado su constante apoyo al partido sanchista. Por ello, su líder Aitor Estaban ya se desmarca claramente de él. A estos efectos, es preciso tener muy presente la masiva violación de la integridad territorial de España por parte nada menos que de 80.000 inmigrantes en Ceuta. Que ha situado a la inmigración ilegal como un problema destacado por los votantes en España y en general en todos los países de la UE. Esa preocupación se vive con especial intensidad en el País Vasco y Cataluña, donde los partidos nacionalistas PNV y Junts sufren un claro alejamiento de sus habituales votantes. Aitor Esteban ve en l’Aliança Catalana un referente de lo que le puede pasar con una “Alianza Vasca” similar.