El boicot a los productos marroquíes no es un rumor de taberna: está en marcha. Desde agosto circula la consigna de no comprar lo que lleva el 611 en el código de barras o la etiqueta de origen.

No comprar productos de Marruecos es el castigo ciudadano por la canallada criminal del sultán Mohamed invadiendo España.

Hay cancelaciones de viajes a Marrakech, Agadir o Tánger concentradas en septiembre. No hay aún una cifra oficial de caída de las importaciones, pero la fuerza del boicot crece cada día, alimentada tanto por la indecencia de Rabat como por la triste y traidora sumisión del gobierno al corrupto sultán marroquí.

Basta con lo que sí se ve: una parte de España ha decidido no pagar al país al que acusa de haber invadido Ceuta con 80.000 inmigrantes ilegales.

El 90% de los encuestados señala a Marruecos como culpable y el consumidor ha reaccionado con dignidad, antes que la lamentable Moncloa.

El problema es que ese gesto del boicot a Marruecos, siendo legítimo, se queda corto si el verdadero cauce de la impunidad está en Madrid. Un Estado vecino puede presionar la frontera. Quien tiene el deber de defenderla y responder es el Gobierno español.

Sánchez fu avisado de la invasión por los servicios de inteligencia españoles y no hizo caso, tardó en desplegar al Ejército, tardó en crear un mando único, minimizó la permanencia de miles de personas en la ciudad y, durante semanas, insistió en la «cooperación instantánea» de Rabat mientras un informe policial hablaba del protagonismo de los gendarmes de Marruecos en la invasión.

Exportar material de defensa y financiar cooperación fronteriza al mismo socio al que la calle señala no es realismo: es subordinación y puede que también traición.

El cobarde, aquí, es el que no defiende la plaza y luego pide que no se «falte al respeto» a quien ha invadido.

Por eso el boicot que es justo y de verdad altera el tablero no es solo comercial. Es político y contra el sanchismo. Consiste en no comprar el relato socialista, en no conceder normalidad a un Ejecutivo que ha perdido la calle.

Cibeles, Ceuta y millones de ciudadanos en ciudades y pueblos de toda España lo dijeron alto el 2 de septiembre.

Un gobierno que no blinda la frontera, que discute las cifras de su propio fracaso y que trata la invasión de Ceuta como un problema de imagen y no como un acto de guerra ha gastado la legitimidad que le quedaba.

Marruecos sentirá la patada del boicot al código 611 en el supermercado, pero entendería mejor a un presidente español que deje de hablarle de rodillas.

Mientras Sánchez ocupe La Moncloa para no molestar a Mohamed VI, el boicot al producto es un correctivo menor.

El mayor boicot y el más justo y merecido es retirarle la confianza a Sánchez, exigirle las urnas y no permitir que el abandono de Ceuta se convierta en doctrina.

Quien invade pone a prueba. Quien se somete confirma que la prueba funciona. España ya ha empezado a responder en el carro de la compra. Le falta responder en la política, que es donde se decide si Ceuta es España de verdad o solo en los comunicados.