VR.- Óscar Puente se ha marchado del Ministerio de Transportes, pero su salida viene acompañada de una maniobra política que merece una explicación mucho más profunda de la que el propio interesado ha querido ofrecer.

El exministro anunció su dimisión y, en el mismo movimiento, proclamó que renunciaba a formar parte de las listas electorales del PSOE para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Su mensaje pretendía transmitir una imagen de responsabilidad, sacrificio y dignidad política. Sin embargo, hay un detalle que cambia sustancialmente el significado de ese anuncio: las candidaturas ya estaban proclamadas y publicadas en el Boletín Oficial del Estado, y en dichas candidaturas, Puente figuraba en ellas como número uno del PSOE por Valladolid.

El BOE publicó el 3 de noviembre las candidaturas proclamadas. En la lista socialista al Congreso por Valladolid aparece, en primer lugar, Óscar Puente Santiago. Su renuncia pública llegó ese mismo día, cuando el procedimiento electoral ya había superado el momento ordinario en el que podían modificarse las candidaturas.

La pregunta es inevitable: ¿por qué esperar hasta ese momento para anunciar una decisión que, según sus propias palabras, tenía tomada desde los primeros momentos posteriores a la tragedia ferroviaria?

Una renuncia que no borra su nombre de las papeletas

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General es bastante clara. Su artículo 48 establece que las candidaturas no pueden modificarse una vez presentadas, salvo durante el plazo de subsanación de irregularidades y en los supuestos previstos legalmente. Y añade que las bajas que se produzcan después de la proclamación se cubrirán con los candidatos sucesivos y, en su caso, con los suplentes.

Traducido a la realidad electoral, ello significa que Óscar Puente puede anunciar que no quiere continuar en política, puede decir que renuncia a ser candidato e incluso puede decidir que no ocupará un escaño si resulta elegido, pero su anuncio no hace desaparecer automáticamente su nombre de la candidatura ya proclamada.

Por eso, cuando los ciudadanos de Valladolid acudan a votar el 29 de noviembre, encontrarán a Óscar Puente encabezando la papeleta del PSOE.

Es decir, los electores socialistas de Valladolid pueden depositar su voto por una candidatura cuyo número uno ha anunciado públicamente que no quiere ser diputado. Y es que una cosa es anunciar una renuncia política y otra muy distinta producir los efectos jurídicos que esa renuncia tiene dentro del procedimiento electoral.

Puente no puede borrar unilateralmente su nombre de una candidatura ya proclamada. Si finalmente resulta elegido y mantiene su decisión de no asumir el escaño, la vacante corresponderá al siguiente candidato de la lista, en este caso Ana Redondo. Pero eso no convierte en irrelevante lo sucedido: su nombre seguirá encabezando la candidatura que se somete a la voluntad de los vallisoletanos.

¿Casualidad o cálculo político?

Hay una coincidencia temporal que resulta, como mínimo, llamativa.

Puente ha anunciado su dimisión cuando las candidaturas ya estaban oficialmente proclamadas. Él sostiene que había tomado la decisión días antes, pero no la hizo pública hasta después de comparecer ante la Diputación Permanente del Congreso y cuando el calendario electoral había alcanzado un punto decisivo.

No podemos afirmar, sin pruebas, que esperase deliberadamente a que se cerrara la posibilidad de modificar la candidatura. Pero sí podemos señalar que el momento elegido tiene una consecuencia objetiva: su renuncia no impide que siga apareciendo como cabeza de lista.

¿Se ha tratado de una decisión personal adoptada en el momento que consideró oportuno? ¿Ha existido una estrategia política para escenificar una retirada sin alterar de inmediato la composición formal de la candidatura? ¿Se ha consultado previamente a los servicios jurídicos del partido sobre las consecuencias electorales de ese anuncio?

Son preguntas necesarias especialmente cuando hablamos de un partido que pide el voto a los ciudadanos y que debe explicar con transparencia quiénes son realmente las personas que encabezan sus candidaturas.

Sánchez pierde un ministro, pero no necesariamente un combatiente político

Hay otra dimensión que no conviene pasar por alto: la política interna del PSOE y los intereses de Pedro Sánchez.

Óscar Puente no era un ministro cualquiera. Se había convertido en uno de los principales escuderos del presidente del Gobierno, en uno de los dirigentes socialistas más combativos frente al Partido Popular y en una de las voces más agresivas de la estrategia de confrontación con Alberto Núñez Feijóo.

Su presencia en el Gobierno tenía un valor político, pero también lo tenía su papel como ariete parlamentario y mediático.

La dimisión le aparta del Ministerio de Transportes y de la primera línea de responsabilidad institucional en un momento de enorme desgaste, pero eso no significa necesariamente que Sánchez quiera prescindir de él para siempre.

Al contrario: un dirigente como Puente puede seguir siendo útil al proyecto político del presidente, especialmente si el PSOE acaba en la oposición tras las próximas elecciones.

Sánchez necesitará dirigentes dispuestos a mantener una oposición dura, ruidosa y sin concesiones frente a un eventual Gobierno del Partido Popular. Y Puente ha demostrado sobradamente que está dispuesto a desempeñar ese papel.

Por eso cabe preguntarse si esta salida supone realmente el final de su carrera política o si estamos ante una retirada táctica, al menos temporal, mientras se deja que el desgaste de estos días pierda intensidad.

La responsabilidad no se resuelve con una comparecencia

La dimisión de un ministro de Transportes después de dos accidentes ferroviarios de extrema gravedad en menos de un año puede ser una decisión políticamente necesaria, pero no puede convertirse en un mecanismo para cerrar el debate sobre las responsabilidades.

Las víctimas y sus familias merecen verdad, explicaciones y responsabilidades. Los ciudadanos tienen derecho a conocer qué falló, qué decisiones se tomaron, qué advertencias existieron y qué medidas se adoptaron para garantizar la seguridad ferroviaria.

Una dimisión no sustituye a una investigación ni tampoco elimina la responsabilidad política por la gestión realizada. Y mucho menos debería utilizarse como una operación de comunicación para presentar como un sacrificio personal lo que también puede ser una decisión calculada para proteger al partido y a su presidente.

La cuestión de la candidatura por Valladolid añade un elemento más a esta historia. Puente anuncia que se va, pero su nombre permanece en la papeleta. Dice que renuncia a ser candidato, pero la candidatura que encabeza ya está proclamada. Por ello, el PSOE tendrá que explicar a sus votantes qué consecuencias prácticas tiene esa renuncia, sobre todo porque la política no consiste solamente en pronunciar discursos solemnes, anunciar dimisiones y apelar a la dignidad. También consiste en asumir las consecuencias de las decisiones y explicar con claridad los procedimientos que afectan a los ciudadanos.

Pese a que Óscar Puente ha anunciado que se marcha, los vallisoletanos seguirán encontrándolo en la papeleta socialista. Esa contradicción merece una explicación que vaya mucho más allá de una declaración de buenas intenciones, sobre todo porque estamos hartos de las trampas, las mentiras y las manipulaciones del Gobierno sanchista.

Los españoles merecen respeto, verdad y responsabilidad, no una banda de trileros que pretendan tomarlos por ingenuos.