Hace un par de semanas, el Home Office británico publicó y comenzó a distribuir entre quienes dicen solicitar asilo, un (absolutamente insólito) documento titulado Understanding Behaviours and Expectations in the UK: A Guide for Asylum-Seekers («Entendiendo comportamientos y expectativas en el Reino Unido: una guía para solicitantes de asilo»).

El texto, acompañado de una campaña de carteles con ilustraciones como de escuela primaria, recuerda a sus destinatarios una serie de reglas básicas de convivencia que en el mundo occidental damos por descontadas: que no se debe impedir a una mujer ver a su familia o a sus amigos, que el sexo requiere consentimiento o que mantener relaciones sexuales con menores es delito.

Es la explicación, en el lenguaje llano de un folleto de organismo público, de por qué violar, está mal, por ejemplo. Y acá viene la pregunta ¿De qué sucursal de Mordor vienen esas personas para necesitar que les expliquen eso? ¿Es función del aparato estatal educar a alguien que llegó a su adultez sin tener la menor brújula moral e instrucción cívica posible?

El propio hecho de que un gobierno considere necesario imprimirlo, traducirlo y repartirlo es, en sí mismo, la noticia más elocuente del caso: una admisión tácita del sinsentido en el que Europa se ha sumido. La publicación generó reacciones divididas en la prensa británica. El oenegeísmo y la prensa progresista vincularon al folleto con una estigmatización de los inmigrantes. Lo de siempre.

Lo notable es que esta pieza gráfica proviene del seno progresista del laborismo, cuya deriva hacia la izquierda no ha cesado en los últimos años. ¿De dónde salió semejante sincericidio, entonces? De la realidad.

El folleto llega tras meses de cobertura mediática y de RRSS sobre condenas por agresiones sexuales cometidas por solicitantes de asilo en distintas ciudades inglesas como Nottingham, Kensington, Warwickshire, Leicester, Barking, Bournemouth, Brighton y tras la apertura de causas por decenas de delitos de abuso sexual infantil vinculadas a un grupo de solicitantes afganos en Norwich. A eso se suma un caso especialmente brutal en Harrow, donde un hombre eritreo fue condenado por violar a un anciano que dormía ebrio en un banco junto a una iglesia. Y todo esto tras el escándalo de las bandas de explotación sexual infantil de inmigrantes paquistaníes que operaron impunemente durante décadas y develó que a cientos de miles de niñas víctimas de violación se les negó justicia y protección para preservar la imagen de una sociedad multicultural exitosa.

El Gobierno laborista está entre la espada y la pared, mientras busca con un folleto tapar el Sol con la mano, litiga activamente para no publicar los datos de condenas por delitos sexuales desglosados por nacionalidad. Entre tanto, el Migration Observatory de la Universidad de Oxford y organismos gubernamentales han situado la tasa de condena de ciudadanos afganos en torno a tres veces la de los nacidos en el Reino Unido, aunque otras estimaciones políticas apuntan a una disparidad todavía mayor.

Volviendo al manual, explica amablemente, entre otras cosas, que la violencia doméstica y el acoso sexual son ilegales en el Reino Unido, y advierte de que ese tipo de conductas «podrían afectar tu solicitud de asilo». El contraste es lo que convierte al documento en un síntoma más que en una solución: un gobierno tan impotente que necesita imprimir, en varios idiomas, que ser un violento criminal sexual tiene consecuencias legales, dirigido específicamente a un grupo de población recién llegado. No es un aviso genérico de convivencia; es una medida focalizada, que reconoce implícitamente un patrón que el propio gobierno se niega a cuantificar en público.

¿Por qué se necesita explicar lo más básico de los valores occidentales a alguien que quiere vivir en Occidente? ¿Por qué se admite a personas tan precarias? Si la necesidad del documento es real (y el propio gobierno, al publicarlo, admite que lo es), entonces el problema no es la falta de un folleto: es el criterio de admisión que permitió llegar hasta aquí sin que esa pedagogía básica se hubiera resuelto antes de cruzar la frontera.

Ya se ha dicho, aunque infructuosamente, que el sistema internacional de protección a refugiados se construyó antes de que gran parte de Occidente decidiera suicidarse considerando “refugiados” a quienes no huían de guerras ni persecuciones e incluso a personas que sin haber vivido nunca en una zona “heredaban” el carácter de refugiados de esa zona por varias generaciones, tal es el caso del status de “refugiado palestino”. La ampliación del concepto de refugiado, sumado a la era de los desplazamientos masivos organizados, ha provocado una catástrofe que ahora nadie sabe cómo solucionar. Y a esto se suma un poder judicial específico que en los últimos años ha impedido los intentos de frenar esta crisis. El caso británico es paradigmático, pero lo mismo le ha ocurrido a Italia o Alemania, por caso.

El resultado es una cadena de incentivos perversa y criminal. Por ejemplo, el plan Ruanda para deportar a un tercer país a quienes llegaran de forma irregular fue cancelado por Keir Starmer como uno de sus primeros actos al asumir el cargo de primer ministro. Ahora la actual Home Secretary, Shabana Mahmood, explora fórmulas parecidas bajo otro nombre con el objetivo de sacar el proceso de asilo de la jurisdicción de los tribunales británicos. La lógica es la misma que sostenía el plan original: si la expulsión a un tercer país fuera una consecuencia previsible el incentivo se reduciría. Pero nada de eso ocurre.

Al ritmo actual, más de 3.000 personas llegan de forma ilegal al Reino Unido cada mes sólo por vía marítima a través del Canal. Este es sólo un ejemplo de la constante de este siglo. No es un goteo residual sino un flujo estructural, sostenido por el propio sistema de acogida: hoteles, tarjetas telefónicas, manutención, asistencia sanitaria. Lo ocurrido en Ceuta impresiona porque se ve todo junto, y esto expone el absurdo de la mentalidad europea que permitió esta locura. Que 80.000 personas invadieran la frontera en pocas horas expone la aberración y permite que se hable de lo que es: una invasión en toda regla. Pero si hacemos la suma de los arribos en los últimos años, veremos que lo mismo se podría decir del resto de Europa.

Claro que la variable más grave no es sanitaria ni logística, sino la violencia sexual que deviene de este flujo. Años y años tratando de xenófobos, racistas y ultras a quienes señalaban que el latiguillo «son sus costumbres» traía aparejada la condescendencia con el crimen, para terminar haciendo un manual para inmigrantes que descubre que no saben diferenciar el bien del mal.

En un mes en Ceuta se han disparado los casos de violencia sexual, las víctimas son lo que sea que es detectado como vulnerable. Se trata de personas a las que la izquierda gusta en llamar “migrantes” que atacan a la posición más débil que encuentren; niños, ancianos, incluso dentro del propio grupo. Por eso, si bien el folleto de “no violar” es británico, el patrón no es exclusivo de Gran Bretaña y se reproduce en el continente. Analistas como Cheryl Benard señalaron ya en 2017 una ola de agresiones sexuales cometidas por hombres afganos en países como Austria, Suecia y Alemania, con un patrón de ataques violentos a mujeres, generalmente perpetrados en grupo.

El 31 de agosto de 2015, Angela Merkel pronunció una icónica frase que se convirtió en el dogma político que el progresismo adoptó como un mantra «Wir schaffen das» («Podemos lograrlo»). Ahora el manual del Home Office expone el fracaso de ese mantra. Hoy, la función del Estado parece ser explicar a miles de “migrantes” que no se debe defecar en la calle, robar, ocupar viviendas, acuchillar personas, secuestrarlas, casarse con niños, o violar. Asumiendo, claro, que “esas son sus costumbres” pero que en Occidente mejor no, porfa.

Si de verdad hiciera falta un manual, sería para quienes, desde hace más de veinte años, siguen diseñando políticas de asilo criminales. Uno que empezara por lo obvio: que ningún país puede sostener una política que no criminaliza activamente a quien se salte una frontera; que tolerarlo no es humanitarismo, es traición, y que lo pagan siempre los vulnerables; y que ningún sistema de acogida sobrevive a la negación sistemática de sus propios límites.