La situación en Ceuta se ha convertido en la noticia que acapara la mayor parte de la atención informativa nacional desde hace casi 40 días. Es una situación que remite necesariamente a lo sucedido en 2021, cuando la relación con Marruecos se deterioró de manera intensa al conocer que el Gobierno había acogido al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, para ser atendido de urgencia de una enfermedad grave en un hospital de Logroño. La misma embajadora, al ser llamada a consultas a Rabat, ya advirtió que «hay actos que tienen consecuencias». A estos efectos conviene recordar que las relaciones bilaterales hispano-marroquíes ya sufrieron una primera acusada crisis tras la llegada al gobierno del PSOE en coalición con Podemos, que mantenía una postura muy afín a la del Frente Polisario sobre el Sáhara. Pues bien, apenas un mes después del incidente reseñado sobre Ghali, es cuando se produjo, los días 17, 18 y 19 de mayo, la invasión de entre 10 y 12 mil marroquíes también a la ciudad de Ceuta. Situaciones que asimismo obligan necesariamente a remitirse también a lo sucedido poco después en abril de 2022.

Cuando el Gobierno reconoció públicamente que el teléfono móvil de Sánchez y los de (entre otros destacados políticos), los de los ministros Robles y Marlaska, habían sufrido un espionaje a través del sistema Pegasus, de tecnología israelí, desde octubre de 2020 a diciembre de 2021. El Gobierno reconoció oficialmente ese espionaje en 2022, que fue objeto de una investigación judicial en la Audiencia Nacional, no pudiendo acreditar el autor del mismo. Sin perjuicio de ello, la opinión pública y la publicada coincidió en interpretar que la mano de Marruecos estaba detrás de ello dada la sucesión de acontecimientos producidos. Y que culminaron con la carta personal dirigida por Pedro Sánchez al monarca Mohamed VI el 14 de marzo de 2022 y que significaron un cambio histórico en la posición de España sobre el Sáhara Occidental.

En esa misiva dada a conocer por el monarca marroquí, España daba un giro estratégico a su posición, aparcando su tradicional neutralidad y el apoyo a un referéndum de autodeterminación respaldado por la ONU. Para pasar a alinearse con la tesis de la autonomía bajo soberanía marroquí. Esa decisión permitió restablecer unas relaciones políticas y diplomáticas, –basadas en «el respeto mutuo y en la prevención de futuras crisis»–, muy deterioradas tras los hechos inmediatos comentados. El hecho insólito de modificar una política exterior muy sensible y consolidada durante años, sin pasar por el Congreso de los Diputados y ni por el propio Consejo de Ministros, se comenta por sí mismo. Para entender mejor lo que sucede ahora.