Sánchez está asustado e histérico. Necesita seguir al frente del gobierno como sea porque sabe que mientras esté en el poder no podrá ser juzgado porque sus socios nacionalistas, ex terroristas y comunistas no concederán el necesario suplicatorio para que se siente ante el Tribunal Supremo.

Necesita ser el “número uno” para para poder manejar el relato, indultar a Begoña cuando sea condenada y para conservar su propia impunidad frente a un futuro lleno de amenazas judiciales por sus actos de presunta corrupción, abuso y traición.

Por eso no quiere convocar elecciones, porque sabe que las perderá. Por eso está buscando cualquier artimaña o recurso que impida la convocatoria electoral, algo como un conflicto grave de seguridad nacional.

Existe en España un riesgo real y terrible para la continuidad de la democracia y un riesgo inminente de que Sánchez de el paso que le falta para convertirse en un auténtico dictador.

Pedro Sánchez ya no gobierna para solucionar los problemas de los ciudadanos, sino para salvar su culo.

Necesita el cargo para sobrevivir y eso entraña un peligro mortal para España, que el Rey, la Justicia y la Milicia deberían considerar seriamente.

Alrededor de la Moncloa se acumulan condenas, juicios e investigaciones que alcanzan a su círculo más íntimo: Ábalos y Koldo han caído con penas durísimas, su hermano ha sido inhabilitado y Begoña Gómez irá a un jurado popular por presunto tráfico de influencias y malversación. Hasta el mismo PSOE está siendo investigado por corrupción.

Pero Sánchez sabe que quien controla el Gobierno controla tiempos, relatos, indultos y el aparato del Estado. Quien lo pierde se queda solo ante los tribunales.

Su negativa a convocar elecciones no parece prudencia institucional, sino instinto de supervivencia.

Las urnas, hoy, no le dan tregua. Tras su rotundo fracaso en Ceuta y el rosario de escándalos, los sondeos lo hunden, le restan muchos diputados y dejan a PP y Vox con números para desalojarlo. Una mayoría amplia de españoles pide dimisión o adelanto electoral.

Él no lo hará, porque sabe lo que vendría después: la pérdida del escudo político que todavía le permite presentar cada causa como una conspiración y cada retraso como una defensa de la democracia. Conservar La Moncloa es, en esa lógica, la última muralla para evitar la probable cárcel.

El cúmulo de fracasos y rechazos que padece y que crece cada día no lo ha vuelto más humilde. Lo ha vuelto más huraño, más resentido y más peligroso. Un dirigente acorralado deja de hablar al país y empieza a hablar contra el país: contra jueces, contra periodistas, contra comunidades, contra socios, contra quien no acepte que su permanencia es indispensable.

Cuando el poder se vive como refugio personal, las instituciones dejan de ser límites y se convierten en herramientas. Ahí nace el riesgo real para la democracia: no el de un golpe de teatro, sino el de un presidente que alarga la legislatura contra la evidencia, tensiona los contrapoderes y normaliza que el interés de un hombre valga más que el veredicto de las urnas.

España no está condenada a ese destino demente y dictatorial, pero tampoco está inmunizada. Un gobernante que teme ser juzgado, que teme perder la capacidad de proteger a los suyos y que ya no puede exhibir éxitos que compensen el descrédito tiende a aferrarse. Y un poder que se aferra cuando el pueblo le ha dicho que se vaya no fortalece la democracia. La pone a prueba y en peligro de muerte.

España está hoy gobernada por una piltrafa desesperada y altamente peligrosa.