Lo que está ocurriendo en Ceuta empieza a ser demasiado grave para despacharlo simplemente como una nueva crisis migratoria. Cuando decenas de miles de personas atraviesan en pocas horas una frontera, cuando una ciudad de apenas 85.000 habitantes ve alterada su vida cotidiana, cuando aparecen disturbios, ataques contra militares y fuerzas de seguridad, organizaciones extranjeras actuando sobre el terreno y una creciente confrontación entre quienes llegan y quienes viven allí, la obligación de cualquier Estado serio es preguntarse no solamente qué está ocurriendo, sino quién puede beneficiarse de que ocurra.

Y ahí aparece una hipótesis incómoda: ¿estamos asistiendo en Ceuta a una operación de desestabilización semejante a las llamadas revoluciones de color organizadas por George Soros?

A alrededor de esta crisis empiezan a aparecer algunos elementos que justifican investigar hasta el último euro, hasta la última organización y hasta la última conexión internacional.

La situación ha dado un salto cualitativo durante los últimos días. Fuentes próximas a la investigación policial han asegurado que varios miembros de la ONG No Name Kitchen han sido identificados dentro de las pesquisas sobre el supuesto reparto entre migrantes de artefactos caseros capaces de provocar deflagraciones y liberar gases. La investigación parte además de compras de materiales susceptibles de ser utilizados para fabricar esos cócteles molotov.

Y aquí aparece el segundo dato.

No Name Kitchen fue una de las organizaciones fundadoras de Border Violence Monitoring Network, la red europea dedicada a denunciar actuaciones policiales y devoluciones de migrantes en las fronteras. La propia No Name Kitchen reconoce que fue cofundadora de esa red. Y documentos de la propia Border Violence Monitoring Network acreditaban en 2020 que recibía financiación de Open Society Foundations, la estructura filantrópica fundada por George Soros.

Existe históricamente una conexión financiera entre Open Society y una red de la que No Name Kitchen fue fundadora. Y cuando miembros de esa misma organización aparecen ahora bajo investigación policial en una ciudad española sometida a una crisis fronteriza extraordinaria, investigar las fuentes de financiación actuales deja de ser una extravagancia y se convierte en una exigencia elemental de seguridad nacional.

Porque quizá estamos utilizando mal incluso el concepto de “revolución de color”.

Las revoluciones de color clásicas perseguían cambios de régimen mediante movilización social, organizaciones civiles, campañas de comunicación, presión internacional y estructuras financiadas desde el exterior. Ceuta no es un Estado independiente y aquí no se pretende derribar un Gobierno local para colocar otro. Pero los instrumentos de desestabilización pueden ser semejantes: presión demográfica, redes sociales, organizaciones transnacionales, confrontación callejera, erosión de la autoridad, internacionalización del conflicto y progresivo convencimiento de la población de que el Estado ya no es capaz de protegerla.

De hecho, informaciones publicadas este 31 de agosto señalan que los servicios españoles de inteligencia consideran probable que Ceuta y Melilla continúen sufriendo actuaciones dentro de la llamada “zona gris”: desinformación, ciberataques, sabotajes o utilización instrumental de movimientos migratorios, aunque no exista prueba pública de que Marruecos dirigiera directamente la entrada masiva de julio.

Y entonces surge una pregunta mucho más importante que la discusión sobre Soros: ¿qué ocurriría si la finalidad estratégica fuera hacer Ceuta progresivamente inhabitable para una parte de sus propios ciudadanos?

No hacen falta tanques marroquíes entrando por el Tarajal. No hace falta una nueva Marcha Verde. Basta con conseguir que miles de familias llegaran a la conclusión de que allí ya no pueden vivir tranquilas, que sus hijos no están seguros, que sus negocios pierden valor y que Madrid ha decidido abandonarlas a su suerte.

Existe un precedente histórico que debería producir escalofríos.

En 1975, ante la Marcha Verde y la decisión española de abandonar el Sáhara, se puso en marcha la Operación Golondrina. Entre 10.000 y 15.000 civiles españoles fueron evacuados hacia Las Palmas de Gran Canaria junto con militares, vehículos, pertenencias e incluso restos de españoles enterrados en los cementerios saharianos. Aquello no fue exactamente una huida espontánea provocada por disturbios: fue una evacuación organizada por el propio Estado después de haber decidido retirarse. Pero el resultado histórico fue inequívoco: desapareció la población española, desapareció la presencia administrativa española y el territorio quedó abierto a la ocupación marroquí, como había pactado el entonces príncipe Juan Carlos I.

Por eso Ceuta no puede permitirse una segunda Operación Golondrina, esta vez silenciosa y protagonizada no por barcos militares sino por familias que cruzan voluntariamente el Estrecho porque han perdido la confianza en España.

Y en esta historia aparece inevitablemente Pedro Sánchez.

Existe un hecho que nadie necesita convertir en teoría: Pedro Sánchez recibió a George Soros en el complejo de La Moncloa el 27 de junio de 2018, apenas unas semanas después de llegar a la Presidencia mediante la moción de censura contra Mariano Rajoy. La reunión no aparecía en la agenda pública del presidente de aquel día y fue posteriormente confirmada oficialmente por Presidencia a través de una solicitud de Transparencia.

Que una de las primeras reuniones privadas de aquella Presidencia fuese con George Soros, y que inicialmente no figurase en la agenda pública, es suficientemente sospechoso sin necesidad de exagerarlo.

Sánchez había trabajado anteriormente con el National Democratic Institute, NDI, de George Soros. El propio NDI documenta su participación en una misión electoral en Marruecos en 2011, y Europa Press acreditó posteriormente su colaboración como observador también en Jordania en 2013.

Se ha sostenido la hipótesis, incluso el comisario Villarejo ha publicado un libro explicando con detalle la operación, de que los servicios de inteligencia marroquíes con la ayuda del francés, organizaron los atentados de Madrid y que aquella matanza terminó provocando el vuelco electoral que llevó a José Luis Rodríguez Zapatero a La Moncloa. El PSOE se lo debe a Marruecos y el PSOE le dará Ceuta y Melilla a Marruecos como se pactó en el 2022.

Pedro Sánchez acudió personalmente a Marruecos en diciembre de 2018 para respaldar el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular.

Sánchez abrazó una concepción según la cual la migración debía gestionarse desde estructuras multilaterales, con participación de organismos internacionales y organizaciones civiles.

Las guerras del siglo XXI no siempre se libran con soldados.

Se libran erosionando una frontera, financiando organizaciones, multiplicando conflictos, sembrando inseguridad, explotando las redes sociales y convenciendo poco a poco a una población de que resistir ya no merece la pena. Eso es lo que está ocurriendo en Ceuta.