Según fuentes de la Policía Nacional, Mercadona ha comunicado este viernes a los agentes una práctica irregular detectada en uno de sus establecimientos de Ceuta que, según esas mismas fuentes, podría estar reproduciéndose en otros comercios de la zona. Lo notificado es la adquisición, por parte de un grupo numeroso de inmigrantes ilegales asistidos por miembros de la ONG No Name Kitchen, de botellas de aguafuerte y de papel de aluminio. La Policía investiga si esas compras estaban destinadas a la preparación de artefactos caseros, conocidos como bombas de salfumán, para ser utilizados contra la población y contra las autoridades.

No Name Kitchen es la misma organización que impulsó el procedimiento judicial que acabó con las devoluciones en caliente por vía marítima, que tal como ha documentado este medio, está financiada por Open Society Foundations, la fundación de George Soros. Tras la avalancha, la ONG ha seguido operando en la ciudad autónoma entregando alimentos y material de defensa personal a los invasores que permanecen sobre la ciudad autónoma.

Los primeros indicios, según los agentes, apuntan a que las compras las habrían realizado en su mayoría invasores de origen marroquí. Parte de ellos estarían internados en el CETI. La investigación trata de identificar a los grupos concretos que han efectuado las adquisiciones y de localizar dónde se oculta el material. Las fuentes consultadas no descartan que miembros de la ONG hayan facilitado ese resguardo.

Esas mismas fuentes describen a una parte de los voluntarios con pautas y comportamientos asociados a grupos antifa. Gran parte de ellos serían de nacionalidad francesa y habrían llegado a Ceuta tras la invasión. Antes de estas compras, según el relato policial, ya habrían entregado sprays de pimienta a los invasores. Ahora, añaden, el foco se ha desplazado a la instrucción para fabricar artefactos caseros.

La denuncia de Mercadona no es un detalle menor. Sitúa el aviso en un establecimiento comercial ordinario y obliga a los agentes a rastrear un patrón de compras que, de confirmarse en otros locales, ampliaría el perímetro de la investigación más allá de un solo punto de venta. La Policía Nacional no ha dado por cerrada la autoría ni el destino final del material. Lo que sí sostiene es que el aviso comercial encaja con un escenario de tensión creciente en la ciudad, con el CETI saturado y con una presencia de voluntarios extranjeros que no se limita a la asistencia alimentaria.

Ceuta arrastra desde finales de julio una presión que ha desbordado el centro de acogida, los servicios sanitarios y los dispositivos policiales. En ese contexto, la combinación de un aviso comercial por compras masivas de aguafuerte y aluminio, la sospecha de apoyo logístico por parte de activistas y el perfil de los presuntos adquirentes —inmigrantes ilegales marroquíes, algunos ya internados— convierte el caso en una línea de investigación de seguridad, no en un incidente de supermercado.

Las pesquisas siguen abiertas. Los agentes tratan de determinar qué grupos han comprado, quién les ha ayudado a guardar el material y si la cadena se limita a Ceuta o se extiende a otros establecimientos de la zona. De momento, la única comunicación formal que ha trascendido es la de Mercadona a la Policía Nacional.