La invasión de Ceuta se está cronificando y la tensión va en aumento cada día sin que el Gobierno haya logrado encauzar la situación. Entre 8.000 y 10.000 invasores continúan malviviendo en las calles de la ciudad autónoma en condiciones precarias y algunos de ellos han comenzado a protagonizar incidentes violentos contra las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, mientras los hurtos, robos y otros delitos siguen creciendo.

Enfrente, grupos de vecinos cansados de la situación también han comenzado a tomarse la justicia por su mano y han desmantelado por la fuerza campamentos de inmigrantes instalados en las playas e, incluso, han prendido fuego a carpas y chabolas, obligando a la Policía a realizar cargas y disparos disuasorios para dispersarlos.

El Ministerio del Interior ha desplegado a más de 400 agentes de Policía Nacional y Guardia Civil para garantizar la seguridad ciudadana en Ceuta, y Defensa también ha movilizado al Ejército, que realiza labores de apoyo y disuasión. Sin embargo, tanto militares como agentes denuncian que apenas tienen margen de maniobra para atajar la creciente violencia en la ciudad.

La gota que ha colmado el vaso ha sido el ataque que sufrió este jueves de madrugada un vehículo de las Fuerzas Armadas en la zona de Benzú, donde cuatro militares resultaron heridos tras ser apedreados por una treintena de inmigrantes, que les tendieron una emboscada. Doce de los agresores, todos de nacionalidad marroquí, han sido detenidos, pero varias asociaciones militares han denunciado la «desprotección» que sufren los miembros de las Fuerzas Armadas, que tienen muy limitada su capacidad de respuesta al no tener competencias para ejercer funciones de seguridad ciudadana.

En ese sentido, la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) ha pedido al Gobierno que permita a los soldados hacer uso de la fuerza «proporcionada» ante situaciones de «desprotección». Y recuerda que los militares, en la práctica, carecen de un marco claro que les permita ejercer la fuerza con los medios adecuados y de forma proporcionada cuando se producen agresiones o situaciones de riesgo inminente para su integridad física o la de terceros.

Así, ha exigido garantizar que los soldados puedan usar la fuerza en situaciones de legítima defensa, al amparo del artículo 20.4 del Código Penal y a los principios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad. También pide clarificar el marco jurídico y operativo de actuación de las Fuerzas Armadas cuando prestan apoyo a las fuerzas de seguridad para evitar la actual «ambigüedad» que genera inseguridad jurídica y «pone en riesgo» a los efectivos.

La asociación considera imprescindible asegurar que «ninguna» orden o instrucción impida el ejercicio legítimo del derecho a la defensa propia o de terceros cuando exista agresión ilegítima actual o inminente. De forma paralela, ha pedido equipamiento de protección individual y los medios adecuados para la seguridad de los soldados, además de adiestramiento específico para este tipo de escenarios.

En la misma línea, la Unión de Militares de Tropa (UMT) considera inadmisible exigir a los militares desplegados la custodia de la seguridad nacional «mientras se les niegan los medios de autoprotección y la cobertura jurídica necesaria para actuar». A su vez, la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) considera «imprescindible» que el Ministerio de Defensa revise «de manera urgente» los protocolos de despliegue, los medios asignados y la coordinación con el Ministerio del Interior para evitar que esta situación vuelva a ocurrir.

La Policía Nacional pide ampliar las Unidades de Prevención y Reacción (UPR)

Policía Nacional y Guardia Civil sí tienen las competencias en materia de seguridad ciudadana, pero los agentes también denuncian indefensión y falta de un marco regulatorio claro a la hora de hacer uso de la fuerza después de que un guardia civil fuera de servicio fuera agredido el pasado domingo por un grupo de inmigrantes en una gasolinera. Dos de los agresores fueron detenidos y ya han ingresado en prisión provisional.

Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) han aplaudido esa decisión judicial y exigen «mano dura» contra los responsables de cualquier agresión contra miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Defienden que las personas que ataquen a quienes desempeñan labores de seguridad deben afrontar las consecuencias legales correspondientes y reclaman medidas que eviten la repetición de estos episodios.

Por su parte, el sindicato de la Policía Nacional JUPOL, que también ha denunciado que algunos agentes han resultado heridos en diversos incidentes, ha solicitado formalmente a la Dirección General de la Policía la ampliación de las Unidades de Prevención y Reacción (UPR) con la creación de un nuevo grupo operativo en Ceuta y otro en Melilla, así como la puesta en marcha de una UPR Central, dependiente de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, que permita disponer de una capacidad de respuesta inmediata ante desplazamientos imprevistos derivados de situaciones de especial gravedad en materia de seguridad u orden público.

La Guardia Civil pide calma a los ceutíes

AUGC también reclama al Gobierno una respuesta «contundente» para frenar la escalada de violencia que, a su juicio, se está registrando en Ceuta desde el inicio de la avalancha invasora. La asociación de guardias civiles detecta un contexto de creciente tensión social y señala que, además de los miembros de las fuerzas de seguridad y del Ejército, varios profesionales de medios de comunicación han denunciado en las últimas semanas insultos, empujones y agresiones mientras desarrollaban su labor informativa.

Según AUGC, el prolongado impacto de la invasión está generando una creciente sensación de inseguridad entre la población, lo que ha llevado a vecinos de distintas barriadas a organizarse a través de grupos de mensajería ante lo que consideran una falta de respuesta institucional.

Pese a ello, la organización ha realizado un llamamiento a la calma y ha pedido a la ciudadanía que permita trabajar a las fuerzas y cuerpos de seguridad, a las que considera fundamentales para mantener el control de la situación sobre el terreno.

La asociación también ha reiterado su demanda de refuerzos humanos y materiales para Ceuta, al considerar que los recursos actuales resultan insuficientes para afrontar una situación que se prolonga desde hace semanas. En todo caso, AUGC ha expresado su apoyo a la población ceutí y ha insistido en que la ciudad necesita una mayor implicación de las administraciones para hacer frente a una crisis que continúa generando una elevada presión sobre los servicios públicos y los dispositivos de seguridad.