Los militares estallan tras la emboscada de Ceuta y exigen reglas a la ministra de Defensa para poder responder a las agresiones
Vehículo de los militares tras el ataque de los inmigrantes ilegales.
Las asociaciones militares han alzado la voz tras la emboscada sufrida por cuatro efectivos del Ejército en Ceuta durante la madrugada de este jueves. La Unión de Militares de Tropa (UMT) y la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) reclaman al Ministerio de Defensa una revisión urgente de los protocolos y denuncian que los soldados desplegados en la ciudad autónoma se encuentran en una situación de «indefensión operativa y jurídica».
El ataque se produjo alrededor de las 5.30 horas en la zona de Benzú, cuando un grupo de entre 30 y 40 inmigrantes ilegales sorprendió a los militares que se dirigían a un punto de vigilancia. Los asaltantes utilizaron piedras de grandes dimensiones para atacar a los efectivos y al vehículo en el que viajaban. Cuatro militares resultaron heridos.
La Jefatura Superior de Policía ha informado de la detención de doce personas por su presunta participación en la «emboscada». El suceso ha reabierto las críticas sobre las condiciones en las que trabajan las Fuerzas Armadas desplegadas en Ceuta tras la invasión registrada a finales de julio.
Tanto UMT como ATME han condenado la «emboscada violenta» y han expresado su «más enérgica repulsa e indignación». Las dos organizaciones reclaman al departamento dirigido por Margarita Robles medidas que permitan a los militares protegerse ante nuevos ataques.
ATME considera «imprescindible» que Defensa revise «de manera urgente los protocolos de despliegue, los medios asignados y la coordinación con el Ministerio del Interior». La asociación pregunta además al Gobierno si considera que los procedimientos actuales garantizan «la seguridad mínima» de los efectivos destinados en la ciudad autónoma.
Más contundente se ha mostrado UMT, que señala directamente al Ministerio de Defensa por su «inacción» y «falta de previsión». A juicio de la asociación, ambas circunstancias han resultado determinantes en «un suceso que pudo y debió evitarse».
«Indefensión operativa y jurídica»
La organización denuncia que resulta «inadmisible» la situación de «indefensión operativa y jurídica» en la que, a su juicio, se encuentran los miembros de las Fuerzas Armadas. En concreto, reclama la existencia de «un marco normativo claro y de reglas de enfrentamiento» que garantice la seguridad de los militares y les permita ofrecer «una respuesta proporcional ante agresiones de esta gravedad».
La denuncia cobra especial relevancia después de conocerse las condiciones materiales en las que se encontraban los efectivos atacados. El vehículo militar utilizado, un Santana Aníbal sin blindaje, quedó destrozado por el lanzamiento de piedras. Las asociaciones llevan tiempo advirtiendo de las carencias de medios y de la antigüedad de parte del material empleado por las unidades.
ATME reclama ahora que se refuercen tanto los medios de protección personal como material y exige conocer qué medidas piensa adoptar Defensa para impedir que episodios similares vuelvan a repetirse.
Las dos asociaciones coinciden además en reclamar una «revisión inmediata y urgente de los protocolos de seguridad y del marco legal de actuación» de los militares desplegados en Ceuta y vuelven a exigir que el trabajo de las Fuerzas Armadas sea reconocido como profesión de riesgo.
«Quienes tienen encomendada la protección del Estado no pueden permanecer desamparados por su propia Administración», ha advertido UMT.
El ataque se produce mientras los militares continúan desplegados en Ceuta después de la entrada masiva de inmigrantes ilegales de finales de julio. Las denuncias de las asociaciones cuestionan así las garantías con las que los efectivos afrontan una misión en la que, como ha demostrado la emboscada de Benzú, pueden encontrarse ante grupos numerosos y violentos sin disponer de medios suficientes para responder.
