Las escenas vividas estos días, con tensión en las calles, enfrentamientos durante las protestas y una presión migratoria que vuelve a situar a Ceuta en el centro de la confrontación con Marruecos, no son un episodio aislado. Son la consecuencia de un problema que España lleva demasiado tiempo evitando afrontar.

Resulta inaceptable que en cualquier rincón de España, ciudadanos españoles puedan ser intimidados o agredidos por intentar manifestarse libremente. Si los españoles ya no pueden hablar libremente en Ceuta contra una invasión promovida por Marruecos, porque son agredidos y amenazados por ceutíes de origen marroquí, entonces Ceuta no merece seguir formando parte de España.

España tampoco puede seguir ignorando que Marruecos utiliza periódicamente la presión migratoria como instrumento político y diplomático. Conflictos como el de estos días demuestran que Ceuta y Melilla seguirán siendo un elemento de fricción permanente mientras Rabat las considere un objetivo estratégico.

El debate sobre el futuro de ambas ciudades ya no debería ser un tabú. Mantener una posición solo por inercia histórica, sin evaluar costes, riesgos y beneficios, no constituye una política de Estado. Toda democracia madura debe ser capaz de analizar cualquier escenario desde la legalidad y el interés nacional.

Eso exige preguntarse si el enorme esfuerzo económico, militar, policial y diplomático que supone sostener esta situación indefinidamente responde realmente a los intereses estratégicos de España o si es necesario explorar otras vías que reduzcan la tensión y refuercen la seguridad nacional. Tras presenciar cómo eran amenazados y agredidos muchos compatriotas llegados desde la península para defender a la población ceutí, algunos ya hablan abiertamente de entregar ambas ciudades a Marruecos y revocar la nacionalidad española a los marroquíes de origen que la han conseguido, ayudando eso sí a los ceutíes de origen español que quieran hallar acomodo en territorio peninsular.

Lo que no admite discusión es que el Estado debe garantizar que ningún español sea amenazado en su propia tierra, como ocurrió ayer en Ceuta con el eurodiputado y líder de SALF, Alvise Pérez. La violencia, la intimidación y la colaboración con actuaciones dirigidas contra la libertad expresiva deben perseguirse con toda la contundencia prevista en el ordenamiento jurídico, sea quien sea su autor.

Hoy la realidad se impone y habla por sí sola. En las ciudades españolas de Melilla y Ceuta viven actualmente 80.000 personas de origen marroquí que cuentan con la nacionalidad española. Podría tazarse un paralelismo entre la actitud desafiante de Marruecos coincidiendo con la debilidad extrema de un Gobierno español con la mantenida en 1975, cuando el entonces soberano alauita, Hassan II, convocó una marcha de civiles contra el Sáhara español aprovechándose del vacío de poder que existía en España como consecuencia de la agonía del ex jefe del Estado, Francisco Franco. El erratismo político del Gobierno español y su aislamiento internacional ya está siendo aprovechado por Marruecos para cambiar la delimitación de las aguas territoriales canarias.

Ceuta y Melilla han sido marroquinizadas en los últimos 40 años. Es por ello necesario abrir, sin prejuicios ni consignas, un debate nacional sobre cuál es el mejor camino para defender los intereses del país en las próximas décadas.

Seguir aplazando ese debate solo hará que Ceuta y Melilla terminen siendo una fuente inacabable de conflictos para España y la punta de lanza de Marruecos para el cambio demográfico en nuestro país.