La Audiencia Nacional ha admitido a trámite el recurso de los sindicatos policiales, mientras se confirman casos sanitarios de viruela y tuberculosis

Cincuenta días después del inicio de la severa crisis migratoria que sacude a Ceuta, las medidas puestas en marcha para despejar las playas de El Trampolín y Benítez y controlar la vía pública han fracasado. Pese a los despliegues policiales para desalojar los asentamientos irregulares y trasladar a las personas hacia los asentamientos levantados en el puerto, la estampa en puntos emblemáticos como las playas de El Trampolín y Benítez vuelve a ser la misma. Miles de personas acampadas en la arena y las zonas rocosas.

Tan solo en las últimas 24 horas, alrededor de 2.000 migrantes han regresado a la línea de costa tras los operativos de reubicación. Este flujo incesante pone de manifiesto la falta de control que se vive en la ciudad autónoma, donde el baile de cifras entre administraciones refleja la magnitud del desbordamiento.

Actualmente, las capacidades asistenciales están saturadas. En el conjunto de la ciudad autónoma ya se contabilizan más de 6.000 plazas ocupadas en carpas y campamentos habilitados, mientras miles de personas continúan desamparadas o pernoctando en montes, calles y playas.

Tensión en el puerto y saturación en los módulos

El nuevo recinto levantado en la zona portuaria, concebido con unas 1.700 plazas, colgó el cartel de completo en cuestión de minutos. El acceso a estas instalaciones derivó en carreras, empujones y enfrentamientos entre quienes buscaban desesperadamente conseguir un hueco en los módulos de acogida.

Mientras algunos de los que han logrado una plaza difunden en redes sociales el equipamiento asignado, en el interior de las carpas la tensión acumulada es máxima.

Fuera de ellas, las fuerzas de seguridad y los vecinos observan la situación con alta preocupación: se teme que, si se repiten en el puerto las reyertas vividas semanas atrás en la playa, los efectivos no sean suficientes para contenerlas.

Organizaciones sindicales como la AIGC o JUCIL han vuelto a poner la voz de alarma sobre la desproporción de medios humanos, denunciando situaciones límite como la presencia de apenas 6 agentes de la Guardia Civil para custodiar a más de 1.700 personas en el recinto del puerto.

A esto se suma la vertiente judicial. la Audiencia Nacional ha admitido a trámite el recurso presentado por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) contra la ubicación y las condiciones de seguridad de este campamento portuario. Tensión sanitaria y un impacto económico devastador.

A la parálisis de la convivencia y el clima de tensión constante se le une un escenario sanitario crítico. Las autoridades han confirmado ya la detección de 5 casos de viruela (entre ellos viruela del mono) y 8 casos confirmados de tuberculosis entre la población asentada, lo que eleva el grado de alerta de los servicios de salud pública.

En el plano económico y social, el ambiente es calificado por los residentes como un verdadero “polvorín”. El comercio local y los negocios de la ciudad estiman pérdidas de cerca de 1 millón de euros al día a causa de la parálisis y la inseguridad percibida.

El objetivo prioritario de la mayoría de los inmigrantes es cruzar a la Península. Según estimaciones policiales, unas diez personas intentan a diario colarse en los ferris rumbo a Algeciras; de hecho, solo hoy tres migrantes han sido interceptados ocultos en uno de los buques de pasaje.

Por otra parte, para evitar la devolución, muchos inmigrantes prefieren permanecer en la clandestinidad de las calles antes que ser filiados e ingresados en recintos desde los que puedan ser devueltos a Marruecos.

Ante un panorama que se prolonga ya durante 50 días sin un horizonte de resolución clara, los ceutíes exigen medidas drásticas e inmediatas, con vecinos que aseguran estar sopesando abandonar la ciudad ante la imposibilidad de mantener un día a día normalizado.