El empresario Julio Martínez Martínez, socio de José Luis Rodríguez Zapatero, ha asegurado que el expresidente del Gobierno “marcaba los pasos a seguir” y ha admitido una comisión del 1% por intermediar en el rescate de 53 millones de euros concedido por el Gobierno de Pedro Sánchez a la aerolínea en pandemia.

Así lo ha hecho en un escrito, trasladado al juez José Luis Calama de la Audiencia Nacional que investiga el ‘caso Plus Ultra’, un día antes de su declaración como imputado y avanzando que lo hace “con el fin de colaborar y contribuir al esclarecimiento de los hechos que se investigan”.

La defensa de Martínez Martínez, accionista mayoritario de Análisis Relevante, señala que uno de los primeros clientes que tuvo fue Plus Ultra y que la primera noticia que supo sobre la aerolínea fue en mayo de 2020, “cuando Zapatero le adelantó que iba a recibir una llamada de los directivos de esta compañía”.

“Y, en efecto, el 16 de mayo de 2020 se pusieron en contacto con él los señores (Julio) Martínez Sola y (Roberto) Roselli”, presidente y CEO de la aerolínea respectivamente y también imputados en la causa, que “le hablaron de los problemas económicos de la empresa, de lo que ya le había puesto al corriente al expresidente Zapatero, y de la necesidad de buscar financiación”, relata.

Su abogada indica que Martínez Martínez “no tenía posibilidad alguna de obtener nada por sí mismo, mucho menos financiación pública o privada”, sino que “su misión consistía en intermediar entre cliente y consultor”.

“En su faceta de consultor, era Zapatero quien marcaba los pasos a seguir” y “sugirió” a directivos de Plus Ultra que “enviaran una carta, de su parte, al vicepresidente del Banco de Santander, señor (Juan Manuel) Cendoya, para la concesión de un crédito ICO”. “También, según le dijo Roselli, solicitaron financiación a la entidad La Caixa” pero “ninguna de esas vías dio resultado”, apostilla.

Comunicación con Zapatero

Recuerda que el 3 de julio de 2020 se creó el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y, a partir de entonces, “las gestiones de Plus Ultra se dirigieron a la obtención de la ayuda”.

Fue el 30 de julio cuando, según añade, se firmó un contrato entre Plus Ultra y Análisis Relevante en el que “se acordaron unos honorarios que se fijaron en 5.000 euros mensuales más el IVA”. “Con independencia de la redacción del contrato, la realidad fue que los honorarios a cobrar eran en concepto del asesoramiento que desde mayo venía dando Zapatero”, asegura.

Y “adicionalmente, en contraprestación a los servicios prestados y al éxito de la operación”, el 19 de enero de 2021 se firmó un contrato entre Plus Ultra e Idella Consulenza Strategica, una de las empresas señaladas por el juez, “mediante el que la primera se comprometía a abonar el 1% de la financiación obtenida”.

La defensa sostiene que su labor “consistió fundamentalmente en el acompañamiento del cliente para la obtención de la financiación solicitada” y expresa que “de todos los pasos que se iban dando estaba puntualmente informado Zapatero”, que el 26 de febrero le “comunicó” que “la SEPI iba a conceder el crédito solicitado por Plus Ultra”.

De forma inmediata, según expone, Martínez Martínez “lo puso en conocimiento de los principales accionistas de la compañía aérea, Camilo Ibrahim y Rodolfo Reyes”. “Y, en efecto, la concesión del crédito se aprobó en Consejo de Ministros de 9 de marzo de 2021, previa aprobación del FASEE el 2 de marzo”, abunda.

Dinero

“En cuanto al cobro de los honorarios pactados en el contrato entre Idella y Plus Ultra, por la presión mediática que en aquel momento existía sobre la financiación pública concedida a la aerolínea, se decidió diferir el pago a lo largo del tiempo, hasta 2026, y que parte de esas cantidades se facturaran a través de otras empresas relacionadas” con él, agrega.

La abogada resalta que “la cuantía abonada en concepto de honorarios por mediar en la obtención de la ayuda pública ascendió, aproximadamente, al 1% de la cantidad obtenida conforme a lo acordado”.

Y añade que, tras el “éxito” de esa operación, se mantuvo la relación entre su empresa y la aerolínea, siendo los trabajos realizados después “fundamentalmente relacionados con cuestiones a resolver en Venezuela por dificultades técnicas y logísticas de la empresa”, y que “en su gran mayoría se facturaron a través de empresas vinculadas con Plus Ultra y con Martínez Martínez”.

También se refiere a los 286.000 euros que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional intervino en su casa del centro de Madrid, que estaban escondidos en bolsas de deporte, muebles y neceseres. A este respecto, asegura que “se trata de dinero obtenido por la venta de activos inmobiliarios no relacionados con los hechos objeto de este procedimiento”.

Una “buena relación”

La defensa del empresario explica que la relación entre ambos se remonta a 2011, cuando un amigo en común, Javier de Paz, le trasladó la adquisición de una vivienda en Vera (Almería) propiedad del matrimonio de Zapatero, en aquel momento presidente del Gobierno. La escritura se firmó en el Palacio de la Moncloa, según la defensa de Martínez Martínez, que se dedicaba a la inversión inmobiliaria.

Al poco tiempo, y “dada la afición” a correr que “compartían” tanto Zapatero como De Paz y Martínez Martínez, “se estableció una buena relación” entre los tres, si bien “sus reuniones” para la práctica de ese deporte “fueron escasas”, de acuerdo al relato de la abogada del empresario. “Después, y hasta diciembre del año 2025, los encuentros para correr eran frecuentes”, destaca.

A finales de 2019, según manifiesta, “en una de esas reuniones” deportivas, De Paz y Sergio Sánchez, accionista minoritario, “propusieron la idea de constituir una consultora estratégica que tendría el atractivo de contar con un expresidente del Gobierno como consultor y principal referencia”. “Los cuatro mostraron su conformidad con la propuesta, dando lugar a la constitución de la sociedad”, agrega.

Zapatero estaba fuera de análisis relevante, pero la “lideraba”

La letrada aduce que Análisis Relevante se constituyó “con la finalidad de prestación de apoyo, asesoría y otros servicios en el ámbito de la organización y gestión” en la que el “principal consultor” era Zapatero.

Sus funciones en la empresa consistían, explica, en emitir “informes sobre estrategia, relaciones internacionales, etcétera”, así como impartir “conferencias según fueran requiriendo los clientes”.

Así las cosas, detalla el reparto de las participaciones de la mercantil: los “socios” serían él, que dispondría del 75% de la mercantil, y Sánchez, con el 25% restante.

“El planteamiento inicial fue que Sánchez, por su condición de periodista, finalizaría los informes que elaborara el consultor, informes que después maquetaría la mercantil What The Fav”, la empresa de las hijas de Zapatero –también imputadas–, “con quien se estableció una iguala por importe de 3.000 euros mensuales, que se pagó hasta el año 2025”, relata.

De esta forma, Zapatero “quedó fuera del accionariado y órganos formales de la empresa, pero era quien la lideraba y decidía todas aquellas cuestiones de estrategia y captación de clientes”. Y fue él, “por su condición de expresidente del Gobierno” y gracias a “sus relaciones personales y profesionales”, quien “captó a las cuatro empresas que contrataron con Análisis Relevante hasta 2025”. La defensa asegura que el exdirigente socialista captó a otros clientes, como Softgestor, Alaska Ilimitada –luego llamada Inteligencia Prospectiva– y el Grupo Aldesa.