Un propietario de una vivienda en Burgos ha denunciado que los inquilinos a los que alquiló su inmueble a mediados de junio se han convertido en okupas, permanecen en el interior de la casa pese a haber firmado la rescisión del contrato y le han exigido 8.085 euros para abandonarla, además de proferirle amenazas, según publica el diario Burgos Conecta.

El denunciante, que ha solicitado mantener el anonimato por encontrarse el caso en vía judicial, explica que recurrió a una agencia inmobiliaria para encontrar un arrendatario y que la empresa le recomendó al inquilino al asegurarle que era «un cliente buenísimo» y «la mejor persona para alquilar ese piso».

El contrato de alquiler comenzó el 17 de junio. Sin embargo, el propietario sostiene que ese mismo día accedieron al inmueble varias personas distintas del firmante y que, al día siguiente, comprobó supuestos incumplimientos de las condiciones pactadas, entre ellos fumar en el interior de la vivienda.

Ante esta situación, ambas partes firmaron la rescisión del contrato el 19 de junio y acordaron la entrega de llaves para el día 22. Según el propietario, el inquilino no acudió a la cita, a la que asistieron agentes de la Policía Nacional, quienes identificaron a seis personas que permanecían en el interior del inmueble.

El denunciante asegura que, tras localizar al firmante del contrato, este le manifestó: «Nos vamos a quedar aquí». Según su relato, los agentes le indicaron que se trataba de un conflicto de carácter civil derivado de un incumplimiento contractual y que no podían intervenir en ese momento.

El propietario afirma que la vivienda, ubicada en la zona sur de la capital burgalesa, había permanecido alquilada durante los dos años anteriores y contaba con equipamiento nuevo. Asegura que los ocupantes están causando importantes desperfectos y calcula que la reparación podría alcanzar entre 35.000 y 40.000 euros.

Asimismo, sostiene que la Policía Local acudió en una ocasión al inmueble después de que alertara de que se estaba haciendo fuego en el patio. Según su versión, los agentes aludieron a una situación de «supervivencia» y no adoptaron ninguna medida.

El denunciante ha presentado dos denuncias ante la Policía Nacional. En la primera, fechada el 23 de junio, comunicó la rescisión del contrato, la falta de devolución de las llaves y denunció haber sido intimidado por uno de los ocupantes, quien, según recoge el escrito, le dijo: «Te voy a dar la paliza de tu vida. […] Sé dónde vives y puedo generarte muchos problemas».

En una segunda denuncia, presentada tres días después, sostiene que los ocupantes le reclamaron presuntamente 8.085 euros para abandonar la vivienda y que volvieron a amenazarle. El propietario asegura haber grabado parte de la escena y haber solicitado una orden de alejamiento, aunque afirma que todavía no ha recibido respuesta.

El caso se encuentra ya judicializado. El afectado ha iniciado los trámites para promover el desahucio mediante un procedimiento de mediación previa y estudia también emprender acciones legales contra la agencia inmobiliaria, a la que acusa de no haber verificado la documentación presentada por el inquilino antes de formalizar el contrato.