El juez Juan Carlos Peinado ha enviado a juicio a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha fijado como medidas cautelares la retirada del pasaporte, le ha prohibido salir del territorio nacional y le ha estipulado una comparecencia cada quince días en el juzgado.

El magistrado ha tomado esta decisión en un auto de 84 páginas difundido este sábado, después la audiencia preliminar celebrada el pasado lunes en los juzgados de Plaza de Castilla, donde las acusaciones populares lideradas por la organización Hazte Oír solicitaron medidas cautelares por riesgo de fuga.

Peinado también ha acordado estas medidas para la asesora de Gómez, Cristina Álvarez, «durante el tiempo que dure la tramitación de esta causa y hasta que sea dictada una resolución firme».

En concreto, el juez atribuye a Begoña Gómez y su asesora presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos. Además, el magistrado también envía a juicio al empresario Juan Carlos Barrabés por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares.

En esta causa, el juez Peinado ha investigado un presunto tráfico de influencias de Gómez a favor de Barrabés; la gestión de Gómez en la cátedra y los dos másteres que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid; la presunta apropiación indebida por parte de la esposa de Sánchez del ‘software’ de dicha cátedra, y el nombramiento de Cristina Álvarez como su asesora en el Palacio de la Moncloa.

Precisamente este viernes, el juez abrió una pieza separada dentro de la causa contra Gómez por los presuntos delitos de prevaricación y fraude a los intereses de la Unión Europea con relación a Barrabés. La decisión de Peinado sobre Gómez ha tardado más de lo previsto, ya que la ley estipula un plazo de tres días desde la vista del pasado lunes.

Peinado justifica las medidas cautelares contra Gómez

En su auto, el magistrado desoye el criterio de Fiscalía, que ya el lunes se oponía a las medidas cautelares, así como el de las defensas, que sostenían que no hay motivos para continuar con una causa que siempre han rebatido.

Además, justifica las medidas cautelares contra Gómez al asegurar que, tras las diligencias practicadas, se deduce la existencia de «indicios racionales de criminalidad de un hecho delictivo».

Añade el juez Peinado que, «a mayor gravedad de la pena, más intensa puede ser la tentación de la huida y mayor el perjuicio que, en caso de materializarse la fuga, sufriría la finalidad de preservar la acción de la justicia».

Peinado sostiene que, aunque Gómez se encuentre acompañada o custodiada por las fuerzas de seguridad dada su condición de esposa de Sánchez, «no cabe duda» de que «esos agentes en un momento determinado pueden, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, sean precisamente quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo para facilitar esa fuga, que haga imposible que la acusada se encuentre a disposición de la justicia».

«Especialmente trascendente es que la condición de actual presidente del Gobierno, de su esposo, es algo efímero, y por tanto transitorio, y esa protección o acompañamiento de los agentes de los Cuerpos de Seguridad del Estado desaparecería, lo que facilitaría, aún más, esa hipotética fuga», apostilla el magistrado.

Peinado fundamenta su decisión de enviar a juicio a Gómez en que esta se aprovechó de su condición de esposa del presidente del Gobierno en beneficio propio. «Los hechos indiciariamente atribuidos a Begoña Gómez pudieron suponer que, desde la llegada de su esposo primero a la secretaría general del PSOE y, sobre todo, a la Presidencia del Gobierno, se tomaron determinadas decisiones públicas favorables a la cátedra y al proyecto TSC, que pudieron obtenerse mediante un aprovechamiento singular de su posición relacional», argumenta el instructor, como en anteriores resoluciones del caso.

En el escrito, argumenta, como ya hizo en autos anteriores para apuntalar su decisión de enviarla a juicio: «No podrá hallarse un supuesto de similares características, pues las conductas que provienen de palacios presidenciales, como este supuesto, parecen más propias de regímenes absolutistas, por suerte, ya olvidados en el tiempo en nuestro Estado», antes de mencionar al «reinado de Fernando VII».

En la misma línea apunta a la asesora de Begoña Gómez, señalando que «ha venido actuando en calidad de asistente» y «con estrecha vinculación personal y acompañando a la misma, así como coordinando todas sus actividades», por lo que entiende que «debe colegirse que dispone de una situación similar a ella, a los efectos de disponer igualmente de los mismos medios para fugarse y eludir la acción de la justicia».

Moncloa critica la decisión del juez Peinado
Poco después de conocer el auto del juez Peinado, fuentes del Palacio de la Moncloa han criticado su decisión al considerar que constata la persecución, la obsesión y la desproporción de este magistrado. Según estas fuentes consultadas, la instrucción del juez carece de todo sentido jurídico y solo atiende a motivos políticos.

Además, desde el Palacio de la Moncloa han calificado como «otro ejemplo del despropósito» las palabras del juez Peinado en su auto referidas a los agentes de los Cuerpos de Seguridad del Estado que acompañan y escoltan a Begoña Gómez y que, según el magistrado, podrían colaborar en una supuesta fuga.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, también ha reaccionado en redes sociales al considerar una «ignominia» el auto judicial. «Un auto en el que se llega a afirmar que ¡puede ser la propia Policía que custodia a Begoña Gómez la que le ayude a fugarse! Y esto lo está consintiendo la Audiencia Provincial de Madrid y el CGPJ», ha señalado Puente.

«Basta ya de tanta persecución injustificada», ha considerado, por su parte, la ministra de Educación, Milagros Tolón, en otro mensaje en la red social X, donde ha manifestado su apoyo a Begoña Gómez.

Desde el PSOE también han reiterado la inocencia de la mujer del presidente del Gobierno. «Lleva dos años siendo perseguida judicial y políticamente. Lo de hoy es un paso más, un escándalo democrático que no se sostiene. No pararán», sostienen en un mensaje publicado en X. Además, su secretaria de Organización, Rebeca Torró, ha señalado en otra publicación: «Una decisión desmedida y desproporcionada. A la altura de un proceso político escandaloso contra una persona inocente».