Pedro Sánchez recibe a la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, en el Palacio de la Moncloa, en marzo de 2025.

Si hay un socio de investidura que se mantiene fiel a Pedro Sánchez contra viento y marea, ese es Bildu. La formación abertzale es el único socio de investidura que ni siquiera ha exigido explicaciones al presidente del Gobierno por los recientes escándalos de presunta corrupción que están salpicando al PSOE. Ni la imputación de Zapatero ni el registro de la UCO en Ferraz han hecho mella en la lealtad de los independentistas vascos, que defienden, incluso, la teoría del lawfare para derrocar a Sánchez.

“Estoy absolutamente convencido de que hay una operación de carácter político para desalojar al PSOE del Gobierno”, ha afirmado este viernes Arnaldo Otegi en una entrevista en la Cadena SER. “Dentro del Estado hay quien cree que el partido socialista, encabezado por Sánchez y su Gobierno, se ha salido del establishment y del régimen del 78 y que ha hecho cosas peligrosas, como pactar con los independentistas, hablar de plurinacionalidad, pactar con Puigdemont, dar la amnistía, etcétera”, ha relatado el secretario general de Bildu.

Otegi ha sido, además, tajante al rechazar un adelanto electoral, como han pedido otros socios de investidura: “Hay mucha gente que lleva tiempo demandándolo, pero desde el punto de vista del pueblo vasco e incluso del pueblo español progresista y de izquierdas, se desconoce qué resolvería este adelanto cuando todo el mundo prevé que eso daría paso a un Gobierno de PP-Vox”. Sus palabras corroboran lo ya adelantado por la portavoz de Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, quien consideró “probable” que Zapatero sea víctima de lawfare y dejó claro que su respaldo a Sánchez es firme: “No ha cambiado nada para que nuestro apoyo siga siendo el que es”.

Pero la inquebrantable fidelidad de Bildu tiene un precio. Los abertzales están cómodos con Sánchez en la Moncloa porque el presidente está atendiendo a sus demandas y ven cómo sus objetivos políticos se van alcanzando poco a poco. El principal es el que atañe a los presos etarras y, tras la cesión al País Vasco de la competencia para gestionar las prisiones, Bildu aplaude la manga ancha del Gobierno con los excarcelamientos de etarras vía tercer grado o mediante la concesión de otros beneficios penitenciarios.

Del mismo modo, Bildu ha logrado que la Ley de Memoria Democrática abarque también la época de la Transición, hasta 1983, para que se pueda investigar la creación de los GAL; y ha impuesto condiciones en la ley de Seguridad Ciudadana, entre ellas reducir o anular sanciones por desobedecer o insultar a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Además, en Navarra ha conseguido la alcaldía de Pamplona de la mano del PSOE o la transferencia de la competencia de Tráfico, que supone la expulsión de la Guardia Civil de esa comunidad.

A nivel electoral, la alianza con Sánchez tampoco le está yendo nada mal a Bildu, porque paulatinamente le está comiendo la tostada al PNV. En las elecciones autonómicas vascas de 2024 se quedó a solo 28.000 votos del sorpasso y ambas formaciones empataron a escaños. Las encuestas siguen siendo favorables para los de Otegi, que crecen en intención de voto mientras el PNV parece agotado. Algunos sondeos ya contemplan la victoria de Bildu dentro de dos años, en las próximas autonómicas.

ERC, PNV y Sumar, los socios que solo piden explicaciones

Por debajo de la devoción que Bildu profesa a Sánchez se encuentra un segundo nivel de socios de investidura, que no parecen tan cómodos con los recientes escándalos en torno al PSOE, pero que tampoco exigen al presidente un adelanto electoral. En este grupo se encuentra Sumar, socio en el Gobierno de coalición, que apuesta firmemente por agotar la legislatura, aunque su líder, la vicepresidenta Yolanda Díaz, afirme sentir “vergüenza” ante las causas judiciales abiertas.

De igual modo, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha pedido a Sánchez que “reaccione” y ofrezca “mayores explicaciones” a los españoles, porque las ofrecidas hasta ahora son “absolutamente insuficientes”, pero tampoco ve mayores inconvenientes para su continuidad en Moncloa. Fuentes de Sumar recalcan que la única “línea roja” para la ruptura sería una posible financiación ilegal del PSOE.

Esa línea roja parece que se ha convertido en una condición recurrente para otros socios como ERC o el BNG. El portavoz republicano, Gabriel Rufián, ha dicho que tendría que haber “pruebas y una sentencia firme” para que su partido reclamara un adelanto electoral y ha recordado que siempre han puesto como “línea roja” que “se demuestre” una hipotética “financiación ilegal” de los socialistas. Lo mismo ha dicho la portavoz del BNG, Ana Pontón: “Si se demuestra financiación ilegal, como tuvo el PP con la Gürtel, en ese momento tiene que tomar la palabra la ciudadanía”.

PNV y Junts piden elecciones, pero descartan apoyar una moción de censura

Algo más duros con Sánchez han sido el PNV y Junts, que han pedido abiertamente la convocatoria de elecciones anticipadas. Los nacionalistas de Puigdemont ya rompieron con el Gobierno el pasado noviembre al considerar que no estaba cumpliendo con sus demandas y este viernes, su portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, ha insistido en el fin de la legislatura: “Nosotros no esperamos nada más que el presidente Sánchez convoque elecciones”.

Aitor Esteban, presidente del PNV, también ha dicho que “la legislatura está acabada” y que “el interés general lo que demanda es una convocatoria electoral”. En ese sentido, ha apuntado que el presidente “debería preguntarse si, al negarse a convocarlas, no está actuando desde un interés partidista y particular” y le ha pedido que no se comporte “como el avestruz, cerrando los ojos y haciendo como que no pasa nada”.

En todo caso, las dos formaciones nacionalistas han rechazado cualquier posibilidad de apoyar una moción de censura contra Sánchez. “No la contemplamos”, ha subrayado Esteban, mientras que Nogueras ha señalado que “no está sobre la mesa”.