AR.- Durante la campaña de las elecciones andaluzas, el debate sobre la seguridad, la inmigración y el endurecimiento de las políticas penales ocupó parte del debate político. Las propuestas de PP y Vox en materia de control fronterizo, incremento de efectivos policiales y refuerzo de la autoridad del Estado han reabierto una discusión que divide tanto a partidos como a expertos en seguridad.

El inspector jefe de Policía Ricardo Ferris analiza en esta entrevista con AD el impacto real de estas medidas, la situación actual de la delincuencia asociada a la inmigración irregular y las carencias legislativas que, a su juicio, impiden una respuesta eficaz del Estado. Ferris se muestra especialmente contundente al valorar posibles reformas del Código Penal y asegura que “tipificar la inmigración ilegal como delito grave en nuestro Código Penal acabaría con el problema en menos de un año, pero ningún partido lo va a hacer”.

Durante la conversación, el mando policial aborda también el papel de las mafias, la presión migratoria sobre determinadas zonas del sur de España y las diferencias entre el discurso político y la realidad operativa que viven diariamente las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

– Inspector Ricardo Ferris, tras las elecciones andaluzas, ¿cree que el voto a PP y Vox refleja una percepción real de aumento de inseguridad o más bien una percepción alimentada políticamente?

El voto a las formaciones políticas que menciona obedece a muchos factores, pero principalmente al hartazgo producido por la corrupción generalizada del PSOE, tanto en el gobierno central como en su anterior administración en Andalucía.

La administración del gobierno del PP andaluz en el tema de la seguridad es tan desastrosa como la de sus antecesores, que ha permitido que Andalucía sea ya una narcocomunidad y por ponerle un ejemplo gráfico, en 2025 se han violado a dos mujeres cada día sin que ninguno de esos dos partidos haya mencionado el tema.

– Tanto PP como Vox han endurecido su discurso sobre inmigración y control fronterizo durante la campaña. Desde una perspectiva policial, ¿qué propuestas son realmente aplicables y cuáles cree que son más simbólicas o electorales?

Los discursos de las dos derechas son prácticamente iguales en cuanto a la seguridad, y son meramente eso, discursos vacíos con el único afán de conseguir réditos electorales. La gestión real de la seguridad tanto del PP en sus autonomías como en municipios como de Vox han sido nefastas. De hecho, Castellón fue el gran municipio de toda España donde más aumentó la delincuencia en 2024, con un concejal de seguridad de Vox.

En cuanto a los controles fronterizos, las autonomías carecen de competencias teóricas al respecto, aunque sí es verdad que, en el ámbito de sus competencias, no ha habido ninguna diferencia de tratamiento a la inmigración ilegal con respecto a las comunidades gobernadas por la izquierda.

– El PP ha insistido en reforzar videovigilancia, coordinación policial y lucha contra el narcotráfico. ¿Qué medidas considera prioritarias para Andalucía y cuáles llegan tarde?

Lo cierto es que, al no disponer de Policía propia, las competencias autonómicas en cuanto a seguridad están muy recortadas, aunque sí es cierto que si la comunidad dispusiese de expertos al frente de interior, se podrían implementar en ese ámbito y exigir al gobierno central una serie de medidas contundentes de lucha contra la inseguridad, pero no se hace ni se va a hacer por que cometen el mismo error que el resto de formaciones políticas, situar al frente de esas áreas a “enchufados” del partido sin experiencia en ese ámbito que dejan la gestión del problema a unas autoridades policiales regidas por gente tan incompetente en el ámbito operativo como los políticos que los dirigen.

Debería dedicar un libro entero para detallarle las medidas a desarrollar en esa comunidad en el ámbito de la comunidad, pero por no aburrir a la audiencia le mencionaría dos objetivos fundamentales en el ámbito autonómico como son conseguir convertir a sus Policías Locales en verdaderos policías dedicados prioritariamente a la seguridad ciudadana, adaptar sus horarios a la delincuencia para evitar que las noches o los fines de semana desaparezca la presencia policial, seleccionar a policías de verdad para dirigir esos cuerpos, lucha efectiva contra la ocupación por parte de las Policías Locales, denuncia efectivas ante la opinión pública de la existencia de zonas geográficas totalmente controladas por el narcotráfico para obligar al gobierno central a mover ficha en vez de esconder el problema, educación práctica en materia de seguridad tanto en las escuelas como a través de su tv pública…

– Vox vincula inmigración irregular con presión sobre la seguridad y los servicios públicos. ¿Existe una correlación objetiva entre inmigración y delincuencia en Andalucía o se simplifica demasiado el debate?

Como ya he mencionado en numerosas ocasiones, en ese silogismo la relación entre sus dos premisas no es la relación entre inmigración e inseguridad, ya que todo el mundo sabe que no todos los inmigrantes son delincuentes, ni muchísimos menos, sino la contraria, delincuencia e inmigración, ya que todo el mundo debería saber que la mayoría de la delincuencia está protagonizada por gente proveniente de otros países y culturas, especialmente de Africa y de Hispanoamérica. De hecho, las estadísticas reflejan que la mayor parte de delincuentes extranjeros detenidos en España son marroquíes y colombianos.

– Andalucía vuelve a consolidarse como un territorio claramente inclinado hacia la derecha. ¿Hasta qué punto la preocupación por seguridad, okupación o narcotráfico ha influido en ese giro político?

Abundando en lo mencionado en el primer apartado, desgraciadamente en nuestro país fluctuamos políticamente hablando entre unas izquierdas que se posicionan sin disimulo al lado de los delincuentes, ya que toda su ideología proviene de esas nefastas ideas del siglo XIX de que la culpa de la delincuencia no corresponde a los delincuentes, sino a la sociedad, y a unas derechas que por fin se han dado cuenta que la inseguridad es una de las máximas preocupaciones de la ciudadanía y que dan muchos votos los discursos al respecto. En la práctica, la gestión de la seguridad de izquierdas y derechas es igual de incompetente, y los fallos en materia de seguridad se pagan no solamente con dinero, sino con sangre.

– Durante la campaña andaluza se habló mucho de “inmigración ordenada” y de expulsión de irregulares. ¿Dispone realmente España de capacidad operativa y legal para ejecutar esas políticas tal y como se prometen?

Con la inmigración ilegal se puede acabar en menos de un año si se aplica la medida estrella de mi Plan Integral de seguridad, que no es otra que la criminalización de verdad de la misma, es decir, tipificar la inmigración ilegal como un delito grave en nuestro Código penal, de manera que esos invasores desde el mismo momento en que entran en nuestro país fuesen detenidos e ingresados inmediatamente en la cárcel, con una pena atenuada por el hecho de que colaborasen en su documentación e identificación para poder ser expulsados con garantías a los países de donde proceden. Eso acabaría con el efecto llamada, y en una segunda fase procederíamos a actuar del mismo modo contra todos los ilegales delincuentes que ya se hallan en nuestro país. En un par de años los centros penitenciarios de España se quedarían casi vacíos.

Lamentablemente, y por increíble que parezca, todavía estamos en la fase de que los políticos se enteren de que la inmigración ilegal en nuestro país no es delito, sino una mera infracción administrativa, y por eso es imposible la lucha efectiva contra la misma.

Me ha costado tres largos años y un precio muy caro conseguir que cale en la ciudadanía la relación directa entre delincuencia e inmigración, y espero que no tenga que esperar otros tres años para conseguir que alguna formación política recoja esa medida entre sus propósitos.

– ¿Le preocupa que el debate político esté mezclando seguridad ciudadana con inmigración hasta el punto de generar desconfianza hacia colectivos concretos?

Me preocuparía lo contrario. De hecho, los primeros en pedir que no dejemos que España se convierta en uno de esos países de donde proceden son los propios inmigrantes honrados y trabajadores, que son tan víctimas de estos delincuentes como los propios españoles, aunque con una diferencia fundamental respecto a los oriundos españoles, y es que ellos sí están acostumbrados a defenderse.

– PP y Vox coinciden en reforzar la presencia policial, pero difieren en el tono y la dureza del discurso. Desde dentro de los cuerpos de seguridad, ¿se percibe esa diferencia o ambos partidos plantean estrategias muy similares?

Como ya he mencionado, en la práctica no hay diferencia alguna en la gestión de la seguridad entre PP y Vox, pero voy más allá, ya que tampoco hay diferencia alguna con la gestión de la seguridad entre derechas e izquierdas.

– En barrios con alta presión social o económica, ¿qué funciona mejor para reducir delincuencia: endurecimiento policial o políticas de integración y prevención?

Estamos sobrados desde hace décadas de políticas de integración y prevención, con multitud de chiringuitos ´que nos cuestan un dineral dedicados a ello, y el resultado es un insoportable crecimiento de la inseguridad, especialmente de la delincuencia más violenta.

La combinación entre legislación dura y una policía contundente es una fórmula infalible, y los hechos así lo acreditan, como ha demostrado Bukele en El Salvador, o, modestamente, pude demostrar yo en Valencia con la limpieza y recuperación del primer barrio “no go” en España como fue el barrio de Ruzafa. Si se puede limpiar un barrio, se puede y se debe limpiar una ciudad, una Comunidad, y un país.

– Después de estos resultados electorales, ¿cree que veremos un endurecimiento real de las políticas migratorias y de seguridad en Andalucía, o el discurso de campaña acabará moderándose en la negociación parlamentaria entre PP y Vox?

No. Ya lo hemos visto en otras Comunidades y ayuntamientos cogobernados por ambas formaciones.