Los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, junto al ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero durante el juicio de los ERE

Ignacio Loring.- Hubo un tiempo en que el escándalo de los ERE en Andalucía ocupaba portadas diarias, abría informativos y se utilizaba como prueba definitiva de la corrupción estructural del PSOE andaluz. Hoy, sin embargo, en plena campaña andaluza, el mayor caso de corrupción política de la historia reciente de España parece haberse evaporado del debate público. ¿Es casual ese silencio?

De entrada, los ERE no fueron un error administrativo ni una cadena de irregularidades menores. Fueron casi una década de dinero público repartido sin control, con un sistema diseñado para esquivar fiscalización, alimentar redes clientelares y garantizar poder político. Más de 680 millones de euros gestionados al margen de los procedimientos legales mientras la Junta de Andalucía actuaba como si el dinero de los contribuyentes fuera patrimonio privado del partido gobernante.

Durante años, Andalucía soportó tasas récord de paro, precariedad y dependencia económica mientras una parte del aparato político construía un modelo de fidelidades subvencionadas. Intrusos en expedientes, ayudas arbitrarias, comisiones opacas y una administración convertida en mecanismo de supervivencia electoral. Eso fue el caso ERE. No un accidente y sí un sistema. Sin embargo, hoy casi nadie quiere hablar de ello.

El PSOE intenta enterrarlo porque representa la demolición moral de su relato histórico en Andalucía. El PP evita explotarlo con demasiada fuerza porque gobierna cómodamente y prefiere una campaña anestesiada, sin confrontación ideológica ni memoria incómoda. Y una parte importante del ecosistema mediático lo trata ya como una historia vieja, amortizada, casi molesta.

Pero no es vieja. Lo viejo no desaparece mientras siga sin existir una verdadera rendición de cuentas política, ni prescribe cuando quienes permitieron aquel mecanismo continúan ocupando espacios de influencia, opinando en tertulias o presentándose como referentes éticos. Lo viejo no deja de importar cuando hablamos de cientos de millones de euros que debían aliviar el sufrimiento de trabajadores y acabaron convertidos en herramienta de poder.

La normalización del olvido es quizá la fase más peligrosa de cualquier gran corrupción. Primero llega el escándalo. Después, el cansancio. Finalmente, la amnesia interesada.

Andalucía corre el riesgo de entrar exactamente ahí: en la aceptación resignada de que el mayor fraude institucional de su historia quede reducido a una nota al pie, incómoda pero políticamente inofensiva.

Tal vez por eso no se habla de los ERE en campaña dado que recordar obligaría a hacerse preguntas demasiado incómodas. No solo sobre el pasado del PSOE andaluz, sino sobre cómo una sociedad entera terminó acostumbrándose a que el poder gestionara lo público sin vigilancia real durante tantos años.

El problema nunca fue solo la corrupción. El problema fue la impunidad cultural que la hizo posible.