AD.- La reciente autorización para que el crucero Ondius, con casos de hantavirus, se dirija a Canarias ha encendido, con razón, la indignación en el archipiélago. Se trata no sólo de una decisión cuestionable desde el punto de vista sanitario, sino de un nuevo ejemplo de cómo los territorios insulares parecen ser tratados como espacios de sacrificio ante situaciones incómodas para otros.

La pregunta es inevitable: ¿por qué el Gobierno de España ha aceptado lo que otros países, como Cabo Verde o Sudáfrica, rechazaron de forma tajante? Si esos estados consideraron que el riesgo no era asumible para sus poblaciones, ¿qué hace pensar que sí lo es para los canarios? La incoherencia es evidente y el agravio comparativo, difícil de justificar.

Más allá del debate político, hay un principio básico que debería guiar cualquier decisión de este tipo: la prudencia sanitaria. Permitir la llegada de un barco con posibles casos de una enfermedad infecciosa, por muy controlada que se quiera presentar la situación, implica asumir un riesgo que no es teórico. Canarias cuenta con un sistema sanitario limitado por su condición insular, y cualquier incidente puede tensionarlo rápidamente.

Existían alternativas más razonables. La más lógica habría sido mantener el crucero en alta mar, bajo supervisión médica especializada, con apoyo de organismos internacionales como la OMS. En un mundo con capacidad tecnológica y logística suficiente, resulta difícil entender por qué se opta por trasladar el problema a un territorio habitado en lugar de contenerlo en un entorno controlado.

Lo ocurrido transmite un mensaje preocupante: que hay ciudadanos de primera y de segunda, y que las decisiones difíciles se descargan sobre quienes tienen menos capacidad de presión política o geográfica. Canarias no puede seguir siendo la última opción ni el destino por defecto cuando otros dicen “no”.

Un cálculo político que huele peor que el riesgo sanitario

Pero lo peor sin embargo es que el Gobierno haya optado por no hacer nada que pueda costarle votos. Si resultaba inevitable la llegada del crucero Ondius a España, nos preguntamos si la decisión de no trasladar el barco a Andalucía o a Cataluña es una maniobra burda de cálculo político. Tal vez porque saben que la imagen de un crucero con un virus atracando en la costa andaluza en campaña es dinamita electoral. O que sus socios parlamentarios catalanes no hubiesen aceptado nunca el atraque en el puerto de Barcelona, pese a contar con mejores medios sanitarios que Canarias.

Estamos ante un gobierno paralizado por el pánico demoscópico, donde el criterio médico ha sido sustituido  por el marketing político. Así que  han decidido que es mejor trasladar el problema, antes que asumir el desgaste que implica hacer lo correcto.

Lo grave no es solo la decisión en sí, sino el precedente que deja. Hoy es un crucero con hantavirus. Mañana puede ser cualquier otra crisis. Es decir, si hay elecciones cerca, la gestión pasa a segundo plano. Primero la foto, luego —si acaso— la responsabilidad.

Esta no es la política que exige una crisis sanitaria, por controlada que esté. Es política de trincheras, de cálculo corto, de supervivencia electoral. Una política que trata a los ciudadanos como votantes a proteger de malas noticias, no como adultos capaces de entender una situación compleja, incluso cuando cuesta votos.

La gestión de esta crisis no solo pone en cuestión los criterios sanitarios del Gobierno, sino también su compromiso con la igualdad territorial. Proteger la salud pública de los españoles no debería depender del mapa, sino del sentido común.