Ignacio Andrade.- El movimiento de María Jesús Montero de mantener su acta de diputada en el Congreso mientras aspira a liderar el proyecto socialista en Andalucía transmite un mensaje difícil de maquillar: ni confía plenamente en su propia candidatura ni demuestra el respeto debido a los andaluces. La decisión sugiere que contempla seriamente la derrota electoral y, en consecuencia, prefiere asegurarse un refugio político en Madrid antes que comprometerse sin reservas con la oposición en Andalucía.

Este tipo de cálculo político contrasta con otros precedentes recientes donde distintos líderes optaron por asumir riesgos personales y actuar con coherencia institucional. Por ejemplo, Íñigo Errejón renunció a su escaño en el Congreso en 2019 para centrarse exclusivamente en su candidatura a la Comunidad de Madrid. Una decisión que implicaba apostar todo a una sola carta.

En una línea similar, Pablo Iglesias abandonó la vicepresidencia del Gobierno y su escaño para concurrir a las elecciones madrileñas de 2021, asumiendo un riesgo político total que finalmente le costó su carrera institucional en primera línea.

También puede mencionarse el caso de Teresa Rodríguez, quien terminó dejando su escaño en el Congreso para centrarse en la política andaluza, reforzando la idea de que liderar un proyecto autonómico exige dedicación plena y no posiciones de seguridad paralelas.

Incluso fuera del ámbito autonómico, ejemplos como el de Pedro Sánchez en 2016 —cuando renunció a su acta de diputado tras perder el control del partido— reflejan una concepción de la política donde las responsabilidades se asumen con todas las consecuencias.

Frente a estos precedentes, la decisión de Montero proyecta una imagen de ambigüedad estratégica: pedir la confianza de los andaluces mientras se mantiene un plan B en Madrid. En política, pocas cosas generan más desconfianza que pedir compromiso sin ofrecerlo en la misma medida.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha sido uno de los principales críticos. En un mitin, calificó la situación como una “falta de respeto a Andalucía”, subrayando que mantener el acta sugiere que la candidata no tiene un compromiso pleno con la comunidad.

Otros como el presidente de la Junta de Andalucía y candidato a la reelección, Juanma Moreno, han ido todavía más lejos al insinuar que la ex ministra de Hacienda no deja el acta de diputada por el aforamiento.

La decisión de María Jesús Montero refleja una forma de hacer política donde el compromiso territorial queda condicionado por el cálculo estratégico.

Si alguien aspira a gobernar Andalucía, lo coherente sería apostarlo todo por ese objetivo. No hacerlo sugiere que la candidatura no es un compromiso pleno, sino una jugada dentro de una estrategia mayor.

La actitud de María Jesús Montero se trata de una muestra de nula confianza en sus  posibilidades electorales y de falta de respeto a sus propios votantes, a los que dejará tirados tras el 17M.