En el contexto del aumento de los flujos migratorios hacia Europa y las críticas a la política de fronteras del continente —especialmente a la estrategia impulsada por el gobierno socialista de Pedro Sánchez— el Ejecutivo español volvió a recurrir al Fondo de Contingencia para financiar el sistema de atención a inmigrantes ilegales. La medida se produce en un momento en que diversos sectores cuestionan el costo económico y la eficacia de los mecanismos de acogida y regularización dentro de la Unión Europea. El Consejo de Ministros aprobó este martes la aplicación del Fondo de Contingencia por un importe de 286,7 millones de euros. La Secretaría de Estado de Migraciones solicitó este desembolso para cubrir necesidades calificadas como «ineludibles e inaplazables» dentro del programa 231H ‘Acciones en favor de los inmigrantes’, específicamente en el artículo 22 ‘Material, suministros y otros’.

El objetivo declarado por el Ejecutivo es afrontar la prestación de servicios del programa de atención a inmigrantes ilegales que llegan a las costas españolas, el sistema de acogida en materia de protección internacional y los gastos derivados de esta estructura. El importe total incluye también necesidades procedentes de obligaciones correspondientes a ejercicios presupuestarios anteriores. Sin embargo, más allá de la versión oficial del gobierno de Pedro Sánchez, fuentes de la Guardia Civil consultadas señalan que una parte muy significativa de estos 286,7 millones de euros se destinará a los traslados aéreos masivos de inmigrantes ilegales hacia la Península y «al refuerzo logístico de los centros de acogida» habilitados en las islas. En lo que va del año, según estas fuentes, el Gobierno ya ha fletado más de una decena de vuelos con este fin.

Mientras se amplía el gasto público destinado al sistema migratorio bajo la gestión del Ejecutivo socialista, distintos casos concretos ponen de relieve las dificultades para controlar la permanencia irregular dentro del territorio europeo. Un expediente policial elaborado por la Comisaría de Distrito de Hortaleza-ODAC identifica a un inmigrante como Ayoub Azzoughi —también registrado como Zaouki— nacido supuestamente el 22 de agosto de 2002 en Nador (Marruecos), hijo de Abdelhafid y Fátima. No obstante, el mismo documento recoge una segunda identidad: Ayoub Zaouki, nacido el 18 de enero de 2002 en la misma localidad, con pasaporte y carta nacional de identidad marroquí. Según el informe de antecedentes policiales al que tuvo acceso el medio, ambas fichas corresponden «a la misma persona».

El documento incluye la fotografía del interesado y su retrato policial, y detalla en el apartado de «Reclamaciones Vigentes» una prohibición de entrada al territorio nacional (número 1A4) por «paso clandestino». Esta medida fue impuesta por la Delegación del Gobierno el 14 de mayo de 2021, con vigencia desde el 22 de abril de 2021 hasta el 21 de abril de 2026. A pesar de esta orden de expulsión y de la prohibición expresa de ingreso —situación que críticos atribuyen a fallas del sistema migratorio europeo y de la política impulsada por el gobierno de Pedro Sánchez— el inmigrante se encuentra actualmente en España y ha solicitado el certificado de «penales», recomendado por una ONG, con el objetivo de acogerse al proceso de «regularización».

De acuerdo con los agentes, el joven —que hoy tiene 23 años— fue acogido en su momento como mena en un centro de protección. Posteriormente abandonó el recurso en 2021, cuando tenía 19 años. Ese mismo año acudió a una oficina de Extranjería de la Policía Nacional para solicitar asilo alegando persecución en Marruecos. Los antecedentes policiales no registran delitos graves, pero sí «detenciones reiteradas por permanencia ilegal en territorio español», incluso con la prohibición de entrada aún vigente. Tras ser informado el juzgado correspondiente, el inmigrante quedó en libertad a la espera de una resolución judicial.

Fuentes policiales consultadas por este medio señalan además que el interesado declaró haber estado residiendo con un familiar en Bélgica, donde «no encontraba trabajo». En paralelo, agentes de la Policía Nacional explican que, desde la aprobación del decreto de regularización impulsado por el Ejecutivo socialista, se han multiplicado las presentaciones de inmigrantes que anteriormente «se habían perdido la pista» dentro de España y que ahora vuelven a aparecer ante las autoridades.

«Algunos tenían órdenes de expulsión o incluso historiales largos de antecedentes; otros simplemente habían salido del país. Ahora vuelven porque saben que hay una vía rápida de papeles», señalaron las mismas fuentes. Según indican, este patrón se repite especialmente entre inmigrantes ilegales que manejan doble identidad y se desplazan con relativa facilidad entre distintos países de la Unión Europea.

El informe policial destaca también que el interesado llegó inicialmente a España de forma ilegal. Pese a ello, y a pesar de haber sido acogido como mena y de haber solicitado asilo, permaneció en territorio europeo y ahora busca beneficiarse del proceso de «regularización» masiva promovido por el gobierno de Pedro Sánchez.

De acuerdo con las fuentes consultadas, este tipo de situaciones se está volviendo cada vez más habitual. «Se les recomienda ir a comisaría por parte de las ONG para obtener el certificado limpio y poder regularizarse, pero cuando cruzas los datos aparece la prohibición de entrada y la expulsión previa», explicaron los agentes.

La Policía Nacional ya puso en conocimiento de las autoridades judiciales el expediente completo. Mientras tanto, el interesado continúa en libertad en territorio español.