El presidente Sánchez ha informado desde Bruselas que los Presupuestos Generales del Estado tendrán que esperar de forma indefinida. El argumento para eludir su compromiso constitucional ha sido en esta ocasión la Guerra de Irán, aunque lo cierto es que el Ejecutivo se ha demostrado incapaz de presentar unas cuentas, como establece el artículo 134 de nuestra norma fundamental, en toda la legislatura.

Los últimos presupuestos se aprobaron en diciembre de 2022. Es decir, que España hoy se rige por unas cuentas aprobadas en una legislatura pasada y por unas Cámaras con una composición distinta de la actual. Tras las elecciones de 2023, el Gobierno ha sustraído tanto al Congreso como al Senado su capacidad para expresar la conformidad o el desacuerdo con los presupuestos que, por imperativo constitucional, el Ejecutivo debe presentar cada año.

No se trata de una cuestión menor. Los Presupuestos Generales son uno de los principales mecanismos de control parlamentario, y su ratificación funciona como fuente de legitimidad entre elecciones. Que el Ejecutivo incumpla su mandato constitucional es grave. Pero lo es más aún cuando los motivos son evidentes: Sánchez no cuenta con el respaldo parlamentario suficiente para sacar adelante unos presupuestos.

La Constitución le obliga a presentarlos, pero el presidente es consciente de que la aritmética actual del Congreso difícilmente le permitirá aprobarlos. Esta contradicción, en un sistema parlamentario sano, solo puede solventarse convocando elecciones generales.