Los sindicatos mayoritarios de la Policía Nacional, JUPOL y SUP, han puesto en duda que el Ministerio del Interior destine recursos públicos para poner escolta policial a la tertuliana Sarah Santaolalla, después de que una juez haya desestimado su petición de orden de alejamiento contra el periodista Vito Quiles por una presunta agresión.

Desde el Sindicato Unificado (SUP) han reclamado al ministro, Fernando Grande-Marlaska, “conocer los informes técnicos que justifican el despliegue de medios policiales a este servicio” y que explique “si se han detraído efectivos de otras unidades operativas”. Aunque Interior no ha llegado a confirmar si la tertuliana dispone de escolta policial, fuentes policiales aseguran a este periódico que sí la tiene desde que se le denegó en sede judicial.

“El Sindicato Unificado de Policía solicita transparencia en relación con la asignación de recursos policiales destinados a la protección de Sarah Santaolalla, y reclama conocer los criterios técnicos y operativos que han motivado dicha decisión”, ha indicado este miércoles el sindicato SUP en un comunicado.

Recalca que “la concesión de protección policial a particulares se encuentra regulada” y que esa medida solo puede adoptarse “cuando exista constancia de un riesgo grave e inminente contra la vida, la integridad corporal o la libertad de la persona, o bien tras la correspondiente valoración técnica de riesgo realizada por los órganos competentes y elevada a la Secretaría de Estado de Seguridad”.

“A la vista de la información pública conocida hasta el momento, desde el SUP consideramos necesario que las autoridades competentes expliquen qué circunstancias concretas han llevado a apreciar la concurrencia de dichos supuestos y a autorizar la prestación de este servicio de protección policial tan excepcional”, añade el comunicado, recordando que “la activación de servicios de protección personal implica la asignación de recursos policiales limitados”.

Exigen conocer “cuántos efectivos” participan en la escolta

El SUP exige a Marlaska “conocer qué medios policiales se han destinado a este servicio, cuántos efectivos participan en el mismo y si para su prestación se han detraído agentes de otras unidades operativas de la Policía Nacional, en un contexto en el que numerosas unidades trabajan con plantillas muy ajustadas”.

Del mismo modo, JUPOL ha considerado un “absoluto escándalo” que Interior haya decidido destinar recursos policiales a la protección de Santaolalla. “Esta decisión resulta aún más incomprensible si se pone en contexto con la realidad que viven muchas víctimas de violencia de género en España. Actualmente existen situaciones en las que un solo policía tiene que encargarse del seguimiento y protección de decenas de víctimas, llegando en algunos casos a ratios cercanos a un agente para más de cien mujeres con protección activa”.

“Mientras faltan medios para proteger a víctimas reconocidas por la justicia, el Ministerio del Interior decide destinar efectivos a escoltas cuya necesidad resulta, cuanto menos, cuestionable”, subraya.

JUPOL ha incidido en “el abuso de escoltas policiales destinados a la élite política y a determinados perfiles públicos” y ha recordado que Interior también puso escolta policial a la presunta fontanera del PSOE, Leire Díez.

“No es la primera vez que desde JUPOL denunciamos decisiones de este tipo. Ya ocurrió con Leire Díez, cuando también se destinaron recursos policiales para su protección. Entonces advertimos, y hoy lo reiteramos con más firmeza si cabe, que cada agente destinado a escoltas innecesarias es un agente menos en las calles, en los barrios y en los lugares donde realmente se requiere la presencia policial”, afirma.