El Partido Popular propondrá en el Congreso un paquete de medidas para paliar el impacto de la subida de los precios de la energía, entre las que está duplicar la deducción por hijo en el IRPF, bajar un 10 por ciento el IVA de la energía y suprimir el impuesto de generación eléctrica.

En este sentido, el PP propone “revalorizar” el salario de los españoles, y especialmente de las familias con hijos, a través del IRPF. Para ello, quiere reformar el IRPF duplicando los mínimos vitales por hijo a cargo y por la actualización de los tramos. Consideran que todo ello tendrá un impacto aproximado de 200 euros de media por contribuyente.

A esto añaden la propuesta de bajar al 10 por ciento el IVA de la energía a todos los consumidores en un momento de subida del precio de gas y petróleo y suprimir el impuesto de generación eléctrica.

Su intención es llevar estas medidas al Congreso para analizar su respaldo con el resto de grupos, pero retan al Gobierno a adelantarse y y llevarlas este martes al Consejo de Ministros porque las consideran de “urgente aplicación” ya que las clases medias siempre son las que acaban “pagando la factura de todas las crisis nacionales e internacionales”.

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha replicado asegurando que el Ejecutivo de Pedro Sánchez, al igual que hizo tras el inicio de la guerra en Ucrania, y “llegado el momento, adoptará todas las medidas que considera “importantes para bajar la cesta de la compra o los costes de producción de las empresas españolas”, ante la previsible subida de precios que se derive de la guerra recién iniciada en Irán con los ataques de Israel y Estados Unidos.

La vicepresidenta ha incidido en señalar que el Gobierno ya actuó así tras el inicio de la guerra en Ucrania, cuando vio “cómo evolucionaba el precio de la energía, cómo evolucionó el precio del petróleo, de los alimentos, de las materias primas, y conforme se fue produciendo esa situación se fueron adoptando medidas”.

También, la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, destacó este lunes que el Gobierno “va a acompañar” a trabajadores, empresas y autónomos ante posibles efectos económicos de la guerra en Oriente Medio y defendió que hay “margen” para ello gracias al “rigor” y la “responsabilidad fiscal” de la gestión del Ejecutivo.

La líder de Movimiento Sumar, Lara Hernández, ha presionado este lunes a sus socios de Gobierno del PSOE para tomar ya medidas que mitiguen los efectos de la guerra en Oriente Medio ya que, en su opinión, el escudo social que estaba pendiente de convalidación en el Congreso “se ha quedado pequeño”.

“El Ministerio de Trabajo lo hizo la semana pasada, ya hizo sus deberes, y ahora lo que necesitamos es que esa misma velocidad, ese mismo ritmo, sea asumido por el conjunto del Gobierno, especialmente en materias como energía y vivienda”, ha declarado.

En este sentido, ha exigido al PSOE que se trabaje “desde ya” en la aprobación de un nuevo escudo social porque, en su opinión, el que estaba pendiente de convalidación en el Congreso “se ha quedado pequeño” en este nuevo contexto internacional.Entre las medidas planteadas por Movimiento Sumar están la vuelta de la denominada ‘excepción ibérica’ para topar el precio de la luz, la recuperación del impuesto a los beneficios extraordinarios de las grandes empresas energéticas, la ampliación del bono social eléctrico o la congelación de la tarifa de último recurso del gas.

Desde Podemos, el portavoz de la Ejecutiva del partido, Pablo Fernández, reclamó al Gobierno “que actúe ya para proteger a los ciudadanos”, pero anunció: “Vamos a remitir al Gobierno y también vamos a presentar una proposición de ley en el Congreso con unas propuestas de actuación inmediata”.

Enumeró un cheque energético de 300 euros para las familias con ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional, multiplicado por el número de miembros de la unidad de convivencia; la recuperación del mecanismo de excepción ibérica para topar el precio del gas y limitar el aumento de las tarifas de la luz y del gas a máximo del 5%, así como prohibir el corte de suministros y mejorar los descuentos del bono social eléctrico. Además, Fernández reclamó una vez más la nacionalización de Repsol y la creación de un supermercado público.