En homenaje a Pedro Ignacio Altamirano, fallecido esta madrugada en Málaga, reproducimos su último artículo publicado en AD el pasado 2 de marzo. En la España contemporánea, la izquierda política ha construido buena parte de su legitimidad sobre una narrativa de superioridad ética. La defensa de la justicia social, la igualdad de género, la redistribución fiscal, la protección de las minorías y la regeneración democrática constituyen el núcleo discursivo de formaciones como el Partido Socialista Obrero Español, SUMAR y Unidas Podemos, así como de otros espacios situados a su izquierda. Sin embargo, la distancia entre el plano declarativo y el comportamiento político efectivo ha generado una creciente percepción de incoherencia ética que merece un análisis crítico.

Uno de los ejes centrales de esa tensión es la gestión de la corrupción y la responsabilidad política. La izquierda ha hecho bandera de la regeneración institucional frente a los escándalos que afectaron históricamente a la derecha. No obstante, cuando los casos afectan a su propio espacio, la reacción tiende a ser más gradual, defensiva o contextualizada. La exigencia de dimisiones inmediatas se transforma en apelaciones a la presunción de inocencia, a la “cacería mediática” o a la necesidad de esperar resoluciones judiciales firmes. El principio no desaparece, pero se aplica con distinta intensidad según el sujeto implicado. Esta asimetría erosiona la credibilidad del discurso regenerador.

El feminismo institucional constituye otro ámbito paradigmático. La izquierda ha convertido la igualdad de género en uno de sus pilares normativos, impulsando reformas legislativas y ampliando marcos de protección. Sin embargo, determinadas controversias recientes han puesto de relieve contradicciones internas entre la proclamación de principios y la gestión política de sus consecuencias. La defensa cerrada de determinadas iniciativas legales, aun cuando han generado efectos controvertidos, ha sido acompañada en ocasiones de una negativa a asumir errores o revisar planteamientos. Cuando los principios se absolutizan y la autocrítica desaparece, el riesgo es que el compromiso ético se perciba como dogma ideológico.

En materia de libertad de expresión, la izquierda suele reivindicar una concepción expansiva de los derechos civiles. No obstante, en el debate cultural contemporáneo se observan dinámicas de señalamiento, exclusión simbólica o presión social hacia voces que discrepan del marco dominante en cuestiones identitarias o históricas. La frontera entre la crítica legítima y la estigmatización moral resulta difusa. Si la pluralidad es un valor democrático estructural, su defensa debería extenderse también a posiciones incómodas dentro del propio campo progresista.

La cuestión territorial y los pactos parlamentarios también han intensificado la percepción de doble rasero. La apelación al diálogo y a soluciones políticas flexibles frente a desafíos soberanistas ha sido defendida como una opción pragmática y orientada a la convivencia. Sin embargo, esa flexibilidad contrasta con la rigidez mostrada en otros debates institucionales cuando la negociación no resulta funcional a la estabilidad gubernamental. La ética pública, para ser coherente, debería operar con criterios generales y no depender de la aritmética coyuntural.

Este fenómeno no es exclusivo de la izquierda; la instrumentalización moral atraviesa todo el espectro político. Sin embargo, el impacto es mayor cuando quien incurre en contradicciones ha construido su identidad sobre la promesa explícita de una política moralmente superior. La disonancia entre discurso y práctica produce un efecto acumulativo de desconfianza, especialmente en un contexto de polarización y fatiga democrática.

Conviene subrayar que la izquierda española no es homogénea y que existen corrientes internas que reclaman mayor coherencia y autocrítica. Es por ello, el debate sobre la doble moral no debería plantearse como una descalificación global, sino como una invitación a revisar prácticas y a fortalecer estándares éticos universales. En una democracia madura, la autoridad moral no se sostiene en la retórica, sino en la aplicación consistente de los principios, incluso cuando resultan incómodos para el propio bloque.

Si la izquierda aspira a mantener su centralidad política y su legitimidad normativa, deberá asumir que la coherencia ética no admite excepciones estratégicas. La ética, en política, no puede ser un recurso selectivo; debe ser una regla estable que obligue por igual a aliados y adversarios.