Ana María Vera.- La política autonómica extremeña atraviesa un momento de incertidumbre inédito desde hace años. Tras las elecciones del 21 de diciembre de 2025, el Partido Popular (PP), con María Guardiola como candidata, se quedó a cuatro escaños de la mayoría absoluta, y ello ha obligado a buscar apoyos para formar gobierno. En teoría, una negociación entre fuerzas del mismo espacio político —como PP y Vox— debería encontrar terreno común. Sin embargo, lo que se está viviendo va más allá de un simple tira y afloja: Vox ha sembrado un bloqueo que amenaza la estabilidad institucional de la comunidad.

Vox ha elevado sus exigencias de manera constante. Exige, entre otras cosas, la reducción del número de diputados en la Asamblea y condiciones programáticas y de reparto de poderes que van más allá de lo razonable para una negociación responsable. Estas peticiones no se alinean con la urgencia de avanzar hacia un gobierno estable sino con una estrategia de “máximos” que complica cualquier acuerdo real.

Mientras tanto, la presidenta en funciones, María Guardiola, insiste públicamente en que las conversaciones “van muy bien” y hay predisposición para un pacto, aunque sin resultados concretos sobre la mesa. Esta ambigüedad no deja de ser una expresión de frustración: si las negociaciones fueran fluidas, ya habría nichos concretos de acuerdo.

Un bloqueo con costes institucionales

El bloqueo de Vox no es un juego retórico; tiene consecuencias prácticas. Sin el apoyo o la abstención de la formación de Santiago Abascal, no solo se bloquea la investidura de Guardiola, sino que también quedan en el aire asuntos esenciales como la aprobación de Presupuestos y la constitución de la Mesa de la Asamblea. Eso significa que la acción de gobierno se paraliza y que la región entra en un limbo de incertidumbre.

Es legítimo —y deseable— que un partido defienda su programa y su identidad. Es legítimo que plantee condiciones. Lo que deja de serlo es cuando esas condiciones se convierten en un instrumento de bloqueo que, al final, erosiona la capacidad de la política para funcionar como tal: negocia, cede y acuerda.

La insistencia de Vox en tensar las negociaciones juega, además, con la posibilidad de forzar una repetición electoral o una situación de interinidad prolongada. Esto puede beneficiar a Vox como fuerza política visible y confrontacional, pero perjudica la gobernabilidad de la región y prolonga un estado de inacción institucional que ningunea a los ciudadanos. En lugar de priorizar el interés general, Vox está maximizando su rédito político inmediato.

Muchas de las exigencias planteadas —como la reducción del número de diputados o el control de áreas clave como Agricultura, Industria y Educación— no responden a consensos amplios ni a necesidades urgentes de Extremadura, sino a líneas programáticas propias de Vox que no cuentan con un respaldo mayoritario claro. Insistir en ellas como condición sine qua non expresa más una estrategia de presión que un espíritu de pacto.

¿Bloqueo por responsabilidad o por estrategia?

Hay una diferencia sustancial entre defender un proyecto político y dificultar a toda costa que otros proyectos también funcionen por la vía institucional. El caso de las negociaciones en Extremadura expone esa tensión: mientras el PP busca fórmulas para garantizar estabilidad y evitar un periodo vacío de poder, Vox parece preferir condicionar la gobernabilidad a sus demandas estratégicas y programáticas, incluso si ello retrasa la formación de gobierno.

Si la prioridad real fuera la estabilidad y la gestión responsable, Vox debería facilitar la formación de gobierno con mayor flexibilidad. En su lugar, lo que estamos viendo es un juego de bloqueo que pone en riesgo la capacidad de la política para resolver conflictos por la vía del acuerdo. Y en democracia, eso no es una estrategia responsable: es un obstáculo para el bien común.