Juan María de Andrés.- En España, acceder a una vivienda digna ha pasado de ser una aspiración habitual a convertirse en una fantasía inaccesible para amplios sectores de la población. A pesar de las promesas repetidas, las actuaciones del Gobierno de Pedro Sánchez no solo no han resuelto el problema, sino que en muchos casos lo han agravado o postergado, dejando a millones de hogares sin respuesta real.

El Ejecutivo aprobó con gran fanfarria la Ley de Vivienda, diseñada para bajar los alquileres en zonas tensionadas y frenar la especulación. Sin embargo, la realidad del mercado es más cruda: los alquileres siguen subiendo a ritmos muy por encima de la inflación, y la oferta de vivienda en alquiler ha caído sistemáticamente, agravando aún más la escasez de casas disponibles para quienes no pueden comprar.

Esta política, que ataca a pequeños propietarios con controles y penalizaciones, ha generado inseguridad jurídica y retirada de viviendas del mercado, reduciendo la oferta precisamente donde más se necesita.

Promesas incumplidas y cifras que no cuadran

El Gobierno presume de haber multiplicado por ocho el presupuesto en vivienda, pero esas cifras macroeconómicas no se traducen en soluciones tangibles para las familias. Incluso partidos aliados como Sumar han rechazado su última propuesta de incentivos fiscales a propietarios por renovar contratos sin subir rentas, calificándola de “grave error” que regala dinero público a caseros sin garantizar realmente bajadas de precios o estabilidad a los inquilinos.

Y mientras Sánchez habla de planes ambiciosos, los datos del mercado muestran que solo se construyen una fracción de las casas necesarias: según estimaciones independientes, hacen falta 600.000 nuevas viviendas para cubrir la demanda básica, pero España apenas construye menos de 100.000 al año.

Críticos, economistas y expertos coinciden en un punto: las medidas gubernamentales son parches superficiales, no reformas estructurales.

El economista Santiago Niño Becerra señala que el verdadero problema del mercado español es la escasez de suelo edificable y la falta de un plan serio para aumentar la oferta de manera sostenible, algo que ninguna de las iniciativas recientes aborda de forma decida.

Añádase a esto que algunas medidas del Gobierno —como la regulación de alquileres o impuestos sobre compras por parte de no residentes— han generado confusión y rechazo político, dificultando aún más la implementación efectiva. Y mientras tanto, el mercado sigue empujando al alza los precios de compra y alquiler, perjudicando especialmente a jóvenes y hogares vulnerables.

La crítica política es unánime

No solo la oposición —como el Partido Popular— denuncia el “fracaso en materia de vivienda” del Gobierno y exige la derogación de leyes que consideran contraproducentes, sino que administraciones regionales y expertos del sector inmobiliario piden a gritos un pacto nacional de vivienda con visión a largo plazo y medidas que realmente aumenten la oferta y reduzcan precios.

Lo que comenzó como una ambiciosa promesa de justicia social en materia de vivienda se ha convertido, en la práctica, en un ejemplo claro de políticas mal calibradas y resultados mediocres. La crisis de vivienda en España —con alquileres disparados, oferta que se reduce y construcción insuficiente— no solo sigue sin resolverse, sino que amenaza con convertirse en el tema social que marcará la próxima década, si no se toman decisiones valientes y estructurales.