Antonio Naranjo.- El 2025 termina con la sensación de que Sánchez es más una enfermedad que un presidente, una especie de virus insurgente a todo tratamiento democrático que subsiste al margen de todo aquello que, para un auténtico demócrata, sería insalvable. Estos son algunos hechos al respecto:

Sánchez es un presidente ilegítimo, sin votos suficientes ni en las urnas ni en el Congreso, que se sirve de un pacto de investidura mafioso para conservar una Presidencia que solo puede ejercer para atender las exigencias de sus secuestradores y atacar a todos los poderes del Estado.

Sánchez ha convertido la Presidencia en un vulgar escudo personal para intentar esquivar las consecuencias legales, políticas, institucionales y económicas que su comportamiento y el de su entorno reclama.

La democracia española vive su peor momento desde 1978, por encima del golpe de Estado de 1981: el actual presidente encabeza una especie de autogolpe en el que, desde un poder que detenta ya ilegítimamente por carecer de mayoría parlamentaria, se enfrenta a los poderes del Estado e intenta anularlos.

España no tiene un problema con la ‘ultraderecha’, pero sí con la extrema izquierda y el separatismo: ambos defienden abiertamente la desaparición de la Constitución, de la cohesión nacional y de la igualdad entre españoles. Y encuentran en el PSOE, y particularmente en su secretario general, el insólito trampolín para lograrlo poco a poco.

España es el único país importante de Europa con un Gobierno con presencia de comunistas. Y el único de la historia cuyo presidente le debe el cargo a un condenado por pertenencia a una banda terrorista, a otro sentenciado por sedición y a uno más prófugo de la Justicia.

La prosperidad económica de España es mentira y solo se maquilla por el dopaje y la manipulación de las cifras, que unido a una presión fiscal asfixiante provoca una situación sin precedentes: coincide en el tiempo el mayor empobrecimiento de la sociedad española con la mayor recaudación histórica de un Gobierno.

El intervencionismo político ha alcanzado con Sánchez cotas impensables y en todos los órdenes: se desplaza la riqueza de la sociedad al poder, se interviene como nunca el mundo empresarial e institucional situando a militantes al frente de compañías estratégicas e instituciones y se regula como nunca, en nombre de causas aparentemente nobles, hasta el último rincón de la vida pública y privada.

El Gobierno ha apostado por una España asistencial que, en nombre de valores sociales, genera en realidad amplios sectores de dependientes a cambio de fidelizar su voto: el llamado «escudo social» es en realidad un mecanismo clientelar que incentiva el intercambio de subsidios por votos con la falsa idea de que todo el mundo puede vivir del Estado, cuando es el Estado quien vive de todo el mundo.

La inmigración masiva ilegal es un problema, aumenta la delincuencia, genera marginalidad, agota recursos públicos, incendia la convivencia y sí, estimula la xenofobia, especialmente en los barrios y ciudades más humildes, en los que sus vecinos ven al inmigrante llegado sin cometido ni objetivo como un competidor y una amenaza.

La corrupción no es un fenómeno nuevo ni privativo de un partido, pero con Sánchez ha alcanzado cotas inéditas al mezclar la económica con la institucional y con la familiar. Tampoco existen precedentes, en una democracia occidental, en la que ante ese panorama la respuesta haya sido desafiar a la justicia, los Cuerpos de Seguridad y la prensa crítica.

La ingeniería social no se ha limitado solo a la creación de dos Españas, una financiadora y otra asistida, sino al choque en todos los frentes posibles: jóvenes contra pensionistas, autónomos contra funcionarios, mujeres contra hombres, nacionales frente a inmigrantes, trabajadores contra parados, provida frente a abortistas y, cómo no, progresistas contra fascistas. Se trata de separar y enfrentar, al precio que sea, para intentar movilizar a la supuesta parte propia mientras se fabrica una caricatura grotesca de la ajena.

La agenda pública se circunscribe a causas que no dependen estrictamente de un país, son irresolubles o están hinchadas: guerras internacionales, auge del fascismo, cambio climático, ideología de género. Mientras, se orillan o estigmatizan debates que sí son necesarios como el mercado laboral, la presión fiscal, el impacto de la inmigración, el crecimiento desmedido del Estado, la vivienda o la seguridad.

España ha cambiado su lugar en el mundo y, pese a la propaganda oficial sobre la supuesta autoridad de Sánchez, la realidad es que estamos más cerca de Caracas y de Pekín que de Washington o Bruselas, con una misteriosa coincidencia entre ese volantazo geopolítico y el papel exacto del expresidente Zapatero.

Sánchez ha consagrado el principio de que todo aquello que le daña o molesta debe ser eliminado o desactivado, incluyendo a la Justicia, el Parlamento y los propios votantes e imponiendo, vía hechos consumados, la abolición de la alternancia democrática: su PSOE no puede pactar con el PP, el PP no puede hacerlo con VOX y él sí puede y debe hacerlo con cualquiera, incluido un terrorista. La conclusión es que sólo él puede gobernar.