El candidato del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo

Mayte Alcaraz.- En el PSOE extremeño a Miguel Ángel Gallardo Miranda (Villanueva de la Serena, Badajoz, 51 años) se le conoce por su fama de no hacer rehenes. Cuentan en su partido que el candidato a las próximas elecciones extremeñas se rige por una máxima: o se está con él o contra él. Es implacable; le llaman «el niño de la katana». Ahora contra él tiene a medio socialismo local. Sobre todo, desde que sus compañeros han tenido que tragar con una circunstancia inédita en democracia: su aspirante a presidir la Junta está procesado por corrupción en la causa judicial contra el hermano de Pedro Sánchez. En mayo próximo se sentará en el banquillo por prevaricación administrativa y tráfico de influencias, junto a otras diez personas, incluida David Azagra, y si los idus le fueran favorables lo tendría que hacer ya como presidente de Extremadura.

Lo que pasa es que esa opción está técnicamente descartada, teniendo en cuenta que las encuestas adelantan un desplome histórico para sus siglas en las elecciones adelantadas por la presidenta popular María Guardiola, en parte por la negativa de Vox a aprobar los presupuestos, en parte para causar los mayores estragos al PSOE, cuyo líder, Pedro Sánchez, ha mantenido a un candidato muerto políticamente como último tributo a su hermano, al que Gallardo enchufó cuando era presidente de la Diputación de Badajoz. Tras la dolorosa pérdida de Guillermo Fernández Vara, la anómala situación de su cabeza de cartel ha desmoralizado al partido hasta límites extremos. Y el adelanto electoral ha sido el último mazazo. Las encuestas sitúan al PP diez puntos por encima del PSOE, si bien Guardiola tendría que pactar con la formación de Abascal para gobernar.

Gallardo, alcalde de su localidad natal durante seis legislaturas, con mayoría absoluta todas, fue antes que político trabajador de una fábrica de tomates en Miajas. Diplomado en educación Social por la UNED, además de técnico especialista en Educación Infantil y Mantenimiento Electrónico, con 28 años dio el salto a la escena pública como alcalde, luego fue consejero del Ejecutivo de Vara, y finalmente presidente de la Diputación (2015-2025). Esa institución le sirvió de plataforma para encaramarse al liderazgo extremeño hace un año y medio, tras la retirada de Vara, con Guardiola ya en la presidencia y en una crisis sin precedentes para ese partido. Con la excepción de la legislatura 2011-2015, en la que gobernó el popular Monago, Extremadura había sido casi biológicamente de izquierdas, un auténtico régimen, con sus clientes bien regados, con su sector público perfectamente alimentado, con sus subvenciones y sus estómagos agradecidos y con su AVE-tortuga. Pero el voto antisanchista cambió esa dinámica y Gallardo quiere ahora corregir ese descalabro. Nada más lejos de la realidad.

En las primarias de 2024, el investigado solo obtuvo el respaldo del 56,23 por ciento de sus compañeros. Su falta de apoyos se agravó tras conocer su imputación por, según la juez del caso David Sánchez, haber creado para él un puesto adaptado «a sus exclusivas preferencias personales», puesto de trabajo al que, para más inri, no acudió el músico a pesar de que firmó un contrato en régimen de «plena dedicación». La Diputación pacense, con Gallardo al mando, colocó a David unos días antes del 22 de mayo de 2017, cuando el hoy presidente ganó las primarias del PSOE a Susana Díaz. Así que aquellos que defienden que cuando se nombra a Azagra su hermano pasa por sus peores momentos políticos, mienten. Acababa de recuperar la Secretaría General y el hoy aspirante supo orientarse para obtener el favor del jefe, con el que nunca se llevó bien. El propio Gallardo sostiene sin sonrojarse, aún hoy, que «no tuve alicientes para dar la plaza a su hermano».

De hecho, el entonces presidente de la Diputación permitió que Azagra fuera el único alto cargo de Badajoz al que asignaron de ayudante personal a un fontanero adscrito a la Unidad de Mensajes del Palacio de La Moncloa; Luis Carrero fue contratado después de que la jueza Beatriz Biedma imputara al hermano del presidente por delitos contra la Administración pública (tráfico de influencias y prevaricación), y contra la Hacienda Pública (malversación de caudales públicos). Además, como publicó El Debate, la Diputación concedió en secreto un contrato de 1,5 millones de euros para el programa Ópera Joven, la oficina musical del hermanísimo. Cuando este diario lo destapó, Gallardo decidió cancelar la inyección económica.

En la huida hacia delante del barón extremeño todavía tenía que producirse otro desaguisado. Poco antes de conocer su imputación y dejar la Diputación, Gallardo forzó cinco dimisiones de compañeros para que corriera la lista y lograr el privilegio del aforamiento como nuevo diputado autonómico. Con él, como con Sánchez, las cosas siempre pueden ir a peor: su desahogo le llevó días después de la maniobra a proponer acabar con los aforamientos -tras disfrutar del suyo, declarado ilegal por la justicia- y justificar que hacía todo eso «para no caer en la demagogia de dimitir». Y ahí sigue, sin dimitir, dejándose fotografiar con Sánchez, al que ha unido su destino, a pesar de haber criticado a Vara por su postura «seguidista», y procurando a su partido en Extremadura la mayor campaña de descrédito de su historia y una crisis de reputación colosal. Ahora, con el retraso de la vista de febrero a mayo, podrá invocar su condición de diputado, con el consiguiente aforamiento, para que su caso pase al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

Gallardo comparte ya soga al cuello con los hermanos Sánchez.